La diputada uruguaya de origen cubano Leydis Aguilera denunció que el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) está comercializando en divisas la leche en polvo enviada como ayuda humanitaria a la isla, un hecho que sale a la luz simultáneamente a la imposición de nuevas y severas sanciones por parte de Estados Unidos contra la cúpula militar cubana. La revelación expone de manera contundente cómo el régimen de La Habana se apropia de la solidaridad internacional para lucrarse en medio de la profunda crisis alimentaria que azota a la población.
Aguilera, quien asumió en marzo de 2026 como diputada suplente convirtiéndose en la primera parlamentaria de origen cubano en la cámara legislativa de Uruguay, detalló en declaraciones a medios independientes que las autoridades de la isla han desviado productos de la reconocida marca uruguaya Conaprole hacia las redes comerciales del sector militar. «El gobierno cubano, pese a la crisis humanitaria que está viviendo el país, se la está vendiendo a los cubanos en dólares. Es GAESA quien lo recibe y se la vende en dólares», afirmó la legisladora, quien además coordina la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Nacional.
La operación humanitaria, coordinada inicialmente entre Uruguay y México, contemplaba el envío de 20 toneladas de leche en polvo destinadas a aliviar la severa desnutrición y escasez en la isla. Sin embargo, la parlamentaria advirtió que no existe claridad sobre el destino final de la carga. La polémica se ha intensificado tras conocerse que el gobierno mexicano decidió mantener bajo reserva y clasificar como confidencial durante cinco años toda la información relacionada con la ayuda enviada a Cuba, una medida que ha generado profundas sospechas sobre la transparencia del proceso logístico y la complicidad de los gobiernos donantes.
En abril pasado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csusaki, confirmó a la prensa local que las 20 toneladas aún no habían arribado a territorio cubano, profundizando el misterio sobre el paradero de los insumos. Aguilera calificó la situación de «preocupante» y cuestionó duramente el manejo opaco de los recursos por parte del régimen cubano, señalando que «es todo bastante turbio y es algo que nosotros tenemos que denunciar y tenemos que seguir muy de cerca». La legisladora aseguró además que el ejecutivo uruguayo está al tanto de las operaciones de GAESA y del desvío de los productos.
El negocio de la dolarización y el hambre en Cuba
La denuncia cobra una dimensión aún más dramática al contextualizarse con la realidad económica de la isla. En Cuba, una bolsa de 25 kilogramos de leche en polvo Conaprole ha llegado a venderse en tiendas administradas por GAESA por un precio de aproximadamente 243 dólares. Esta cifra es completamente inalcanzable para la inmensa mayoría de los cubanos, quienes perciben sus salarios en pesos cubanos (CUP), una moneda que ha sufrido una devaluación acelerada y que ha perdido prácticamente todo su poder adquisitivo frente al dólar.
Esta práctica no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la política de dolarización parcial impulsada por las autoridades de la isla. Ante el colapso total de la economía estatal socialista, el gobierno cubano ha cedido el monopolio de la venta minorista de alimentos básicos, higiene y electrodomésticos a empresas controladas por las Fuerzas Armadas, obligando a la población a acceder a bienes esenciales únicamente mediante el pago en divisas. Esta arquitectura económica excluye de facto a los ciudadanos que no reciben remesas del exterior, sumiéndolos en una pobreza extrema y dependencia alimentaria.
Washington intensifica la ofensiva financiera contra la cúpula militar
La revelación sobre el desvío de la leche donada coincide con un duro golpe financiero dictado desde Washington. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), actualizó este jueves su lista de sanciones para incluir al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a la empresa Moa Nickel S.A. Las medidas fueron anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por la administración de Donald Trump el 1 de mayo pasado.
En un comunicado oficial, el Departamento de Estado describió a GAESA como una empresa paraguas controlada por los militares y «el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba». Washington sostiene que este conglomerado controla un estimado del 40 por ciento o más de la economía nacional, y que sus vastas operaciones comerciales están diseñadas exclusivamente para generar ingresos que no revierten en el bienestar del pueblo cubano, «sino solo para beneficio de sus élites corruptas».
