El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la clausura total o parcial de 65 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tras una auditoría estatal, en medio del denominado programa gubernamental para \»corregir distorsiones\» de la economía nacional.
De las 869 entidades evaluadas en este proceso, el ejecutivo cubano reportó que el 87 % presentaba pérdidas, atribuyendo esta situación a supuestas deficiencias contables, fallas de gestión y omisiones en el registro de ingresos. Las autoridades de la isla justificaron la medida como un paso indispensable para reforzar los mecanismos de control sobre el sector no estatal, aunque la acción recae directamente sobre los pocos actores que han logrado mantener cierto dinamismo frente a la profunda recesión que sufre el país.
Las cifras presentadas ante la Asamblea Nacional exponen una clara asimetría en la política económica impulsada por el gobierno cubano. Mientras se aplican sanciones y cierres al sector privado, en el último año se crearon 77 nuevas mipymes estatales, elevando este segmento a un total de 330 empresas. En contraste, la isla cuenta con 11.866 mipymes privadas y 73 cooperativas no agropecuarias, sectores que operan bajo un escrutinio constante y un marco regulatorio cada vez más restrictivo.
Recentralización económica en medio de la crisis estructural
El anuncio de estas clausuras se produce en un escenario que el propio régimen reconoce como \»económicamente complejo\». Cuba atraviesa una severa crisis energética, restricciones críticas de divisas y problemas estructurales de producción que han generado afectaciones calculadas en 7.100 millones de dólares. No obstante, las autoridades continúan externalizando la responsabilidad de este colapso y culpando a la ineficiencia de los actores económicos privados, omitiendo el peso fundamental del modelo centralizado y planificado en el fracaso productivo.
Más allá del discurso oficial sobre el \»ordenamiento\» de la economía, la dictadura cubana avanza en una estrategia sistemática de recentralización que ahoga cualquier atisbo de autonomía empresarial. El cierre de estas mipymes no solo profundiza la incertidumbre de miles de trabajadores que ya enfrentan la inflación galopante y la escasez de básicos, sino que evidencia la falta de voluntad política para abrir espacios de libertad económica, consolidando un sistema donde el Estado monopoliza los recursos y reprime cualquier alternativa de prosperidad independiente.
