Clara Caballero, descendiente del independentista Juan Gualberto Gómez, revela desde el exilio en Madrid cómo el régimen de La Habana manipuló la historia oficial para invisibilizar a la clase media negra y apropiarse de la lucha antirracista en Cuba.
Desde la diáspora, la cubana Clara Caballero pone sobre la mesa una de las heridas más profundas del proceso histórico nacional: la manipulación del relato. Descendiente de Juan Gualberto Gómez —conocido por sus contemporáneos como \»El gran ciudadano\» y figura clave junto a José Martí en la gesta independentista—, Caballero advierte que las nuevas generaciones ignoran la trayectoria de su ancestro. El gobierno cubano ha reducido la figura de Gómez a la de un mero \»amigo de Martí\», silenciando su labor en la redacción de la Constitución, su incansable defensa de los derechos de la población negra y su firme postura antianexionista durante las primeras décadas de la República.
La propaganda oficialista ha instaurado la narrativa de que la llegada al poder de la guerrilla en 1959 fue el único momento en que se erradicó el racismo y se benefició a la población afrodescendiente. Sin embargo, esta reescritura de la historia ha anulado por completo la existencia de élites negras integradas por veteranos de guerra, intelectuales y profesionales. Como señala Caballero, antes de 1959 existía una próspera clase media negra que contaba con sociedades, clubes como el Club de Atenas y un holgado nivel de vida, una realidad que contradice frontalmente el discurso victimizador y redentor del Estado.
El progreso familiar truncado por la confiscación estatal
El relato de la familia materna de Caballero ilustra a la perfección el impacto de las políticas arbitrarias del poder en la isla. Su abuelo, Dimas Caraballo, un cerrajero cienfueguero de origen mestizo y profundo católico, logró prosperar en La Habana hasta fundar su propio taller en la calzada de Diez de Octubre. Este progreso, fruto del esfuerzo individual en una sociedad compleja, fue brutalmente interrumpido cuando las autoridades de la isla confiscaron y cerraron su negocio tras el triunfo de la Revolución. La intervención estatal forzó a la familia al exilio, sumándose a la inmensa ola de cubanos que perdieron sus medios de vida y sus propiedades ante la ofensiva confiscatoria del régimen.
La denuncia de Caballero trasciende la anécdota familiar y se inserta en la necesidad urgente de restituir la memoria histórica de Cuba. Mientras la dictadura cubana mantenga su monopolio sobre la educación y la cultura, el país seguirá arrastrando una identidad mutilada por la censura y el revisionismo. Recuperar la verdad sobre figuras como Juan Gualberto Gómez y sobre el tejido social preexistente es un paso indispensable para la reconciliación nacional y para desmontar los mitos que el régimen de La Habana aún utiliza para justificar su control absoluto sobre la sociedad.
