La Gran Logia de Cuba (GLC) celebró una conferencia de prensa en La Habana en la que ratificó la destitución del hasta ahora Gran Maestro Mayker Filema Duarte y reafirmó su soberanía interna frente a una crisis que amenaza con fracturar a la institución fraternal más antigua del país, en medio de presiones del Ministerio de Justicia que sugieren resolver el conflicto en el marco de una convocatoria calificada de espuria por la actual dirección masónica.
La conferencia, celebrada este 14 de junio en la capital cubana, tuvo como objetivo central dar lectura pública a la «declaración de principios del Muy Respetable Gran Maestro por sustitución reglamentaria Juan Alberto Kessell Linares», quien asumiera el liderazgo de la institución tras la destitución de Filema Duarte el pasado 25 de mayo. El documento advierte que la crisis actual «amenaza con desestabilizar la unidad, la armonía y los valores» que sustentan a la Gran Logia, y sostiene con firmeza «el carácter irrevocable y legítimo» de la remoción del anterior líder, ejecutada bajo la Legislación Masónica vigente como un acto de soberanía de la Alta Cámara.
La sesión en la que se concretó la destitución contó con la participación de 121 miembros de la GLC, integrada por Representantes, Grandes Funcionarios y Ex Grandes Maestros. De ellos, 117 eran representantes de logias de todo el país, cifra que supera ampliamente el quórum necesario para desarrollar la sesión con validez legal según los estatutos de la institución. Además, cientos de masones se congregaron en respaldo a la convocatoria, lo que evidencia un amplio respaldo de la base masónica a la decisión adoptada por la Alta Cámara.
El marco legal masónico y la destitución de Filema Duarte
La declaración leída por Kessell Linares subraya que la destitución de Filema Duarte encontró amparo en el Artículo 50 de la Constitución de la Legislación Masónica Cubana, un precepto que faculta a la Alta Cámara para actuar en circunstancias específicas y revocar el título al masón que ocupa el más alto cargo cuando se comprueba que «no ha sido digno de ostentarlo». Aunque el documento no detalla de manera exhaustiva las causas concretas que motivaron la medida, la referencia a la falta de dignidad sugiere un quebrantamiento grave de los principios y obligaciones inherentes al cargo, algo que la dirección actual considera suficientemente probado.
Filema Duarte, sin embargo, no ha aceptado su destitución y ha mantenido una postura de confrontación con la nueva dirección. Según la declaración, desde su remoción ha emitido decretos y comunicaciones, ha convocado una sesión para el próximo 6 de julio que la GLC califica de espuria, y continúa ocupando de manera ilegal el inmueble sede de la Gran Logia de Cuba, así como reteniendo los bienes y las firmas legales necesarias para la operatoria administrativa de la masonería en la isla. «Filema Duarte no tiene respaldo legal para continuar violando todo lo que aún continúa», resalta el documento con contundencia.
La injerencia del Ministerio de Justicia: el papel del Estado cubano
Uno de los aspectos más reveladores de la conferencia fue la información sobre la reunión sostenida este viernes entre Kessell Linares y la viceministra de Justicia, Lilia María Hernández Doejo. Según el documento, la viceministra «sugirió» que los asuntos masónicos se resolvieran dentro del marco de la sesión convocada por Filema Duarte para el 6 de julio, una convocatoria que la actual dirección de la GLC considera ilegítima y contraria a la Legislación Masónica. La delegación masónica expuso ante la funcionaria las circunstancias que han conducido a la crisis, entregó la documentación oficial que respalda sus acciones y dejó constancia de la improcedencia de la convocatoria de Filema Duarte, así como de los actos de obstaculización que ha llevado a cabo desde su destitución.
La viceministra, tras escuchar los argumentos y revisar la documentación, se comprometió a transmitir la situación y las exigencias de la Gran Logia al Ministerio de Justicia. Sin embargo, hasta la mañana del sábado, la institución fraternal no había recibido respuesta alguna por parte de la contraparte gubernamental. Kessell Linares reconoció en el documento que «su intervención objetiva en este asunto puede contribuir a zanjar de una vez esta situación», una afirmación que, lejos de ser una mera cortesía diplomática, revela la dependencia estructural que las organizaciones de la sociedad civil en Cuba tienen respecto al aparato estatal para resolver incluso sus conflictos internos.
El control del Estado sobre las asociaciones civiles en Cuba
La intromisión del Ministerio de Justicia en los asuntos internos de la Gran Logia de Cuba no es un hecho aislado, sino que refleja una dinámica estructural del sistema político cubano. En la isla, todas las asociaciones civiles, incluidas las de carácter fraternal o religioso, deben estar registradas y operar bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, que ejerce un control efectivo sobre su funcionamiento, su legalidad y, en última instancia, su existencia. Este marco normativo, heredado de décadas de centralización estatal, convierte al gobierno cubano en árbitro de los conflictos internos de organizaciones que, teóricamente, deberían gozar de plena autonomía para dirimir sus disputas según sus propios estatutos.
