El gobierno cubano incrementó en casi un 95% el precio de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), elevando el costo de la popular \»balita\» a 350 pesos cubanos, mientras anuncia la venta de este combustible en dólares estadounidenses. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, profundiza la crisis de acceso a servicios básicos para la población y consolida un sistema de apartheid comercial financiado por las remesas.
Según las resoluciones 155 y 156 emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios, la tarifa del gas manufacturado también sufrió un alza drástica, pasando de 2,50 a 4,97 pesos por metro cúbico, un incremento del 98,8%. Las disposiciones, firmadas por el titular Vladimir Regueiro Ale, justifican este encarecimiento en la escasez de combustibles y el sostenido incremento de los costos de importación. Sin embargo, las autoridades de la isla volvieron a recurrir a la retórica del \»cerco energético\» y el embargo estadounidense como pretexto para una ineficiencia estructural que ha colapsado el sector energético nacional.
Para paliar la falta de divisas que asfixia al Estado, el ejecutivo cubano detalló un plan escalonado para comercializar cilindros de 10 kilogramos de GLP en dólares estadounidenses, operado por la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). Aunque el comunicado oficial omitió el precio en divisas, la fecha de inicio y los territorios afectados, la estrategia evidencia la creación de circuitos comerciales diferenciados. Mientras la población dependiente del peso cubano sufre las limitaciones de suministro, quienes posean moneda extranjera tendrán acceso privilegiado al combustible, profundizando la desigualdad social en medio de la inflación.
Impacto en un sistema energético colapsado
El régimen de La Habana reconoció que la disponibilidad de combustible no alcanza para cubrir la demanda de los más de 1,7 millones de clientes de GLP y los 280.000 usuarios de gas manufacturado en La Habana. Esta nueva carga financiera impuesta a los ciudadanos ocurre en un contexto de hiperinflación, apagones sistemáticos y un deterioro salarial que impide a la mayoría de las familias cubanas acceder a productos básicos. La dictadura cubana, al transferir el costo de su ineficiencia administrativa a la población, obliga a los hogares a sacrificar parte de su ya mermada canasta básica para poder cocinar, mientras el éxodo migratorio continúa como única vía de escape ante la precariedad.
La dolarización encubierta de servicios públicos esenciales como el gas doméstico marca un punto de no retorno en la política económica del país. Al forzar a la ciudadanía a depender del mercado negro o de remesas para garantizar su supervivencia cotidiana, el gobierno cubano no solo profundiza la fractura social, sino que evidencia su incapacidad para sostener un modelo que ha fracasado. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán prestar atención a cómo estas medidas de corte discriminatorio agravan las condiciones de vida en la isla y alimentan la inestabilidad social a corto plazo.