Las acusaciones del gobierno estadounidense son contundentes. Según los datos proporcionados por Rubio, GAESA desvía miles de millones de dólares hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero mientras la población cubana sufre hambre, enfermedades y una falta crónica de inversión en infraestructura crítica, evidenciada en el colapso sistemático de la red eléctrica nacional. Estimaciones públicas recientes citadas por el Departamento de Estado indican que los ingresos de GAESA probablemente superan en más de tres veces el presupuesto estatal oficial, y que el conglomerado militar podría llegar a controlar hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos.
Contexto: El monopolio militar en el colapso estructural
El desvío de la ayuda humanitaria uruguaya y mexicana ilustra perfectamente la naturaleza del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. Desde los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética, el régimen reestructuró su aparato productivo para permitir la infiltración del capital militar en el sector turístico y comercial. Lo que comenzó como una necesidad para captar divisas durante el Período Especial, se consolidó bajo el mandato de Raúl Castro en un monopolio absoluto, donde el sector empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA) devoró la economía nacional, desplazando a las empresas civiles estatales y asfixiando al incipiente sector privado.
Hoy, la crisis estructural de la isla es insostenible. La inflación galopante, la escasez crónica de medicamentos y alimentos, los apagones diarios de hasta 20 horas en algunas provincias y el colapso del sistema de salud pública han provocado el mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba, con más de un millón de personas huyendo de la isla en los últimos años. Mientras la población se vacía y el país se detiene, GAESA reporta ganancias multimillonarias, operando como un Estado paralelo que no rinde cuentas ante ninguna institución civil, evidenciando la desconexión total entre el poder y la ciudadanía.
Antecedentes de opacidad y represión
La apropiación de donativos no es una práctica nueva para el régimen de La Habana. Durante la pandemia de COVID-19 y tras el paso de huracanes devastadores, diversas organizaciones de la sociedad civil y exiliados denunciaron que toneladas de ayuda humanitaria enviada desde Europa y América Latina fueron confiscadas por el Estado y posteriormente vendidas en las tiendas recaudadoras de divisas. La dictadura cubana ha instrumentalizado la pobreza como una herramienta de control político, negando el acceso a alimentos subsidiados a quienes no asisten a actos del partido o mantienen un perfil crítico frente al gobierno.
La decisión del gobierno mexicano de clasificar la información sobre la donación de las 20 toneladas de leche levanta serias interrogantes sobre la diplomacia de la región hacia Cuba. Durante años, naciones latinoamericanas han preferido mantener una política de «no injerencia» que, en la práctica, se ha traducido en complicidad o ceguera voluntaria ante los mecanismos de represión y saqueo del régimen. La denuncia de la diputada Leydis Aguilera rompe ese silencio institucional, obligando a los parlamentos y cancillerías de la región a responder por el destino final de los recursos destinados a los más vulnerables.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La ampliación de las sanciones estadounidenses contra GAESA y sus directivos busca asfixiar financieramente al núcleo del poder en Cuba. Al bloquear a Moa Nickel S.A., Washington ataca una de las principales fuentes de ingresos por exportación de la isla, enviando una señal clara a los inversores extranjeros de que cualquier vínculo comercial con el aparato militar cubano conlleva un riesgo legal y financiero inasumible. Sin embargo, el reto de la comunidad internacional sigue siendo cómo canalizar la ayuda humanitaria sin que esta sea secuestrada por la maquinaria de lucro de las Fuerzas Armadas.
Para la ciudadanía, el impacto inmediato es el agravamiento de la inseguridad alimentaria. Mientras los productos donados se vendan a precios de oro en tiendas exclusivas, los niños, ancianos y enfermos en Cuba seguirán privados de un derecho básico como la nutrición. La denuncia parlamentaria en Uruguay marca un punto de inflexión necesario: la solidaridad internacional no puede seguir siendo el combustible de un sistema cleptocrático. Exigir mecanismos de auditoría independiente y distribución directa a la sociedad civil se vuelve imperativo para evitar que la ayuda externa continúe financiando a la dictadura que oprime y empobrece a los cubanos.
