Las autoridades de la isla desataron un operativo este fin de semana para hostigar, sitiar y detener a destacados activistas, opositores y periodistas independientes. Entre los arrestados figuran el joven Yoan de la Cruz, conocido por su rol en las protestas del 11 de julio de 2021, así como los líderes de la disidencia Berta Soler y Ángel Moya, en medio de un endurecimiento del control social.
El accionar de la dictadura se materializó con el registro y posterior arresto de Yoan de la Cruz en San Antonio de los Baños. El activista, quien transmitió en vivo el estallido social de 2021 y había sido excarcelado en 2022 bajo condicionamientos, fue llevado bajo custodia policial, según confirmó el activista Adelth Bonne. Esta acción forma parte de un dispositivo más amplio que también ha mantenido sitiada a la reportera de Cubanet, Camila Acosta, quien denunció el asedio policial frente a su vivienda por tercera vez en una semana, impidiendo su libre movilidad.
Acoso a la solidaridad ciudadana y arrestos de figuras históricas
La represión no se limitó a las detenciones. La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, permanece incomunicada en su domicilio de La Habana bajo estricta vigilancia. Según reportó el periodista independiente José Luis Tan Estrada, el cerco se intensificó justo cuando la activista anunció su intención de repartir alimentos a madres en situación de calle, un hecho que evidencia la criminalización de la ayuda humanitaria. En la misma jornada, el régimen de La Habana procedió a detener a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y al ex preso político Ángel Moya, mientras se mantenía sitiada a la activista María Cristina Labrada.
Este escalamiento represivo ocurre en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre La Habana y Washington, exacerbado por la retórica gubernamental sobre una supuesta intervención militar estadounidense. El gobierno cubano ha instrumentalizado este escenario para amedrentar a la disidencia interna. Prueba de ello son las amenazas de muerte contra presos políticos, como Roilán Álvarez Rensoler, recluido en la prisión de El Yayal en Holguín, a quien se le advirtió que sería \»fusilado\» en caso de una intervención extranjera. Situación similar denunció Alieski Calderín Acosta en la prisión Kilo 8 de Camagüey, amenazado de muerte por las autoridades penitenciarias ante un eventual cambio de administración en Estados Unidos.
El incremento de las amenazas a los reos de conciencia y la vigilancia exhaustiva sobre la sociedad civil evidencian la profundización de la crisis de derechos humanos en la isla. Ante el colapso estructural y la asfixia de las libertades fundamentales, la dictadura opta por el miedo y la intimidación como mecanismos de contención social, una dinámica que exigirá una respuesta firme y articulada por parte de la comunidad internacional para evitar que las vulneraciones sistemáticas queden en la impunidad.
