El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga —sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro—, defendió el reciente paquete de reformas económicas aprobado por la Asamblea Nacional, asegurando que las medidas no responden a presiones externas de Washington, sino a una supuesta estrategia interna del ejecutivo cubano.
Durante una entrevista con medios internacionales, el funcionario aseguró que las transformaciones buscan generar bienestar y dinamismo en la economía nacional, negando que se trate de decisiones improvisadas. El plan, impulsado por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, agrupa 176 propuestas en 23 ejes fundamentales que abarcan desde el sistema empresarial estatal hasta la inversión extranjera y el turismo. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con la prolongada crisis estructural que enfrenta la isla, marcada por una hiperinflación galopante, el colapso de los servicios básicos, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes.
Transformaciones en el aparato estatal y apertura a la inversión
Entre las disposiciones más destacadas del paquete figura la transición de empresas estatales socialistas a sociedades mercantiles por acciones, aunque el Estado mantendrá el control mayoritario en sectores estratégicos. Asimismo, se contempla la venta de propiedades estatales a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras —incluyendo a la diáspora cubana—, siempre que se justifique el origen lícito de los fondos. En materia de inversión foránea, las autoridades de la isla proponen permitir el capital extranjero en empresas privadas, extender los derechos de superficie hasta 99 años y autorizar la apertura de cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa.
Pese a las promesas de transparencia y seguridad jurídica hechas por Pérez-Oliva Fraga, el Departamento de Estado de Estados Unidos recibió las medidas con absoluto escepticismo. Un portavoz de Washington calificó las reformas como \»modestas, largamente esperadas\» y las tildó de \»señales de humo superficiales\» del régimen de La Habana. Analistas consultados coinciden en que la desconfianza de los inversionistas persistirá debido a la falta de garantías sólidas, el impacto de las sanciones estadounidenses y el historial de arbitrariedad que caracteriza a la dictadura cubana en la gestión económica y empresarial.
El paquete también abre margen para la entrada de franquicias extranjeras de alimentos ligeros y la licitación de parques recreativos, zoológicos y áreas protegidas a empresas privadas o cooperativas. No obstante, la apertura gradual a formas de gestión no estatal ocurre en un contexto donde la represión social, la censura y la falta de libertades siguen condicionando cualquier intento de desarrollo real. A futuro, la eficacia de estas medidas dependerá de si el gobierno cubano está dispuesto a ceder control económico real, o si, por el contrario, se mantendrá como una mera fachada institucional para captar capital urgente sin alterar el monopolio político del régimen sobre la vida de los ciudadanos.
