La ciudad capital de Cuba atraviesa apagones prolongados que afectan a cientos de miles de residentes, mientras los principales edificios gubernamentales —como la Plaza de la Revolución y el Capitolio— mantienen sus sistemas de iluminación en plena crisis energética, evidenciando una vez más la profunda desigualdad entre la cúpula gobernante y el pueblo cubano.
Las imágenes que han circulado en las redes sociales en las últimas horas muestran un contraste escalofriante: barrios enteros sumidos en la más absoluta oscuridad, sin opciones para conservar alimentos, sin capacidad para hacer funcionar ventiladores ante el calor sofocante, y simultáneamente, los monumentos y sedes institucionales del gobierno cubano resplandeciendo como si la crisis no existiera. Esta escena, lejos de ser una anomalía, refleja una política sistemática de privilegios para la élite del poder en detrimento del bienestar colectivo.
El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha registrado en las últimas semanas déficits superiores a los mil megavatios, lo que equivale a aproximadamente la mitad de la demanda máxima del país. Las autoridades de la isla han atribuido repetidamente esta situación a roturas de plantas termoeléctricas, falta de combustible para generación distribuida y limitaciones en la capacidad de transmisión. Sin embargo, la gestión del régimen de La Habana ha demostrado una y otra vez su incapacidad para mantener una infraestructura energética que ha sido descuidada durante décadas.
Mientras tanto, los ciudadanos comunes enfrentan apagones que superan las doce horas diarias en varias provincias, incluyendo zonas de la propia capital. La falta de electricidad se traduce en deterioro de alimentos perecederos, interrupción de servicios médicos en hospitales que no cuentan con generadores suficientes, y la paralización de actividades económicas informales que constituyen el único sustento para numerosas familias cubanas.
El simbolismo de la luz como herramienta de propaganda
El hecho de que el gobierno cubano priorice el alumbrado de la Plaza de la Revolución —sede de actos políticos y mítines gubernamentales— y del Capitolio —edificio que alberga la Asamblea Nacional del Poder Popular— no es casual. Para la dictadura, el mantenimiento de estos espacios iluminados cumple una función claramente propagandística: proyectar una imagen de normalidad y solidez institucional hacia el exterior, incluso cuando el país se desmorona desde dentro.
Los residentes de barrios como Centro Habana, Habana Vieja, Cerro y Diez de Octubre han denunciado que mientras sus calles permanecen a oscuras durante horas, los alrededores de instalaciones turísticas, hoteles estatales y edificios gubernamentales conservan el suministro eléctrico de manera ininterrumpida. Esta política de racionamiento selectivo confirma que las prioridades del régimen no están orientadas hacia la población, sino hacia la preservación de sus intereses políticos y económicos.
La crisis energética que vive Cuba no es un fenómeno reciente ni el resultado exclusivo de factores externos, como insisten en señalar las autoridades de la isla. Se trata de la consecuencia directa de décadas de mala gestión, falta de inversión en infraestructura, envejecimiento del parque generador y una planificación centralizada que ha demostrado su ineficiencia de manera contundente. El colapso del sector eléctrico es síntoma de un sistema económico que no funciona y que el gobierno cubano se niega a reformar de manera sustantiva.
El costo social de los apagones
Las consecuencias de los cortes de electricidad se extienden mucho más allá de la incomodidad. En hospitales de varias provincias, se han reportado interrupciones en tratamientos médicos, dificultades para conservar medicamentos que requieren refrigeración y postergación de cirugías programadas. Los pacientes con enfermedades crónicas que dependen de equipos eléctricos —como bombas de oxígeno o diálisis— se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema que las autoridades no han sabido mitigar.
En el ámbito educativo, los apagones han obligado a la suspensión de clases en numerosos centros escolares, afectando un calendario académico que ya venía resentido por la crisis provocada por la pandemia y la falta de recursos materiales. Los estudiantes que intentan estudiar en sus hogares se ven imposibilitados de hacerlo durante las horas de oscuridad, agravando la brecha educativa que afecta especialmente a los sectores más pobres de la población.
La respuesta del gobierno cubano ante esta crisis ha consistido en llamados a la «disciplina energética» y a la comprensión de la población, mientras que desde la cúpula no se han adoptado medidas estructurales que aborden las causas profundas del problema. Los funcionarios del régimen continúan disfrutando de suministros preferenciales, viviendas con generadores propios y acceso a combustible sin restricciones, configurando un escenario de apartheid energético que la dictadura se niega a reconocer públicamente.
Un sistema colapsado que no ofrece soluciones
El colapso energético se inscribe en una crisis más amplia que abarca la escasez de alimentos, la depreciación constante del peso cubano, la inflación galopante, el deterioro del sistema de salud pública y la migración masiva que ha despoblado barrios enteros. Ninguno de estos problemas encuentra solución en las políticas implementadas por el régimen de La Habana, que se limita a gestionar la crisis mediante discursos triunfalistas y represión contra quienes se atreven a protestar.
La comunidad internacional ha observado con preocupación el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, aunque las respuestas diplomáticas han sido limitadas. Organizaciones de derechos humanos han documentado el impacto desproporcionado que los apagones tienen sobre los sectores más vulnerables de la población, especialmente los ancianos que viven solos y las personas con discapacidad. Sin embargo, la dictadura cubana mantiene su retórica de soberanía energética mientras el país se apaga literalmente.
El contraste entre una Plaza de la Revolución iluminada y barrios sumidos en la oscuridad resume con crudeza la naturaleza del sistema político cubano: un régimen que privilegia la imagen y el poder sobre las necesidades básicas de su población. Mientras el gobierno cubano no asuma la responsabilidad por décadas de mala gestión y no abra espacios para la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones, la crisis energética continuará profundizándose y el malestar social seguirá creciendo en las sombras que el régimen mismo ha creado.
