El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, defendió la celebración de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) en medio de la crisis post-huracán que ha dejado a más de 110.000 viviendas afectadas en el oriente del país, responsabilizó nuevamente al embargo estadounidense del colapso económico y anunció un paquete de medidas para atraer capital foráneo que choca frontalmente con la realidad de inseguridad jurídica, apagones y abandono ciudadano que vive la isla.
En una entrevista concedida al programa oficialista \»La salita de Alma\», transmitido por Alma Plus TV, Pérez-Oliva Fraga justificó la decisión de mantener la FIHAV pese a que el evento se realizó poco después del paso del huracán Melissa por las provincias orientales, donde más de 110.000 viviendas resultaron afectadas. Según el funcionario, la feria era \»necesaria\» para exhibir las oportunidades de inversión en Cuba y demostrar que el país \»no está solo\». El ministro dedicó parte de su intervención a desmentir las denuncias ciudadanas sobre el presunto desvío y comercialización de donaciones internacionales, citando como ejemplo un donativo del Gobierno de Colombia que, según afirmó, fue entregado directamente a las familias afectadas respetando la \»voluntad del donante\». También aseguró que agencias del sistema de Naciones Unidas visitaron las zonas siniestradas y constataron las afectaciones in situ.
Sin embargo, las declaraciones del funcionario contrastan de manera flagrante con los testimonios de residentes en las provincias afectadas, que meses después del huracán continúan denunciando la ausencia de electricidad, alimentos, medicamentos y materiales de construcción. En varias localidades los apagones superan las 20 horas diarias y miles de familias permanecen en condiciones de habitabilidad precarias, sin soluciones ni asistencia estable por parte de las autoridades de la isla. La brecha entre el discurso gubernamental y la realidad cotidiana se hace cada vez más evidente, mientras la población sobrevive en un escenario de desabastecimiento crónico y abandono institucional.
Medidas de \»flexibilización\» ante un panorama disuasorio
Pérez-Oliva Fraga presentó durante la feria un paquete de medidas orientadas a \»flexibilizar\» la inversión extranjera, que incluye la reducción de los plazos de aprobación de negocios, la posibilidad de contratar directamente a trabajadores cubanos y una mayor libertad para operar en divisas. El gobierno cubano ha presentado estas decisiones como parte de su programa para \»corregir distorsiones y reimpulsar la economía\». No obstante, la trayectoria de inversionistas extranjeros en la isla refleja un escenario radicalmente distinto: falta de seguridad jurídica, impagos sistemáticos, controles estatales asfixiantes, deterioro de infraestructuras básicas y una crisis energética que encarece cualquier iniciativa productiva. El propio ministro reconoció que los apagones y el déficit energético actúan como un factor disuasorio, al obligar a las empresas a asumir costos adicionales para garantizar su operatividad.
La retórica oficial volvió a centrarse en el embargo estadounidense, que Pérez-Oliva describió como el momento \»de mayor crudeza\» de esa política y calificó como una \»cacería burda y grosera\» contra países y empresas que mantienen vínculos con La Habana. Ese discurso, reiterado hasta el agotamiento, sigue evitando cualquier asunción de responsabilidad sobre un modelo económico que ha conducido al país al empobrecimiento generalizado, la represión política sistemática y una dependencia crónica de la ayuda externa. La dictadura cubana mantiene su promoción de sectores como el turismo, la agroindustria azucarera y la minería mientras la población atraviesa una de las peores crisis sociales de las últimas décadas, con un éxodo migratorio sin precedentes y un deterioro acelerado de todos los servicios públicos.
La intervención del viceprimer ministro, lejos de despejar las incógnitas sobre la viabilidad real de la inversión en Cuba, evidencia una vez más la desconexión entre las prioridades del régimen de La Habana y las necesidades urgentes de la ciudadanía. Mientras el ejecutivo cubano dedica esfuerzos a atraer capital foráneo con promesas que pocos inversionistas confían, miles de familias damnificadas esperan en vano por un techo digno, electricidad y alimentos. La pregunta que persists es cuánto tiempo más podrá sostenerse un sistema que prioriza la imagen internacional frente al colapso interno, y qué respuesta ofrecerá la comunidad internacional ante la profundización de una crisis humanitaria que el gobierno se empeña en maquillar con ferias comerciales y discursos culpabilizadores.
