Un establecimiento privado en la provincia de Camagüey ha comenzado a ofrecer servicios médicos en dólares estadounidenses, incluyendo consultas de especialidades como medicina interna y cardiología, evidenciando la profunda crisis del sistema de salud pública cubano y la creciente dolarización de servicios básicos en la isla.
El negocio, cuya publicidad ha circulado en redes sociales y plataformas de mensajería, anuncia consultas de medicina interna y cardiología a un precio de 30 USD cada una. También ofrece ultrasonidos con tarifas que alcanzan los 45 USD y un chequeo integral de laboratorio clínico por 105 USD, cifras completamente fuera del alcance de la inmensa mayoría de los cubanos, cuyo salario medio estatal no supera los equivalentes a 20 dólares mensuales.
La aparición de este tipo de establecimientos privados de salud refleja una transformación profunda del panorama médico en Cuba, históricamente presentado por las autoridades de la isla como uno de los logros fundamentales de la denominada Revolución. Sin embargo, la realidad que viven los cubanos en las calles es diametralmente opuesta a la narrativa oficial: hospitales en ruinas, escasez crónica de medicamentos, equipos deteriorados y personal médico agotado y subremunerado.
La dolarización de la salud: consecuencia de un sistema fracturado
El hecho de que un negocio privado cobre sus servicios exclusivamente en dólares estadounidenses evidencia la progresiva dolarización de la economía cubana, un fenómeno que el régimen de La Habana ha tolerado e incluso fomentado de manera contradictoria. Mientras el gobierno cubano mantiene un discurso oficial de soberanía económica y antiimperialismo, en la práctica ha impulsado tiendas en moneda libremente convertible (MLC), ha autorizado el uso del dólar en múltiples transacciones y ha permitido que servicios esenciales migren hacia una economía en divisa extranjera.
Esta dinámica ha generado una profunda desigualdad social en la isla. Aquellos cubanos que reciben remesas del exterior o que tienen acceso a divisas pueden acceder a servicios privados de salud, mientras que la inmensa mayoría de la población depende de un sistema público que ha sido progresivamente desmantelado. La salud, considerada un derecho universal en la Constitución cubana, se ha convertido en la práctica en un privilegio económico al alcance de muy pocos.
Las tarifas que ofrece este establecimiento en Camagüey son ilustrativas de esta brecha. Un chequeo integral de laboratorio a 105 USD equivale a más de cinco meses de salario para un profesional cubano promedio. Una simple consulta de cardiología a 30 USD representa casi el doble del salario mensual de un médico estatal en Cuba, lo que revela una paradoja amarga: los profesionales de la salud que atienden en el sistema público perciben salarios que no les permiten acceder a los servicios que ellos mismos ofrecen en el sector privado.
El colapso del sistema público de salud
El surgimiento de negocios privados de salud no puede entenderse sin analizar el deterioro sistemático del sistema sanitario público cubano. Durante años, los hospitales y policlínicos de la isla han sufrido un proceso de abandono que se ha acelerado de manera dramática. La falta de mantenimiento de las instalaciones, la ausencia de medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos y antihipertensivos, y la obsolescencia del equipo médico han convertido la atención sanitaria pública en una experiencia frecuentemente frustrante para los pacientes.
A esto se suma la masiva salida de profesionales de la salud del país. La migración de médicos, enfermeros y técnicos hacia naciones como España, Estados Unidos, México y otros destinos ha dejado al sistema público sin su recurso más valioso: el capital humano. El gobierno cubano ha intentado mitigar este éxodo mediante la contratación de estudiantes avanzados y la reubicación de especialistas, pero la calidad de la atención se ha visto profundamente afectada. Mientras tanto, las misiones médicas en el extranjero continúan siendo una fuente de ingresos para el Estado, que retiene una proporción significativa de los salarios de los profesionales destinados fuera de la isla.
En este contexto, no es sorprendente que sectores privados comiencen a ocupar el vacío dejado por el Estado. La apertura parcial a la actividad económica privada, impulsada por las autoridades en medio de la crisis, ha permitido la creación de negocios en sectores antes reservados al monopolio estatal. Sin embargo, esta apertura se ha producido sin un marco regulatorio adecuado y sin mecanismos de control de calidad que garanticen la seguridad de los pacientes, lo que plantea serias interrogantes sobre la regulación de estos servicios.
Una crisis estructural con rostros humanos
La situación que se observa en Camagüey no es un caso aislado. En otras provincias del país se han registrado iniciativas similares, así como un crecimiento de la medicina informal y la automedicación como respuestas desesperadas de la población ante la imposibilidad de acceder a tratamientos adecuados. La venta de medicamentos en el mercado negro, la práctica de diagnósticos por redes sociales y la proliferación de remedios alternativos son síntomas de un sistema sanitario que ha perdido su capacidad de respuesta.
La responsabilidad de esta crisis recae directamente sobre el modelo económico y político cubano. La centralización extrema, la falta de incentivos productivos, la dependencia crónica de subsidios externos —primero de la Unión Soviética, luego de Venezuela— y la negación sistemática de libertades económicas han conducido al país a un callejón sin salida. El régimen de La Habana ha priorizado el control político sobre el bienestar de la población, y las consecuencias se manifiestan en cada esfera de la vida cotidiana, con la salud como una de las más visibles y dolorosas.
El establecimiento privado de Camagüey, con sus tarifas en dólares y sus servicios orientados a quienes pueden pagarlos, es a la vez un síntoma y una consecuencia del fracaso del modelo estatal de salud. Representa también una advertencia sobre el futuro: si la tendencia continúa, Cuba avanzará hacia un sistema sanitario fragmentado, donde la calidad de la atención estará determinada por el poder adquisitivo, consolidando una desigualdad que contradice frontalmente los principios de equidad y universalidad que el gobierno cubano ha proclamado durante décadas ante la comunidad internacional.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberían prestar mayor atención a este fenómeno. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, y su vulneración sistemática en Cuba no puede seguir siendo ignorada bajo el peso de la narrativa oficial. Mientras la dictadura cubana continúe monopolizando el poder y restringiendo las libertades, la profundización de crisis como la sanitaria será inevitable, y los cubanos seguirán pagando el costo más alto de un sistema que ha demostrado su agotamiento total.
