La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció una nueva normativa que limita drásticamente las recargas en moneda nacional a 360 pesos cubanos (CUP) por mes, mientras impulsa sin restricciones la venta de planes en dólares estadounidenses. La medida profundiza la dependencia de las remesas extranjeras para acceder a un servicio básico y reaviva el debate sobre la dolarización forzada de la economía nacional.
El régimen de La Habana, a través de su monopolio telefónico, ha establecido un techo asfixiante para los usuarios de servicios prepago en la isla. A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, los cubanos solo podrán recargar saldo en CUP hasta un máximo de 360 pesos cada 30 días. Esta disposición representa un vuelco radical respecto a la política anterior, que permitía a los clientes abonar saldo en moneda nacional sin restricciones temporales, siempre y cuando dispusieran de los fondos necesarios. Aunque la empresa estatal ha asegurado que los saldos acumulados previamente no serán congelados, la nueva directiva ahoga la capacidad de comunicación de quienes dependen exclusivamente del peso cubano.
En contraste con el estrangulamiento del peso cubano, el gobierno cubano ha desplegado una agresiva campaña de promoción para sus planes tarifarios en divisas. Estos paquetes, que incluyen datos móviles, mensajes de texto y llamadas, deben ser adquiridos obligatoriamente en dólares estadounidenses, ya sea mediante tarjetas bancarias internacionales o a través del Monedero MiTransfer, una plataforma digital que opera exclusivamente con depósitos en moneda extranjera. A diferencia de las recargas en CUP, la adquisición de estos planes en USD no presenta límite de monto ni de frecuencia, incentivando de facto el uso del dólar y la dependencia de las remesas enviadas por la diáspora.
La narrativa oficial frente a la realidad de los usuarios
Durante una conferencia de prensa, la vicepresidenta comercial de ETECSA, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, presentó la medida bajo el eufemismo de una «actualización de ofertas comerciales». La funcionaria aseguró que se «mejoran las ofertas actuales de los planes que contienen datos, garantizando más recursos por menos precio». Entre las supuestas ventajas anunciadas se encuentra la posibilidad de utilizar los datos indistintamente en redes 3G y 4G, así como el mantenimiento de 300 MB de navegación nacional incluidos en cada plan. Sin embargo, esta narrativa omite por completo que el «menor precio» solo es accesible para quienes poseen divisas, excluyendo a la inmensa mayoría de la población que percibe sus ingresos en CUP.
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El anuncio ha desatado una ola de indignación dentro y fuera de la isla. El periodista cubano exiliado Mario Pentón calificó la estrategia como una evidencia del «desespero en busca de dólares» por parte del régimen de La Habana. En sus redes sociales, Pentón denunció que las autoridades «tratan a la gente como verdaderos esclavos que pueden saquear sin ningún remordimiento o explicación». Esta percepción es compartida por miles de internautas que han evidenciado cómo el costo de un «plan extra» en dólares supera ampliamente el salario mínimo estatal vigente en Cuba, una cantidad insuficiente siquiera para cubrir la canasta básica de alimentos en el mercado informal.
Las quejas de los ciudadanos reflejan una fractura social cada vez más profunda. Comentarios recurrentes como «el que no tenga familia en el extranjero, ¿qué hace?» o «otra más que perjudica a la población» ilustran el sentimiento de abandono de aquellos que no tienen vínculos con la emigración. Para estos sectores, mantener una línea telefónica activa para comunicaciones básicas o emergencias se convierte en un lujo inalcanzable. La medida consolida un sistema de apartheid financiero, donde el acceso a la conectividad, un derecho reconocido internacionalmente, queda supeditado a la capacidad de captar divisas del exterior.
Curiosamente, la indignación ha permeado incluso los espacios de comunicación controlados por el Estado. Medios oficialistas y comunicadores afines al gobierno, como el periodista Lázaro Manuel Alonso, intentaron maquillar la noticia omitiendo las restricciones impuestas al peso cubano y enfocándose únicamente en las supuestas «mejoras» de los planes en dólares. No obstante, la estrategia de propaganda colapsó en sus propias secciones de comentarios. Usuarios en estos portales estatales tildaron la medida de «robo a mano armada» y acusaron a las autoridades de la isla de «hacer la vida del cubano cada día más imposible».
