Más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de México, Estados Unidos y Venezuela han arribado a la isla este año para paliar la profunda crisis alimentaria, pero residentes en Santiago de Cuba denuncian un reparto desigual, productos de pésima calidad y el desvío de donaciones hacia el comercio en divisas controlado por las Fuerzas Armadas.
El flujo de donaciones, que incluye miles de toneladas de arroz, frijoles, leche en polvo y kits de higiene, ha chocado con la falta de transparencia característica del régimen de La Habana. Reportes periodísticos, como el emitido por TV Azteca, han evidenciado que alimentos donados gratuitamente, como el llamado \»frijol del bienestar\», terminaron siendo vendidos en tiendas en divisas administradas por GAESA, el conglomerado empresarial militar. Esta práctica demuestra cómo las autoridades de la isla instrumentalizan la solidaridad internacional para lucrar en un mercado dolarizado mientras la población enfrenta una escasez extrema.
En el caso específico de Santiago de Cuba, una de las provincias más castigadas por la crisis y los desastres naturales, la distribución comenzó a mediados de marzo bajo la gestión de la Empresa Provincial de Productos Lácteos. Aunque el gobierno cubano anunció la entrega de leche en polvo para niños, embarazadas y pacientes crónicos, los testimonios de los afectados contradicen la versión oficial. Mientras los menores de un año recibieron un paquete de leche entera, a los niños de dos a seis años se les asignó una leche descremada de mala calidad, con sabor metálico, difícil de disolver y que provocó cuadros de diarrea en varios infantes.
Reparto insuficiente y falta de trazabilidad
Las quejas se replican en barrios periféricos y municipios como Songo La Maya, donde los residentes aseguran que las entregas se limitaron a tres libras de arroz y un litro de aceite para menores de cuatro años. \»Con tantas donaciones que han entrado, aquí dieron arroz y aceite para niños de cero a cuatro. Incluso la leche malísima para los de cero a uno. Más nada\», relató una residente a medios independientes. El contraste es evidente frente a la propaganda oficial del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), que omite la ausencia de confituras y enlatados que sí llegaron a la región occidental. Esta opacidad es una muestra más del control arbitrario que ejerce la dictadura cubana sobre los recursos, impidiendo cualquier mecanismo de auditoría independiente que garantice que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
Este escándalo de distribución no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso estructural del modelo económico cubano. La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar la seguridad alimentaria, sumada a una inflación galopante y el desabastecimiento crónico, ha obligado a la población a depender de la caridad internacional. Sin embargo, el régimen utiliza su aparato burocrático para monopolizar la recepción de estos insumos, desviándolos hacia sectores lucrativos o utilizándolos como herramienta de control social y recompensa política.
De cara al futuro, la persistencia de estos desvíos amenaza con socavar la voluntad de la comunidad internacional y de las diásporas que financian estas donaciones. Organizaciones como Cáritas Cuba y el Programa Mundial de Alimentos se enfrentan al reto de exigir mecanismos de trazabilidad estrictos. Mientras la dictadura cubana no permita la supervisión independiente de la ayuda humanitaria, miles de ciudadanos vulnerables seguirán siendo víctimas de un sistema que prioriza la supervivencia del aparato estatal y militar por encima del bienestar de su propia población.
