La organización de asesoría legal Cubalex documentó 1.566 violaciones de derechos humanos en Cuba entre enero y junio de 2025, lo que evidencia una estrategia institucionalizada de control social por parte del régimen de La Habana que afecta tanto a opositores como a ciudadanos sin filiación política.
El informe revela que 772 personas fueron víctimas de la represión estatal en 105 municipios de la isla. La persecución no se limita a la disidencia política; entre los afectados se encuentran estudiantes universitarios, vendedores de alimentos, médicos, ancianos y jóvenes que rechazaron el servicio militar obligatorio. Durante este periodo, las autoridades reprimieron 159 protestas mediante golpes, amenazas, cortes selectivos de internet y hostigamiento, incluyendo expulsiones académicas para quienes mostraron solidaridad con los manifestantes.
Además, se registraron 203 detenciones arbitrarias, dirigidas en más de un tercio de los casos contra las Damas de Blanco, aunque también alcanzaron a periodistas y ciudadanos comunes. La dictadura cubana ha instrumentalizado el sistema judicial para profundizar la represión, como lo demuestra el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular. Esta normativa amplía la calificación de \»sabotaje\» —con penas que incluyen cadena perpetua o la pena de muerte— a conductas de daños o hurtos menores, criminalizando la desesperación ciudadana en medio de la profunda crisis económica y el desabastecimiento.
Consecuencias del encierro y la impunidad
El reporte detalla la gravedad del sistema penitenciario, con 24 muertes en prisiones atribuidas principalmente a negligencia médica, desnutrición, suicidio y golpizas por parte de funcionarios. A estas cifras se suman tres fallecimientos en estaciones policiales y 12 jóvenes muertos durante el servicio militar, incluyendo la explosión en la unidad de Melones, en Holguín. Estos hechos se inscriben en el colapso estructural de los servicios públicos y la falta de libertades que ha provocado un masivo éxodo migratorio, donde las cárceles operan como espacios de tortura, hacinamiento y castigo arbitrario.
Cubalex enfatiza que las violaciones documentadas están atravesadas por el encubrimiento y la absoluta impunidad, ya que ninguna de las 1.566 denuncias ha derivado en sanciones para los responsables. Asimismo, el ejecutivo cubano aplica la \»represión por asociación\», amenazando a familiares, clausurando negocios privados y ejerciendo hostigamiento económico contra quienes disienten o se solidarizan con la oposición.
Ante este panorama, la organización ha exigido a la comunidad internacional que condicione cualquier cooperación con el gobierno cubano al respeto de los derechos humanos y permita el ingreso de observadores independientes. El informe concluye que las violaciones en la isla no son hechos aislados, sino el resultado de una maquinaria estatal diseñada para el control social, lo que exige un fortalecimiento urgente de las redes de solidaridad entre la sociedad civil, la prensa independiente y el exilio para hacer frente al creciente cerco de censura.
