El régimen de La Habana arremetió contra el gobierno de Estados Unidos tras la imposición de nuevas sanciones a diez entidades estatales, acusando a Washington de promover un \»plan genocida\». La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, busca cortar las fuentes de financiamiento del ejecutivo cubano y penalizar estructuras utilizadas para la vigilancia y represión social.
El canciller Bruno Rodríguez y el gobernante Miguel Díaz-Canel utilizaron sus redes sociales para rechazar las medidas, alegando que Washington busca \»estrangular\» la economía y dañar a la población. Ambos funcionarios replicaron la narrativa oficial de que el embargo es el único responsable de la profunda crisis que atraviesa la isla, omitiendo el fracaso del modelo económico centralizado, la falta de reformas estructurales y la corrupción institucionalizada.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su Lista de Nacionales Especialmente Designados al Ministerio de Turismo (MINTUR) y a varias empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA, como la Corporación Antillana Exportadora S.A. También fueron sancionados el Grupo Empresarial del Comercio Exterior, el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, Coreydan S.A., Enetec S.A. y el Grupo Caudal. La restricción congela cualquier activo de estas entidades bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con ciudadanos y compañías de ese país.
Sanciones a aparatos de represión estatal
La acción del gobierno estadounidense no solo apuntó a sectores económicos, sino también a los mecanismos de control social de la dictadura cubana. Las Brigadas de Respuesta Rápida —utilizadas históricamente en actos de repudio y agresiones contra disidentes—, las Milicias de Tropas Territoriales y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana fueron incluidas en la lista. Estas organizaciones han sido instrumentos clave en la persecución política, la censura y la violenta contención de las protestas ciudadanas a lo largo de las décadas.
Responsabilidad en la crisis estructural
La respuesta de las autoridades de la isla se enmarca en su habitual estrategia de atribuir a las sanciones la escasez de combustible, alimentos y medicamentos. Sin embargo, el colapso de los servicios públicos, la inflación galopante y el masivo éxodo migratorio responden en mayor medida a la improductividad del sistema estatal y a la concentración de los recursos en empresas controladas por el sector militar, factores que el régimen se niega a reconocer públicamente para evadir su propia responsabilidad de gestión.
Las nuevas restricciones evidencian una presión creciente sobre las finanzas del régimen de La Habana en un momento de aguda inestabilidad interna. Para la ciudadanía, el endurecimiento de las políticas estadounidenses plantea un escenario de mayor incertidumbre económica, mientras la dirigencia cubana continúa priorizando el control represivo y la retórica antiimperialista por encima de las aperturas necesarias para aliviar la precariedad social que sufre la población.
