La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador destinó cuantiosos recursos públicos a empresas vinculadas al conglomerado estatal BioCubaFarma, adquiriendo fármacos que llegaron en mal estado, sin permisos sanitarios o que jamás fueron entregados a los hospitales. Una investigación revela cómo la burocracia mexicana priorizó negocios con la isla en detrimento del sistema de salud local, inyectando divisas a La Habana a través de contratos opacos y repletos de irregularidades.
Entre 2022 y 2023, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) canalizó al menos 111 millones de pesos hacia Neuronic Mexicana S.A. de C.V., una empresa que opera como representante en territorio azteca de los Laboratorios AICA, filial del monopolio estatal cubano BioCubaFarma. Uno de los convenios más alarmantes suscritos en este período alcanzó los 80 millones de pesos, destinados a la compra de 3,4 millones de gotas oftálmicas que arribaron al país sin los permisos sanitarios correspondientes y en pésimas condiciones de conservación.
La decisión de favorecer a esta compañía, a pesar de su historial de incumplimientos, partió desde la cúpula de BIRMEX. Testimonios de exfuncionarios recabados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan directamente al entonces director general del organismo, el general retirado Jens Pedro Lohmann, como el responsable de emitir las directrices para beneficiar a Neuronic Mexicana en las licitaciones de compras consolidadas 2023-2024. Esta injerencia política en los procesos de adquisición vulneró los protocolos de calidad y transparencia exigidos a cualquier otro proveedor.
Irregularidades sistemáticas y evasión de controles sanitarios
La falta de rigor en la supervisión permitió que, en 2023, se firmara un nuevo contrato por 109 millones de pesos con la misma empresa, contemplando el suministro de medicamentos cruciales como cloranfenicol, prednisolona, atropina, pilocarpina y diclofenaco sódico. Sin embargo, la entrega resultó incompleta y una parte significativa del cargamento fue rechazada por instituciones de salud al no superar las pruebas sanitarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). La ASF constató que estos productos carecían de registro en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Aun ante la evidencia de empaques deteriorados y fallas en la calidad, las autoridades de BIRMEX ordenaron la «liberación interna» de los fármacos. El personal de calidad había apartado estos lotes para evitar su distribución, pero la instrucción superior fue recibirlos y acondicionarlos —aproximadamente un millón de unidades— para su venta posterior. Esta maniobra generó un gasto adicional en materia prima y mano de obra para el erario mexicano, una concesión inédita que jamás se habría otorgado a un proveedor sin conexiones políticas.
Negociaciones millonarias y vacíos en la entrega
El escrutinio sobre estos vínculos comerciales se extiende más allá de los fármacos. En 2024, los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) adjudicaron a Neuronic Mexicana un contrato directo por 316 millones de pesos para dotar de kits médicos a zonas marginadas. No obstante, los insumos nunca llegaron a su destino y el acuerdo fue rescindido bajo la figura legal de «caso fortuito o fuerza mayor», dejando sin atención a poblaciones vulnerables y sin un claro destino para los fondos comprometidos.
La empresa justificó sus operaciones amparándose en un decreto presidencial de enero de 2020 que permitía la importación de medicamentos sin registro sanitario nacional, siempre que contaran con el aval de agencias extranjeras. Aunque Neuronic Mexicana afirmó haber cumplido con las penalizaciones por retraso y devuelto el dinero de los productos caducos, los montos exactos permanecen en la opacidad. Las investigaciones rastrearon transferencias financieras desde las cuentas de la empresa hacia Laboratorios AICA y Biocubafarma Tesorería, confirmando el flujo directo de capital hacia el régimen de La Habana.
El modelo de exportación médica y la crisis estructural cubana
Para entender la magnitud de estos contratos, es indispensable observar la crisis estructural que atraviesa la isla. El gobierno cubano ha consolidado la exportación de servicios médicos y la producción farmacéutica como su principal motor de captación de divisas, un modelo que enmascara la profunda crisis interna. Mientras BioCubaFarma firma acuerdos multimillonarios en el exterior, los hospitales cubanos sufren un desabastecimiento crónico de medicamentos básicos, material quirúrgico y reactivos de laboratorio. La población civil debe recurrir al mercado negro o a remesas de medicamentos desde el extranjero para tratar dolencias comunes, evidenciando un sistema de salud de dos velocidades: uno de excelencia para turistas y exportaciones, y otro precario para los ciudadanos.
Esta dinámica de negocio se inserta en el contexto de un país asfixiado por la inflación, el colapso de los servicios públicos y una represión social implacable. La dictadura cubana ejerce un control monopólico sobre la economía, lo que significa que cualquier ingreso de capital extranjero, como los desembolsados por México, nutre directamente a la maquinaria estatal y militar sin repercutir en mejoras para la población. La falta de libertades y la censura en la isla impiden además que la prensa local audite o critique la calidad de los productos que el régimen exporta, dejando a los países compradores expuestos a fraudes sanitarios como los detectados por COFEPRIS.
Durante el sexenio de López Obrador, estos lazos se profundizaron notablemente. El ejecutivo cubano vio cómo su principal aliado en la región destinaba más de 2.000 millones de pesos a la isla mediante diversos mecanismos de «cooperación». De este monto, 472 millones correspondieron al pago por servicios de médicos cubanos —cuyas condiciones laborales y de explotación han sido ampliamente documentadas por organismos internacionales— y 1.453 millones a la adquisición de la vacuna Abdala contra la COVID-19, inmunizante cuya eficacia real fue cuestionada por la comunidad científica internacional frente a otras alternativas disponibles en el mercado.
Consecuencias políticas y el impacto en la salud pública mexicana
El estrechamiento de estos vínculos diplomáticos y comerciales se materializó en cuatro visitas oficiales del dictador Miguel Díaz-Canel a México entre 2018 y 2023, acompañadas de la firma de convenios en materia de salud, transporte y servicios postales. Esta cercanía política contrasta de forma abrupta con la realidad que vivieron los mexicanos. A pesar de las promesas oficiales de instaurar un sistema de salud equiparable al de Dinamarca, el sector público mexicano experimentó un severo retroceso: disminución en el número de cirugías, desabasto generalizado de medicinas y la suspensión de millones de dosis de vacunas infantiles, un panorama que se agravó al destinar recursos a proveedores incumplidos como el conglomerado cubano.
Las implicaciones de este escándalo trascienden la frontera mexicana. A nivel interno, la ciudadanía mexicana debe exigir rendición de cuentas sobre cómo se gestionaron sus impuestos y por qué se priorizó a un proveedor extranjero ligado a una dictadura por encima de la seguridad sanitaria nacional. En el plano internacional, el caso expone la urgencia de que los organismos de supervisión regional monitoreen las transacciones de los estados democráticos con el régimen de La Habana, evitando que los recursos públicos se conviertan en una válvula de oxígeno financiero para un sistema que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y mantiene sumida a su población en la pobreza y la desesperanza.
