El inicio del curso escolar 2026-2027 en Cuba ha dejado al descubierto la profunda deterioración de un sistema educativo que alguna vez fue presentado como uno de los principales logros del Estado. Con apenas un 73 % de cobertura de docentes titulados, más de 24.000 plazas vacantes, escuelas en ruinas, cortes eléctricos constantes y estudiantes que acuden a las aulas sin haber desayunado, la realidad de las familias cubanas contrasta de manera abrumadora con la narrativa oficial de un regreso a clases festivo y entusiasta.
Las autoridades de la isla han desplegado en los medios estatales una campaña para presentar el comienzo del año lectivo como un acontecimiento celebratorio, destacando supuestos esfuerzos gubernamentales para garantizar la continuidad del curso pese a las dificultades. Sin embargo, los testimonios de padres, madres y estudiantes en distintos puntos del país revelan un panorama diametralmente opuesto, marcado por la precariedad material, el agotamiento físico y la imposibilidad de cubrir las necesidades más básicas para que los niños puedan asistir a la escuela en condiciones dignas.
La adquisición de uniformes escolares se ha convertido en uno de los primeros obstáculos que enfrentan las familias al inicio de cada curso. El gobierno cubano apenas garantiza la entrega del atuendo colegial a los alumnos de nuevo ingreso en preescolar, dejando al resto de los estudiantes sin acceso a los uniformes a través de los canales estatales. Aunque el sector privado —cuentapropistas y mipymes— ofrece uniformes nuevos, sus precios resultan inalcanzables para la mayoría de los hogares cubanos, cuyos salarios promedio no cubren ni la mitad de la canasta básica mensual. Muchas familias recurren a la compra de uniformes de segunda mano o a la herencia de prendas entre vecinos y parientes.
Infraestructura escolar en estado crítico
Las condiciones físicas de los centros educativos constituyen otro de los frentes más visibles del colapso. Las escuelas iniciaron el presente curso en el mismo estado de deterioro con el que cerraron el anterior: sin pintura, sin mantenimiento adecuado, sin agua corriente, sin servicio eléctrico estable, con servicios sanitarios fuera de funcionamiento y con un mobiliario escolar escaso y desvencijado. La ventilación es insuficiente en muchas aulas, con ventanas clausuradas o rotas, y la higiene brilla por su ausencia en numerosos centros. El mantenimiento que recibe la mayoría de las escuelas depende casi exclusivamente de las iniciativas y contribuciones de los propios padres, quienes deben aportar materiales, mano de obra y recursos económicos para intentar mantener operativos los edificios.
La diferencia entre la realidad que viven los estudiantes y la imagen que proyectan los medios oficiales es evidente. Mientras las pantallas de la televisión nacional muestran centros de estudios con una capa de pintura fresca y aulas aparentemente equipadas, los niños que asisten a la mayoría de las escuelas del país enfrentan un entorno físico que dificulta cualquier proceso de aprendizaje significativo. La percepción de la precariedad es tan evidente que incluso los más pequeños la expresan de manera espontánea, conscientes de que las condiciones de sus escuelas distan mucho de lo que se presenta en los medios.
El impacto de la crisis energética y alimentaria en la infancia
Los apagones prolongados que afectan a toda la isla tienen consecuencias directas y devastadoras sobre la rutina escolar. Los niños sufren noches en vela debido al calor sofocante y a la proliferación de mosquitos, sin posibilidad de utilizar ventiladores ni equipos de aire acondicionado. El cansancio acumulado se manifiesta en la mañana siguiente, cuando muchos menores amanecen llorando por el agotamiento y son llevados a la escuela en ese estado. La falta de sueño y de descanso adecuado hace prácticamente imposible que los estudiantes encuentren la motivación o la energía física necesarias para levantarse temprano y afrontar una jornada escolar.
A la falta de descanso se suma la imposibilidad de preparar un desayuno adecuado. Los cortes eléctricos impiden encender los fogones a primera hora de la mañana, y la escasez de alimentos restringe las opciones a las que pueden acceder las familias. La leche, que debería ser un derecho garantizado para los menores, brilla por su ausencia en la mayoría de los hogares. Muchos padres envían a sus hijos a la escuela con el estómago vacío o, en el mejor de los casos, con una tisana o alguna bebida caliente que apenas engaña el hambre. La merienda escolar, que en otros tiempos formaba parte del sistema educativo, ha desaparecido prácticamente de la mayoría de los centros.
Déficit de maestros y medidas de emergencia
La crisis del sistema educativo no se limita a las condiciones materiales. El déficit de personal docente ha alcanzado niveles sin precedentes. El curso 2026-2027 inició con apenas un 73 % de cobertura de docentes titulados, dejando más de 24.000 plazas vacantes en todo el sistema educativo. Este déficit es consecuencia de múltiples factores: la migración masiva de maestros hacia el sector privado, el éxodo migratorio hacia el exterior, las jubilaciones anticipadas y el abandono de la profesión debido a los salarios de miseria que perciben los educadores en relación con el costo de vida actual.
