Estados Unidos ha autorizado la importación de aproximadamente 30.000 barriles de combustible hacia empresas privadas cubanas en lo que va de año, una medida diseñada para fortalecer a los actores económicos no afiliados al Estado. Sin embargo, investigaciones revelan que varias de las empresas beneficiadas mantienen vínculos directos con conglomerados militares y figuras cercanas al poder, lo que cuestiona el alcance real de la apertura.
Según un reportaje de Reuters, el sector privado cubano ha comenzado a recibir combustible procedente de Estados Unidos en medio de la severa crisis energética que atraviesa la isla. Los envíos, aunque aún limitados frente a la demanda nacional —que históricamente requería unos 100.000 barriles diarios—, muestran un incremento progresivo semana tras semana. La mayoría de las importaciones corresponde a diésel, transportado en tanques especializados a través de buques portacontenedores que operan rutas entre puertos cubanos y puntos de Estados Unidos, Europa y el Caribe, con un volumen significativo partiendo desde Florida y descargando en el puerto del Mariel.
La política estadounidense, según declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio citadas por la agencia, busca colocar en una posición ventajosa a los cubanos no afiliados al aparato estatal ni militar. Washington mantiene lo que Reuters describe como un \»bloqueo petrolero de facto\» dirigido al gobierno cubano, al tiempo que permite excepciones para el sector privado. El esquema funciona bajo condiciones estrictas: el combustible no puede ser revendido ni transferido al sector estatal, y su uso debe limitarse exclusivamente a las empresas importadoras. Cualquier desvío podría provocar la cancelación de las licencias.
Empresas con vínculos al poder se benefician de la apertura
Sin embargo, una investigación de CubaNet sugiere que, en la práctica, la apertura al sector privado podría estar lejos de significar un cambio real en la estructura de control del combustible en la isla. Tras revisar el listado de empresas autorizadas, el medio identificó que varias de las beneficiadas mantienen vínculos directos con el Estado, conglomerados militares o figuras cercanas al poder. El grupo empresarial GAESA no habría perdido su dominio, sino que estaría reconfigurando su presencia mediante empresas satélite o estructuras que operan bajo una fachada privada.
Entre las compañías con licencias aparecen firmas como Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital, pertenecientes al Ministerio de Educación, así como negocios previamente investigados por sus conexiones con el aparato estatal, como Agroindustrial Media Luna y Cambute S.R.L., esta última vinculada a estructuras asociadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior. El caso más significativo es el del Proyecto de Desarrollo Local Gaia, propiedad de Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro, que ya cuenta con contratos para la importación de combustible con entidades estatales como CUPET y la Agencia Importadora Caribe. Estos hallazgos apuntan a que el acceso a licencias y recursos estratégicos continúa concentrado en actores con cercanía al régimen.
Una crisis energética que el régimen no logra resolver
El contexto en el que se inscribe esta medida es el de un colapso energético profundo y prolongado. Las autoridades de la isla han reconocido la falta de suministros energéticos en los últimos meses, en medio de apagones extensos que afectan tanto a la población civil como a las actividades productivas. El régimen de La Habana, sin embargo, no ha hecho referencia directa a los nuevos flujos de combustible hacia el sector privado, en un silencio que refleja la incomodidad de un sistema que durante décadas monopolizó la distribución de recursos estratégicos y ahora ve cómo una parte de ese control se escapa hacia actores no estatales —o hacia una élite que se reconfigura para seguir captando beneficios.
El combustible está llegando de forma gradual a empresas que habían visto paralizadas sus operaciones por la escasez, y algunas han logrado reactivar servicios de distribución y comercio, según fuentes citadas por Reuters. No obstante, el volumen total representa una fracción mínima frente a las necesidades del país. Las implicaciones de esta política son dobles: por un lado, evidencian el fracaso del modelo estatal centralizado para garantizar el abastecimiento energético básico; por otro, plantean interrogantes serias sobre la capacidad real de Washington para garantizar que sus excepciones beneficien genuinamente al sector privado independiente y no terminen alimentando a las mismas estructuras de poder que la política pretende debilitar. Para la ciudadanía común, que sigue soportando apagones y colapsos en el transporte, estos envíos quedan lejos de representar un alivio tangible.
