El fondo de inversión CRF I Limited propuso al gobierno cubano una reestructuración de la deuda comercial que excluía la necesidad de pagos inmediatos en efectivo, pero el ejecutivo cubano ha mantenido un silencio absoluto. Ante la falta de respuesta, la entidad financiera se ha visto abocada a continuar su batalla legal en Londres, donde ya ha obtenido una nueva sentencia que condena al Banco Nacional de Cuba (BNC) a abonar más de 18,1 millones de libras esterlinas.
La misiva, titulada “Propuesta de diálogo sobre la reestructuración de la deuda soberana cubana” y fechada el 22 de junio, fue enviada por correo certificado a la Embajada de Cuba en el Reino Unido. El documento, dirigido a Miguel Díaz-Canel con copias a la Presidencia de la República y al BNC, llegó apenas cuatro días después de que la Asamblea Nacional respaldara las 176 medidas económicas y sociales impulsadas por el régimen de La Habana.
En el preámbulo de la carta, CRF I Limited sostuvo que el paquete de medidas aprobado por el parlamento cubano “representa una oportunidad potencialmente histórica”. El fondo de inversión destacó especialmente los anuncios relacionados con la empresa privada, la inversión extranjera, el capital privado, la reforma bancaria y la comercialización de activos estatales, áreas que el gobierno cubano ha prometido flexibilizar sin hasta ahora resultados macroeconómicos tangibles.
De ejecutarse adecuadamente, argumentó la entidad, la isla “podría demostrar que está adoptando un modelo de apertura económica pragmática, liderada soberanamente, similar al que ha tenido éxito en China y Vietnam”. CRF presentó esta fórmula como una vía para que las autoridades de la isla mantuvieran su independencia política mientras utilizan los mercados internacionales y el capital privado para generar crecimiento, empleo y confianza en el exterior.
Sin embargo, la propuesta advertía un riesgo ineludible: la apertura anunciada carecería de credibilidad si el gobierno cubano no atendía la deuda soberana heredada, las reclamaciones pendientes de acreedores comerciales y los reclamos de propiedad vinculados a Estados Unidos. “Ningún programa serio de reformas puede alcanzar todo su potencial mientras sigan pendientes [esos asuntos]”, advertía el texto, subrayando que el objetivo no era la confrontación, sino un arreglo jurídicamente sólido que permitiera al país regresar a los mercados financieros.
El esquema ofrecido por CRF incluía una reestructuración ordenada de la deuda comercial del llamado Club de Londres, así como una solución negociada a las reclamaciones contra el BNC. Además, planteaba instrumentos que vincularan la recuperación de los acreedores al crecimiento real de la economía cubana, mecanismos para atraer inversión extranjera directa y conversiones de deuda en capital. Crucialmente, el plan “no exigiría que Cuba pagara inmediatamente en efectivo”, preservando la escasa liquidez a corto plazo del Estado.
Pese a la viabilidad de la oferta, que coincidía parcialmente con la retórica oficial de Díaz-Canel sobre el canje de deuda por activos nacionales, las autoridades de la isla no emitieron respuesta alguna. A finales de julio, el presidente de CRF, David Charters, confirmó que tanto Cuba como el BNC ignoraron la iniciativa, dejando al fondo “sin otra alternativa realista” que continuar defendiendo sus derechos en los tribunales británicos.
Derrota judicial y antecedentes del litigio
La inacción del régimen de La Habana precedió a una nueva y contundente derrota judicial. El 10 de julio, el juez Andrew Baker dictó una sentencia en rebeldía contra el BNC, autorizando la evaluación de daños y costes. Al no presentar alegaciones el banco cubano, el tribunal fijó la suma total a pagar a CRF en poco más de 18,1 millones de libras esterlinas, con un plazo de 14 días tras la notificación de la orden.
El pleito hunde sus raíces en dos acuerdos de deuda suscritos en enero de 1984 por el BNC con Crédit Lyonnais e Istituto Banco Italiano. CRF, constituida en 2009 para invertir en deuda cubana impagada, adquirió posteriormente los derechos sobre esas obligaciones y presentó la demanda en Londres en 2020. El BNC ejerció funciones de banco central hasta 1997, año en que fue creado el actual Banco Central de Cuba (BCC), heredando un sistema financiero ya entonces marcado por la insolvencia.
La trayectoria judicial ha sido sistemáticamente adversa para el gobierno cubano. En abril de 2023, el Tribunal Superior británico determinó que las deudas fueron válidamente cedidas a CRF, permitiendo que la demanda continuara contra el BNC, aunque excluyó a la República de Cuba al no haberse transferido de forma válida la garantía soberana. El Tribunal de Apelación confirmó la decisión y, en marzo de 2025, el Tribunal Supremo británico rechazó autorizar un nuevo recurso del banco cubano, agotando las instancias locales.
Intransigencia oficial y crisis estructural
La dictadura cubana ha calificado reiteradamente a CRF de “fondo buitre”, asegurando en 2023 que nunca había sido acreedor del BNC ni del Estado, aunque afirmaron estar dispuestas a negociar con acreedores legítimos. Los tribunales británicos han desmantelado esa tesis respecto a las obligaciones del BNC, evidenciando la falta de transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos por parte del poder en la isla.
Esta no es la primera vez que se intenta un acercamiento. CRF afirma que busca negociar desde 2013, cuando envió una carta a Raúl Castro ofreciendo encabezar una reestructuración. En 2018, un comité de tenedores presentó otra propuesta con un alivio “muy significativo”, retirándola ante la falta de respuesta. La intransigencia de la dictadura cubana frente a compromisos financieros internacionales se enmarca en una política de opacidad que agrava el aislamiento del país.
El rechazo a la reestructuración de la deuda ocurre en medio de la peor crisis estructural de la historia republicana de Cuba. La inflación galopante, el colapso del sistema energético y el desabastecimiento crónico de bienes básicos son el resultado de un modelo económico centralizado e ineficiente. La incapacidad del régimen de La Habana para honrar o negociar sus deudas cierra la puerta a la inversión extranjera directa y bloquea el acceso a la financiación internacional, elementos indispensables para cualquier recuperación.
Impacto en la ciudadanía y perspectivas futuras
Esta asfixia financiera tiene consecuencias directas sobre la población. La imposibilidad de reactivar la economía nacional, sumada a la represión social y la falta de libertades políticas, ha convertido el éxodo migratorio en la única válvula de escape para cientos de miles de cubanos. Al negarse a dialogar con acreedores como CRF, el gobierno cubano no solo acumula condenas millonarias, sino que profundiza las condiciones de pobreza que obligan a sus ciudadanos a abandonar la isla masivamente.
De mantenerse esta postura, las implicaciones a futuro son claras: el país seguirá aislado de los mercados de capital, los activos cubanos en el extranjero seguirán bajo amenaza de embargo y la ciudadanía continuará soportando el peso de decisiones arbitrarias. Mientras la dictadura cubana priorice el control político sobre la viabilidad económica, las soluciones pragmáticas propuestas por actores internacionales seguirán siendo ignoradas, postergando indefinidamente la recuperación de la nación.