Para intentar paliar la escasez de maestros, el gobierno cubano ha implementado medidas de emergencia cuya eficacia resulta cuando menos cuestionable. Entre estas medidas se encuentran el agrupamiento de hasta sesenta alumnos en un solo aula, la reducción del horario de clases, la simplificación y abreviación de los contenidos programáticos más allá de lo razonable, la contratación de estudiantes de pregrado de carreras no pedagógicas para ejercer como docentes sin la formación necesaria, y la movilización de maestros desde unas provincias hacia otras. Esta última estrategia plantea una interrogante evidente: quién cubre las plazas que dejan vacantes los maestros movilizados en sus provincias de origen, profundizando aún más el desequilibrio territorial en la cobertura educativa.
Contexto: la crisis estructural que asfixia a Cuba
El colapso del sistema educativo no es un fenómeno aislado, sino una manifestación más de la crisis estructural que atraviesa Cuba en múltiples dimensiones. La economía de la isla se encuentra en una espiral de inflación que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, con una tasa que, según estimaciones independientes, ha superado el 30 % anual en los últimos años. La canasta básica de productos cuesta varias veces el salario medio mensual de un trabajador cubano, lo que sitúa a la mayoría de la población por debajo del umbral de la pobreza. En este contexto, la adquisición de uniformes, útiles escolares y alimentos para los niños constituye un lujo inalcanzable para gran parte de las familias.
La crisis energética es otro de los pilares del colapso generalizado. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) opera muy por debajo de su capacidad instalada, con déficits que en numerosas ocasiones han superado los 1.500 megavatios, provocando apagones de hasta doce y quince horas diarias en muchas provincias. La falta de combustible, el envejecimiento de las infraestructuras termoeléctricas y la ausencia de inversiones significativas en el sector han convertido los cortes de electricidad en una rutina que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana, incluido el rendimiento escolar de los estudiantes.
El éxodo migratorio, que ha alcanzado cifras récord en los últimos años con más de un millón de cubanos abandonando la isla desde 2022, ha privado al país de una parte sustancial de su fuerza laboral calificada, incluidos miles de maestros y profesionales de la educación. La falta de perspectivas, la represión política, el deterioro de las condiciones de vida y la ausencia de libertades han empujado a muchos educadores a buscar un futuro fuera de Cuba, dejando un vacío que el Estado no ha logrado llenar con políticas efectivas. La dictadura cubana, que durante décadas presentó la educación como uno de sus logros fundamentales, ha visto cómo ese discurso se desmorona ante la evidencia de un sistema que no puede garantizar ni siquiera las condiciones mínimas para el aprendizaje.
Antecedentes de un deterioro progresivo
El declive del sistema educativo cubano no es un proceso reciente, sino el resultado de décadas de desinversión, centralización burocrática y falta de autonomía en la gestión escolar. Desde los años noventa, tras la pérdida de los subsidios soviéticos, las escuelas cubanas comenzaron a mostrar signos de deterioro que se agravaron progresivamente. La llamada \»lucha\» del Período Especial dejó una huella profunda en la infraestructura educativa, que nunca fue plenamente recuperada. En las últimas dos décadas, la situación se ha visto agravada por la incapacidad del régimen para diversificar la economía, atraer inversiones productivas y generar las condiciones mínimas para el desarrollo del país.
El curso escolar 2025-2026 ya había evidenciado el alcance del problema, con estudiantes que terminaron el año sudados, trasnochados y hambreados. Las vacaciones de verano no trajeron alivio para los menores, que pasaron los meses de receso en condiciones similares, sin posibilidad de descansar adecuadamente ni de acceder a una alimentación nutritiva. El regreso a las aulas en septiembre de 2026 ha significado, para muchos, simplemente el traslado de la misma precariedad del hogar al entorno escolar, sin que medie ninguna mejora sustantiva por parte del Estado.
Consecuencias y perspectivas
Las implicaciones del colapso educativo se proyectan a largo plazo sobre el futuro de Cuba. Una generación de niños que crece sin acceso a una educación de calidad, con hambre, sin descanso adecuado y en entornos físicos degradados, enfrentará consecuencias cognitivas, emocionales y sociales que difícilmente podrán revertirse. El traumatismo que muchos menores están desarrollando como resultado de las condiciones de vida actuales —apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de agua, entornos insalubres— tendrá un impacto duradero en su desarrollo psicológico y académico.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han señalado en reiteradas ocasiones la responsabilidad del régimen de La Habana en el deterioro de las condiciones de vida de la población cubana. La falta de rendición de cuentas, la ausencia de mecanismos de control democrático y la represión sistemática contra cualquier forma de disidencia impiden que la sociedad civil participe en la búsqueda de soluciones. Mientras tanto, el gobierno cubano continúa presentando una narrativa triunfalista que choca frontalmente con la realidad que viven millones de familias, y que cada vez resulta más difícil de sostener ante la evidencia incontrovertible de un sistema educativo que se desmorona a un ritmo acelerado.
El inicio del curso 2026-2027 no es, en definitiva, el comienzo de un nuevo año lectivo lleno de promesas, sino la confirmación de que la educación en Cuba ha dejado de ser una prioridad real para el Estado. Los estudiantes que acuden a las aulas sudados, trasnochados y hambreados son el testimonio más elocuente del fracaso de un modelo que alguna vez presumió de tener uno de los mejores sistemas educativos de la región y que hoy no puede garantizar ni un desayuno, ni un maestro, ni un aula en condiciones para sus niños.