La sugerencia de la viceministra Hernández Doejo de que la Gran Logia resuelva su conflicto en el marco de una convocatoria declarada espuria por la propia institución plantea interrogantes serias sobre la neutralidad del Estado cubano en este tipo de procesos. Si bien es cierto que el MINJUS tiene la potestad legal de supervisar el funcionamiento de las asociaciones, la inclinación hacia una de las partes en conflicto —en este caso, hacia Filema Duarte— sugiere una preferencia que podría responder a intereses políticos más que a una lectura imparcial de la legislación vigente. Esta dinámica no es nueva en la historia de la masonería cubana, que ha vivido anteriores episodios de injerencia estatal en sus procesos internos.
Antecedentes históricos de la masonería cubana bajo el régimen
La Gran Logia de Cuba, fundada en 1859, es una de las instituciones fraternal más antiguas y resilentes del país. A lo largo de su historia, ha tenido que navegar las complejidades de distintos contextos políticos, incluidos los periodos más tense de la república y las décadas de gobierno autoritario. Durante los primeros años tras el triunfo de la revolución de 1959, la masonería cubana, como otras organizaciones de la sociedad civil, experimentó un proceso de adaptación forzada al nuevo orden. Muchos masones emigraron, las logias vieron reducidos sus miembros y la institución tuvo que redefinir su rol en un contexto donde el Estado pretendía monopolizar la vida pública y asociativa del país.
A pesar de las presiones, la masonería cubana logró sobrevivir y mantener una relativa autonomía, aunque siempre bajo la sombra del control estatal. En décadas recientes, la institución ha vivido momentos de tensión con las autoridades, especialmente cuando ha intentado pronunciarse sobre temas de interés público que el régimen considera reservados a su exclusiva competencia. La actual crisis interna, con la intervención del MINJUS como mediador de facto, se inscribe en esta larga tradición de relación compleja entre la sociedad civil organizada y un poder estatal que no tolera la existencia de espacios de autonomía plena.
La crisis masónica en el contexto del colapso institucional cubano
El conflicto interno de la Gran Logia de Cuba se produce en un momento de profunda crisis estructural del país. La economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos en décadas, con una inflación descontrolada que ha erosionado drásticamente el poder adquisitivo de la población, un desabastecimiento crónico de bienes básicos que obliga a los ciudadanos a enfrentar colas interminables para acceder a alimentos y medicinas, y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluidos el transporte, la electricidad y la atención sanitaria. En este contexto de deterioro acelerado, las instituciones de la sociedad civil, como la masonería, se ven afectadas no solo por las dificultades materiales que sufren sus miembros, sino también por la presión de un régimen que tiende a estrechar el cerco sobre cualquier forma de organización autónoma cuando percibe que el control social se le escapa de las manos.
El éxodo migratorio masivo que ha vivido Cuba en los últimos años, con cientos de miles de ciudadanos abandonando el país, también ha impactado a la masonería. Numerosos logias han visto reducidos sus miembros por la emigración, lo que ha debilitado su capacidad operativa y, en algunos casos, ha generado disputas internas por el control de los escasos recursos que aún poseen. Esta pérdida de capital humano, sumada a las dificultades económicas para mantener los inmuebles y las actividades de las logias, configura un escenario de precariedad que alimenta los conflictos de poder al interior de la institución, como el que ahora enfrenta la Gran Logia con Filema Duarte.
La ratificación de la soberanía y las implicaciones a futuro
La declaración de la Gran Logia de Cuba concluye con un pronunciamiento firme: la ratificación de su soberanía interna, la legitimidad de sus actos, la pureza de sus principios y «la postura inquebrantable de no ceder ante ninguna presión que tienda como resultado a abandonar» lo que defienden. Es un mensaje claro, dirigido tanto a Filema Duarte y sus seguidores como a las autoridades del Ministerio de Justicia, en el sentido de que la institución no aceptará imposiciones externas ni renunciará a su derecho de autogobernarse según sus propias normas y estatutos.
Sin embargo, el silencio del MINJUS hasta el momento y la sugerencia de la viceministra de canalizar el conflicto a través de la convocatoria de Filema Duarte plantean un escenario complejo. Si el gobierno cubano decide reconocer la legitimidad de la sesión del 6 de julio convocada por el destituido Gran Maestro, la Gran Logia podría enfrentar una situación de dualidad de poderes con consecuencias imprevisibles para la unidad de la institución. En un país donde la separación de poderes es prácticamente inexistente y donde el ejecutivo cubano tiene la capacidad de inclinar la balanza a favor de una u otra parte según sus conveniencias, la resolución de este conflicto dependerá en última instancia de una decisión política más que de un análisis estrictamente legal.
Para la comunidad masónica cubana, que ha sido históricamente un espacio de encuentro, reflexión y solidaridad entre ciudadanos de distintas procedencias y credos, esta crisis representa un desafío existencial. La capacidad de la Gran Logia de Cuba para resolver sus diferencias internas sin injerencia estatal será un termómetro de la salud de la sociedad civil en la isla, cada vez más asediada por un régimen que no admite la existencia de esferas de autonomía fuera de su control. Lo que está en juego no es solo el futuro de una institución fraternal, sino el derecho de los cubanos a organizarse, deliberar y decidir sobre sus propios asuntos sin la tutela omnipresente del Estado.
