La decisión del régimen de La Habana en 1986 de eliminar las reformas de mercado y retornar a la planificación centralizada, en contraste con la apertura vietnamita, marcó el inicio del declive estructural que hoy mantiene a Cuba sumida en la crisis. Al rechazar las palancas del mercado por convicción ideológica, las autoridades de la isla abortaron un desarrollo económico viable que países como Vietnam sí supieron capitalizar.
A mediados de la década de 1970, tras más de una década en el poder, el gobierno cubano intentó institucionalizar la economía al estilo soviético mediante la adopción del sistema de Cálculo Económico. Durante esta etapa, se reconoció la vigencia de la Ley del Valor en el socialismo, se permitieron relaciones monetario-mercantiles entre empresas y se autorizaron los mercados libres campesinos. Además, la isla ingresó al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), beneficiándose de precios preferenciales para el azúcar y combustible subsidiado por la Unión Soviética. Este periodo implicó un apartamiento temporal de las ideas radicales del Che Guevara, cuyo Sistema de Financiamiento Presupuestario fue tachado en aquel entonces de \»exceso de idealismo\».
Sin embargo, hacia 1986, el modelo mostraba signos de agotamiento justo cuando soplaban los aires de la Perestroika impulsada por Mijaíl Gorbachov desde Moscú. En lugar de profundizar los mecanismos de mercado —como hizo Vietnam con su exitosa política de Doi Moi—, la dictadura cubana proclamó la denominada \»Política de Eliminación de Errores y Tendencias Negativas\». Esta medida suprimió los mercados campesinos, eliminó los estímulos materiales y reinstauró la planificación centralizada. El viraje no respondió a una crisis coyuntural, sino a la genuina vocación antimercado del castrismo, que priorizó el control político absoluto sobre el desarrollo económico, retomando el legado guevarista como doctrina obligatoria.
El costo del control ideológico y la crisis estructural
Esta renuncia voluntaria a la apertura económica condenó al país a un modelo inviable. Mientras Vietnam transformaba su agricultura e industria mediante la descentralización y la integración al mercado global, el ejecutivo cubano consolidaba un aparato burocrático asfixiante. La historia ha demostrado que cada vez que el régimen ha tenido que recurrir a medidas de mercado —como ocurrió durante el Periodo Especial de los años 90—, lo ha hecho bajo la presión de la emergencia y no por convicción reformista. Esta resistencia estructural al libre mercado es la raíz directa del actual colapso de los servicios públicos, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y el masivo éxodo migratorio que sufre la ciudadanía.
La divergencia entre La Habana y Hanói sigue siendo una lección histórica sobre el costo de priorizar la hegemonía ideológica sobre el bienestar material. Las consecuencias de aquel giro de 1986 se traducen hoy en una población empobrecida y dependiente de las remesas, mientras el régimen se aferra a un sistema centralizado que ha demostrado su fracaso rotundo. La falta de voluntad para implementar reformas profundas y democratizantes augura un futuro de mayor precariedad, donde la única salida para los cubanos continúa siendo el abandono de la isla ante la inoperancia de un modelo que se negó sistemáticamente a evolucionar.
