El gobierno de Estados Unidos incluyó al Ministerio de Turismo (MINTUR) y a otras nueve entidades estatales en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), busca asfixiar financieramente las estructuras económicas, militares y represivas que sostienen a la dictadura cubana.
La actualización emitida por el Departamento del Tesoro afecta directamente a conglomerados clave para la economía de la isla. Entre los sancionados figuran el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), fundamentales para las importaciones y operaciones portuarias. También fueron designadas las empresas Coreydan S.A. y Enetec S.A., dedicadas al comercio de combustibles, así como la Corporación Antillana Exportadora S.A. (ANTEX), vinculada al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el holding militar que controla los sectores más rentables del país. Completan la lista el Grupo Caudal y el propio MINTUR, áreas estratégicas que el régimen de La Habana utiliza para captar divisas y mantener su maquinaria de poder.
En el ámbito de la seguridad y el control social, la medida alcanzó a organizaciones emblemáticas de la represión en la isla. Las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) fueron incluidas en la lista SDN. Estas estructuras han sido instrumentos de la dictadura para ejecutar actos de repudio, hostigamiento y agresiones sistemáticas contra opositores, activistas y manifestantes pacíficos, consolidando el aparato de vigilancia estatal que sofoca cualquier intento de disidencia.
Impacto y contexto de la medida coercitiva
La inclusión en la lista SDN implica el congelamiento inmediato de cualquier activo de estas entidades bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones a ciudadanos y empresas de ese país. Además, la restricción se extiende a subsidiarias controladas en un 50 % o más por las organizaciones sancionadas. Esta acción se ampara en la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo de 2026, la cual amplía la capacidad de Washington para penalizar a actores extranjeros que operen en sectores estratégicos de Cuba o participen en graves violaciones de derechos humanos. Esta política de presión financiera se suma a sanciones previas contra GAESA, los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior, e incluso contra la cúpula dirigente encabezada por Miguel Díaz-Canel.
El endurecimiento del cerco económico sobre las autoridades de la isla llega en un momento de profunda crisis estructural. Con una inflación galopante, un desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes, el ejecutivo cubano ve limitadas aún más sus vías de financiamiento externo. Para la ciudadanía, el impacto de estas medidas recae sobre un aparato estatal que prioriza el control y la represión sobre el bienestar social, mientras la comunidad internacional observa cómo las estructuras del poder en La Habana quedan cada vez más aisladas del sistema financiero global.