Antecedentes de la dolarización en ETECSA
Esta no es la primera vez que el ejecutivo cubano utiliza su monopolio de telecomunicaciones para captar divisas. La historia reciente de ETECSA está marcada por un proceso gradual de dolarización que se aceleró tras la pandemia. En el año 2020, la empresa introdujo paquetes de navegación que solo podían pagarse con tarjetas de crédito o débito internacionales, justificando la medida como una necesidad para reactivar la red tras el colapso del turismo. Desde entonces, la brecha entre los servicios en CUP —caros, limitados y de menor calidad— y los planes en USD ha ido en aumento, configurando un modelo de negocio que prioriza la extracción de divisas sobre el servicio al ciudadano residente.
El fracaso del llamado «Ordenamiento Monetario» implementado en 2021 agravó dramáticamente esta situación. La unificación cambiaria fracasó, el peso cubano se devaluó estrepitosamente en el mercado informal y la inflación galopante destruyó el poder adquisitivo de los salarios nacionales. Ante la incapacidad de las autoridades para estabilizar la macroeconomía, las empresas estatales comenzaron a operar en una lógica de supervivencia, vendiendo en dólares para poder importar insumos y mantenerse a flote. ETECSA se ha convertido en el ejemplo más visible de esta política de dolarización forzosa, donde el Estado traslada el costo de su ineficiencia a la población y a sus familiares en el exterior.
Contexto sistémico: La crisis estructural y el extractivismo estatal
La decisión de ETECSA no puede entenderse de forma aislada; es un síntoma más del colapso estructural que atraviesa la isla. La economía cubana sufre una recesión prolongada, con una severa escasez de combustible, apagones constantes y un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas. En este escenario de crisis múltiple, la captación de divisas se ha convertido en la principal obsesión del régimen. Al cerrarse otras fuentes de ingreso como el turismo o las exportaciones de servicios profesionales, las remesas familiares se han erigido como el principal sostén de la economía nacional, representando una porción significativa del Producto Interno Bruto informal y formal.
Para la dictadura cubana, mantener el control sobre los flujos de remesas es una cuestión de supervivencia política y económica. Instrumentos como el Monedero MiTransfer o las tiendas en divisas funcionan como mecanismos de captación de dólares que alimentan las arcas del Estado, el cual posee el monopolio absoluto del comercio exterior. Al limitar las recargas en CUP, el gobierno obliga indirectamente a que una mayor cantidad de dólares fluya a través de sus plataformas financieras. Esta política extractivista se aplica en un contexto de creciente represión social y censura, donde la población carece de canales institucionales para protestar y los activistas que denuncian la crisis enfrentan el acoso y la persecución política por parte de los órganos de seguridad del Estado.
Asimismo, la medida impacta directamente en el fenómeno migratorio que ha vaciado a Cuba en los últimos años. La exigencia de financiar desde el exterior las necesidades básicas de los que se quedan —incluyendo la telefonía— ejerce una presión constante sobre la diáspora. Muchos de los cientos de miles de cubanos que han emigrado hacia Estados Unidos y otras naciones se ven obligados a trabajar en condiciones precarias para enviar remesas, financiando de manera involuntaria al mismo sistema que los expulsó. Es un círculo vicioso donde la miseria generada por el régimen provoca emigración, y la emigración genera las divisas que mantienen a flote al régimen.
En conclusión, la nueva política de ETECSA representa un paso más hacia la consolidación de un modelo económico dual y discriminatorio. Las consecuencias a futuro apuntan a un mayor aislamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad cubana, agravando la fractura social y la dependencia del exilio. Mientras la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de los derechos humanos en la isla, las autoridades de La Habana continúan profundizando un esquema que mercantiliza hasta la comunicación más básica. La interrogante que persiste es cuánto más podrá soportar una ciudadanía asfixiada económicamente, silenciada políticamente y ahora desconectada por la imposibilidad de pagar en una moneda que no tiene.
