Las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Barceló han comenzado el proceso de desinversión y liquidación de sus operaciones en la isla, sumándose a la salida ya anunciada por Meliá Hotels International, en un contexto marcado por las sanciones impuestas por Estados Unidos al Ministerio de Turismo de Cuba y por el profundo deterioro del sector turístico en el país caribeño.
La retirada de estos dos grupos hoteleros supone un duro golpe para la principal industria generadora de divisas del régimen de La Habana. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han incrementado de forma exponencial el riesgo legal y financiero para las empresas extranjeras que mantienen vínculos comerciales con entidades cubanas vinculadas al aparato estatal, especialmente con el grupo empresarial Gaviota, brazo militar del sector turístico.
Según ha trascendido, tanto Iberostar como Barceló habrían iniciado conversaciones con las autoridades de la isla para transferir la gestión de los hoteles actualmente bajo su administración a empresas estatales cubanas o a otros operadores internacionales no sujetos a la jurisdicción estadounidense. El proceso, sin embargo, se desarrolla en medio de complicaciones legales derivadas de los contratos de administración firmados con entidades del gobierno cubano.
El precedente de Meliá y el impacto de las sanciones
La decisión de ambas cadenas se produce semanas después de que Meliá Hotels International anunciara su propia estrategia de salida o reestructuración de sus operaciones en Cuba. El grupo balear, que durante más de tres décadas fue el operador extranjero más importante de la isla, optó por iniciar la transferencia de la gestión de sus hoteles ante la creciente presión de los demandantes que han acudido a la justicia estadounidense amparados en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite reclamar compensaciones por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la revolución.
Las sanciones específicas contra el MINTUR y su empresa paraestatal, así como contra el conglomerado GAESA —del que forma parte Gaviota—, han colocado a las cadenas europeas ante un escenario insostenible. La imposibilidad de realizar transacciones en dólares, las restricciones al acceso al sistema financiero internacional y el riesgo de litigios en tribunales de EE.UU. han hecho inviable la rentabilidad de las operaciones hoteleras en la isla.
Un sector en ruinas
La salida de Iberostar y Barceló no responde únicamente a la presión sancionatoria, sino también al colapso estructural del turismo en Cuba. La isla ha perdido más de la mitad de los visitantes que recibía antes de la pandemia, con cifras que en 2025 se mantuvieron muy por debajo de los registros de 2019. La caída del mercado canadiense, la desaparición prácticamente total del turismo ruso y la pérdida de conectividad aérea con Europa han agravado una crisis que el régimen de La Habana ha intentado maquillar con campañas promocionales carentes de resultados tangibles.
A esto se suman deficiencias estructurales que el gobierno cubano no ha logrado revertir: el deterioro de la infraestructura hotelera, los cortes generalizados de electricidad, la escasez de suministros básicos para la hostelería y la inseguridad alimentaria que afecta la calidad del servicio. La concentración del control del sector en manos de empresas militares como Gaviota ha impedido cualquier reforma que pudiera revitalizar la industria.
Consecuencias para el futuro
La salida progresiva de los grandes operadores europeos deja al régimen de La Habana ante un escenario crítico. Sin socios extranjeros que aporten capital, gestión y redes de comercialización internacional, el sector turístico cubano —principal fuente de ingresos en divisas del país— se encamina hacia un deterioro aún más profundo. La pérdida de esta última vía de financiamiento externo profundizará la escasez generalizada que ya padecen los cubanos y reducirá aún más la capacidad del Estado para importar bienes básicos como combustible, alimentos y medicamentos. La dictadura cubana enfrenta ahora el costo de haber monopolizado un sector estratégico bajo control militar, ahuyentando precisamente a los inversores que podrían haberlo sostenido.
