La crisis estructural de desabastecimiento en las farmacias cubanas está poniendo en riesgo inminente la vida de miles de pacientes con enfermedades crónicas. Ante la imposibilidad de acceder a los tratamientos prescritos a través del sistema estatal de salud, jubilados en provincias como Villa Clara se ven forzados a adquirir fármacos en el mercado negro, pagando precios que superan ampliamente sus magras pensiones y exponiéndose a graves riesgos médicos por la discontinuidad de sus tratamientos.
En el reparto Condado de Santa Clara, la escasez de medicamentos básicos como el enalapril o la hidroclorotiazida se ha convertido en una crisis letal para la tercera edad. Josefa Martínez, diagnosticada con hipertensión, hipotiroidismo y diabetes, lleva tres meses sin lograr completar su receta en la farmacia de su consultorio. La falta de stock obliga a los pacientes a sustituir sus tratamientos por sucedáneos sin supervisión médica adecuada, lo que provoca efectos secundarios severos como fuertes cefaleas. \»Para no morir, he tenido que comprarlos por la calle\», relata la anciana, detallando que el costo de sus pastillas en el mercado informal supera los 3.500 pesos, una cifra inalcanzable para su pensión.
La situación que padecen estos residentes es un reflejo del fracaso del régimen de La Habana para garantizar uno de los derechos más básicos. Aunque la escasez de fármacos se hizo evidente a mediados de la década pasada y se agravó durante la pandemia, lo que comenzó como una crisis transitoria se ha consolidado como una deficiencia estructural. Según el último reporte disponible de BioCubaFarma, la entidad estatal encargada de la producción farmacéutica, al cierre de enero de 2025 faltaban 255 de los 395 medicamentos del cuadro básico, lo que representa un déficit superior al 60% para los tratamientos ambulatorios.
Una salud pública al borde del colapso
Juan de Jesús, un jubilado de 69 años, ilustra la desesperación ciudadana frente a la ineficacia burocrática. Tras cuatro meses sin acceso al amlodipino, la última vez que el fármaco llegó a su farmaca solo recibió dos blísteres de 10 unidades, insuficientes incluso para cubrir el mes en curso y sin derecho a reclamar los atrasos pendientes. Con una pensión que no supera los 4.000 pesos, adquirir sus medicinas en el mercado negro le dejaría apenas 200 pesos para subsistir. Por ello, el anciano solo toma sus pasticas cuando entran al sistema estatal, recurriendo a remedios caseros para mitigar los síntomas de la tensión alta.
El abandono de los pacientes crónicos no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis económica que atraviesa la isla, marcada por una inflación galopante, la caída de las importaciones y la incapacidad del gobierno cubano para gestionar los recursos sanitarios. Un médico del Hospital Provincial de Villa Clara, bajo condición de anonimato por temor a represalias, advierte que la discontinuidad en el consumo de fármacos antihipertensivos es \»extremadamente peligrosa\» y puede desencadenar complicaciones cardiovasculares fatales. La represión y la censura impiden que los profesionales de la salud denuncien abiertamente este deterioro, mientras la población asume los costos de un sistema que, pese a ser propagandizado como un logro indiscutible, ha colapsado en la práctica.
El escenario actual augura un incremento en la mortalidad por enfermedades crónicas no tratadas adecuadamente, así como una mayor presión sobre un sistema hospitalario ya saturado y carente de recursos. Mientras la dictadura cubana mantiene su discurso de invulnerabilidad sanitaria ante la comunidad internacional, la realidad de las calles demuestra que la salud de los ciudadanos está a merced del mercado informal. La falta de voluntad política para implementar reformas estructurales o permitir la libre importación de medicamentos sigue condenando a los sectores más vulnerables, obligándolos a elegir entre comer o intentar sobrevivir.
