Un estudio reciente divulgado por el Cuba Study Group revela que el gobierno cubano restringe deliberadamente la expansión de las mipymes en la isla. Pese a representar ya el 30% del empleo tras la creación de más de 10.000 empresas en dos años, el ejecutivo cubano mantiene un control asfixiante y una hostilidad ideológica que frena el desarrollo económico en medio de la peor crisis de las últimas décadas.
El análisis, titulado \»Sector privado en Cuba: ¿Válvula de escape o motor de desarrollo?\», expone cómo la falta de compromiso estatal con la libre empresa ha generado un clima de profunda incertidumbre. Su autor, el investigador Ricardo Torres Pérez, profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, señala que la economía nacional está ahogada y la demanda interna se ha contraído drásticamente. La mayoría de la población se ve obligada a destinar sus escasos recursos a productos de primera necesidad, eliminando cualquier capacidad de consumo para otros bienes y servicios en un mercado marcado por la desigualdad de ingresos.
Para el experto, el empresariado independiente es percibido por las autoridades de la isla como una amenaza más que como un aliado para el progreso. El régimen de La Habana aplica un esquema impredecible de hostigamiento que incluye inspecciones arbitrarias, redadas, topes de precios y ajustes tributarios constantes. Esta política de controles permanentes actúa como un techo de cristal que impide la consolidación de los negocios no estatales, reduciendo su función a una simple válvula de escape para la supervivencia ciudadana, sin priorizar el real crecimiento de la economía nacional.
Privilegios para la cúpula, asfixia para los emprendedores
Aunque el estudio sostiene que la gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no tienen vínculos directos con el poder, investigaciones de medios independientes han documentado excepciones que revelan la hipocresía del sistema. Familiares de altos dirigentes, como Lisa Titolo, nieta de Raúl Castro, operan negocios prósperos que incluyen tiendas en línea y fábricas de cárnicos y materiales de construcción. Del mismo modo, empresas como Media Luna en Ciego de Ávila, que evolucionaron de entidades estatales a mipymes, operan bajo protección oficial y utilizan sus plataformas para difundir propaganda del oficialismo.
Esta dinámica de restricción generalizada y privilegios selectivos se inserta en la crisis estructural que atraviesa la isla, marcada por una inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes. La dictadura cubana teme que otorgar plena libertad al sector privado evidencie el fracaso del modelo estatal y acelere su pérdida de control político sobre la sociedad. Mientras el gobierno cubano mantenga secuestrada la actividad económica bajo premisas ideológicas, las posibilidades de recuperación para la ciudadanía se diluyen, condenando al país a un estancamiento prolongado y a una dependencia cada vez mayor del exterior.
