En un acto inusual de rebeldía institucional, la Gran Logia de Cuba (GLC) ha destituido por unanimidad a su Gran Maestro, Mayker Filema Duarte, tras su negativa a abandonar el poder al concluir su mandato. La decisión, respaldada por cientos de miembros de la orden en La Habana, evidencia el profundo rechazo de la sociedad civil cubana a la injerencia del régimen de La Habana en las asociaciones fraternales y religiosas de la isla.
La sesión extraordinaria de la Alta Cámara de la GLC logró reunir a 121 miembros, entre los que se incluyen representantes de logias, grandes funcionarios y ex grandes maestros. La asamblea alcanzó el quórum estatutario con 117 representantes de diferentes provincias del país, quienes decidieron ejercer su poder organizativo frente a lo que consideran una usurpación del cargo por parte de Filema. La medida fue tomada ante la imposibilidad de hacer valer la legislación interna de la institución, tras el agotamiento de todas las vías legales y administrativas.
La jornada estuvo marcada por la tensión y el hostigamiento estatal. El hasta ahora Gran Maestro había suspendido la sesión la semana anterior y ordenado el cierre de los locales de la institución. Ante esta prohibición, los masones se congregaron a las afueras del teatro, a los pies de la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, donde entonaron el Himno Nacional. Testigos presenciales denunciaron la fuerte presencia policial en las inmediaciones, con agentes vestidos de civil que grababan a los asistentes y el corte del servicio de internet en la zona para obstaculizar las comunicaciones.
Según relataron varios masones bajo condición de anonimato por temor a represalias, la destitución se tornó inevitable tras el fracaso de los intentos de persuasión. Mayker Filema había sido electo en septiembre del pasado año para un mandato transitorio de seis meses, con el compromiso de convocar a elecciones generales en marzo. Sin embargo, al concluir el plazo, se negó a acatar el reclamo de los representantes, abandonó la sesión semestral dejándola inconclusa y posteriormente suspendió la convocatoria extraordinaria de mayo alegando supuestas «amenazas personales», en lo que los miembros de la orden calificaron como un secuestro institucional de la GLC.
Masones de toda Cuba se reúnen para destituir al Gran Maestro
Como resultado de la votación unánime, Juan Alberto Kessel Linares, quien fungía como Diputado Gran Maestro, asumirá interinamente la máxima responsabilidad de la GLC hasta la celebración de las elecciones generales programadas para el mes de septiembre. Los asistentes celebraron la medida como una reivindicación de la dignidad y el civismo, coreando consignas a favor de la autonomía de la institución frente al poder.
Intromisión del Estado y presiones del Partido Comunista
El conflicto interno de la masonería cubana no ha estado exento de la habitual intromisión del gobierno cubano en los asuntos de la sociedad civil. Varios masones de distintas provincias reportaron haber recibido llamadas telefónicas de funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC), quienes los disuadieron de viajar a la capital bajo la advertencia de que «no se buscaran problemas». Esta práctica de amedrentamiento telefónico es una táctica recurrente de la dictadura cubana para aislar a los activistas y evitar la convergencia de ciudadanos con fines no aprobados por el poder.
Asimismo, el Ministerio de Justicia (MINJUS), a través del Registro de Asociaciones, ha jugado un papel cuestionable en el conflicto. En lugar de velar por el correcto desenvolvimiento de la institución, las autoridades de la isla respaldaron la posición de Filema. Durante la última semana, funcionarios del Registro citaron a varios masones, no para abordar la crisis de la Gran Logia, sino para presionar por la destitución de José Ramón Viñas, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33. Los masones interpretaron esta maniobra como un acto de cinismo gubernamental, dado que Viñas no se ha dejado maniobrar por el poder, convirtiéndose en un obstáculo para los intereses de control del régimen.
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El marco legal que facilita esta injerencia es la Ley 54, o Ley de Asociaciones, que otorga al Registro de Asociaciones —órgano subordinado al PCC— la autoridad para «velar por el cumplimiento de los estatutos de las asociaciones». Esta normativa es utilizada sistemáticamente por la dictadura cubana para justificar la intromisión y el control sobre las instituciones fraternales y religiosas, anulando cualquier atisbo de independencia organizativa y sometiendo la vida civil a la voluntad del partido único.
El contexto de la crisis institucional y social en Cuba
La rebeldía de los masones cubanos no ocurre en el vacío, sino en medio de una profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La sociedad civil cubana se encuentra asfixiada bajo un modelo autoritario que no admite la existencia de organizaciones verdaderamente autónomas. La masonería, históricamente una de las instituciones más antiguas y respetadas del país, ha visto cómo sus espacios de autonomía se reducen frente al aparato represivo y burocrático del Estado.
Esta disputa interna refleja un patrón más amplio de control y cooptación que el régimen de La Habana ejerce sobre cualquier entidad que agrupe a ciudadanos. En un país golpeado por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, un colapso total del sistema eléctrico y un éxodo migratorio sin precedentes, el ejecutivo cubano prioriza el control ideológico y la sumisión institucional por encima del bienestar de la población. La represión y la vigilancia policial contra los masones son un reflejo de la misma maquinaria que persigue a activistas políticos, periodistas independientes y opositores pacíficos en todo el territorio nacional.
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La masonería en Cuba cuenta con una larga tradición histórica vinculada a los procesos independentistas y al pensamiento liberal del siglo XIX. Figuras como Carlos Manuel de Céspedes y Antonio Maceo formaron parte de sus filas. A pesar de las restricciones impuestas tras el triunfo de la revolución de 1959, la institución logró sobrevivir, aunque siempre bajo la estricta supervisión del poder. El intento de perpetuación de Mayker Filema, respaldado por sectores del PCC y el MINJUS, representa la última de las fricciones entre la voluntad autonomista de la orden y el control absoluto del Estado sobre la vida pública.
Implicaciones y futuro de la institución
El gran interrogante que permanece abierto es la respuesta del Registro de Asociaciones. Existe un temor generalizado entre los miembros de la GLC de que la dictadura cubana desconozca los resultados de la sesión extraordinaria y continúe respaldando a Filema, lo que podría desencadenar en un choque más severo entre la institución y el aparato burocrático del Estado. Los masones, no obstante, han reiterado que sus acciones están amparadas en la legalidad y se han mostrado firmes en no permitir más injerencias en sus asuntos internos.
Lo ocurrido en la Gran Logia de Cuba es un síntoma de la creciente fatiga ciudadana frente al abuso de poder, ya sea en el seno de una institución centenaria o en las más altas esferas del gobierno. La destitución de Filema se erige como un ejemplo de cómo la organización civil, incluso bajo la sombra del autoritarismo, puede articular mecanismos de resistencia y defensa de sus estatutos. La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos deberán mantener la atención sobre este caso, ya que la reacción del régimen de La Habana será un termómetro de la tolerancia real del Estado hacia la pluralidad, la legalidad y la disidencia institucional en la isla.
