Las casonas que hoy sobreviven entre el deterioro de El Vedado fueron levantadas por la firma Morales y Compañía, una de las agencias de arquitectura más prolíficas de la etapa republicana, cuyas obras fueron nacionalizadas tras 1959 mientras sus legítimos propietarios partían al exilio.
En 1910, el ingeniero Leonardo Morales Pedroso y el maestro de obras José Mata fundaron en La Habana la empresa Morales y Mata, desde donde comenzaron a edificar para clientes pudientes muchas de las residencias que aún hoy conforman el paisaje urbano del Vedado. Formado en Columbia University, Leonardo Morales Pedroso desarrolló más de 250 proyectos arquitectónicos en la capital y creó el Premio Nacional de Arquitectura que llevó el nombre de su firma. En 1916 disolvió la sociedad original para asociarse con su hermano Luis, también ingeniero civil graduado en Nueva York y responsable del proyecto urbanístico del reparto Miramar, dando lugar a Morales y Compañía Arquitectos, agencia que mantuvo su actividad hasta su cierre forzado en 1960.
La firma no solo marcó el rumbo de la arquitectura habanera durante cinco décadas, sino que sirvió de plataforma formativa para una generación de arquitectos cubanos. Planos y edificaciones llevaban la firma de colaboradores como Adolfo Ramírez de Arellano, Eugenio Batista, Rafael de Cárdenas, Enrique Luis Varela o Juan Antonio Mendiguitia, quienes iniciaron sus carreras bajo el amparo de los hermanos Morales Pedroso. Entre las residencias más emblemáticas construidas por la agencia se encuentra la ubicada en calle 11, número 701, entre Paseo y A, propiedad del abogado Enrique Conill Rafecas y su esposa Emilia Hidalgo Borges, escenario del célebre baile de disfraces celebrado el 12 de marzo de 1916.
De la opulencia republicana al despojo revolucionario
Tras el triunfo de la revolución, las propiedades levantadas por Morales y Compañía fueron nacionalizadas a sus legítimos dueños. Las familias que habitaban estas residencias se vieron obligadas a marchar al exilio, y las casonas pasaron a ser ocupadas con otras funciones o redistribuidas por las autoridades de la isla. El cierre forzado de la agencia en 1960 no supuso únicamente la liquidación de una empresa familiar, sino la ruptura de un modelo de desarrollo urbano y arquitectónico que había transformado a La Habana en una de las capitales más elegantes del Caribe.
El caso de las residencias del Vedado construidas por la firma Morales ilustra un patrón sistemático de la dictadura cubana: la expropiación sin debido proceso de bienes privados y la expulsión de sus propietarios hacia el exilio. Lo que en su momento fueron hogares diseñados con esmero y habitados por familias que contribuyeron al desarrollo institucional y cultural del país, hoy forman parte de un patrimonio urbano sometido al abandono, la subdivisión indiscriminada o la reasignación burocrática. Más de seis décadas después, el deterioro del parque inmobiliario habanero refleja no solo la incapacidad del gobierno cubano para conservar su patrimonio, sino también el costo humano de una política que despojó a miles de ciudadanos de su legado y los empujó a la diáspora.
