La isla atraviesa la crisis estructural más aguda de su historia reciente, con una pobreza que supera el 80 % y un colapso generalizado de los servicios básicos. Un informe de la ONG Food Monitor Program (FMP) confirma que la actual \»policrisis\» económica, demográfica y sanitaria ha dejado atrás los devastadores indicadores de los años noventa, evidenciando la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar la subsistencia de la población.
El documento titulado “(Re)vivir la crisis en Cuba: anatomía de una sociedad fracturada” detalla que la coyuntura actual se caracteriza por una recesión sostenida, inflación galopante y el derrumbe de las infraestructuras hídrica, energética y bancaria. El gobierno cubano ha sido incapaz de revertir la pérdida acelerada del poder adquisitivo, lo que ha derivado en un acceso cada vez más restringido a alimentos básicos. Según estimaciones independientes citadas por FMP, más del 80 % de la población se encuentra en situación de pobreza, un dato que contrasta con la narrativa oficial que insiste en maquillar la realidad mediante eufemismos como el de \»coyuntura energética\» utilizado en 2019.
La comparación con el llamado Período Especial resulta inevitable. Mientras que la crisis de los noventa provocó una caída del PIB superior al 35 % y recortó el consumo calórico en un 40 %, la situación actual se describe como una \»policrisis\» sin apoyos estructurales ni promesas de recuperación creíbles. Encuestas referidas en el informe revelan que el 94 % de los hogares cubanos considera que al ejecutivo cubano no le interesa revertir la vulnerabilidad alimentaria o que, simplemente, no ha sido capaz de lograrlo. Solo un exiguo 6 % percibe alguna acción estatal orientada a mitigar el hambre en el país.
Desastre demográfico y crisis sanitaria
El impacto de las políticas fallidas del régimen de La Habana se refleja de manera alarmante en la demografía. La isla ha sufrido una pérdida poblacional de al menos un 18 % debido al éxodo migratorio masivo. A esto se suma la tasa de natalidad más baja desde 1959, con 7,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes y un descenso de más de 19.000 nacimientos en el último año. Con un 25 % de la población en el rango de los 60 años o más —cifra que alcanzará el 30 % en 2030—, Cuba se posiciona como uno de los países más envejecidos de América Latina, lo que amenaza la viabilidad futura del sistema económico.
El deterioro sanitario es otra consecuencia directa de la inseguridad alimentaria prolongada. Entre 2022 y 2023, los fallecimientos por desnutrición aumentaron un 74,42 %, convirtiéndose en la vigésima causa de muerte en la isla. Patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión y la anemia están íntimamente ligadas a una dieta basada en calorías vacías y ultraprocesados. Además, la prolongada crisis ha derivado en un severo impacto psicosocial, con un repunte de casos de ansiedad, depresión y suicidios. En municipios densamente poblados como Diez de Octubre, las autolisis han incrementado un 23 % en los últimos cuatro años, mientras el consumo de drogas sintéticas y caseras crece drásticamente como mecanismo de evasión, afectando incluso a menores.
El balance de la ONG FMP evidencia que las políticas de la dictadura cubana no solo han fracasado en garantizar el bienestar, sino que han fracturado irreversiblemente el tejido social. La reiteración de crisis sin soluciones reales augura un futuro sombrío para la ciudadanía, donde el colapso demográfico y sanitario se profundizará mientras la comunidad internacional observa cómo el modelo impuesto en la isla continúa marginando a su propia población sin rendir cuentas por el deterioro sistemático de los derechos fundamentales.
