El vicecanciller del régimen de La Habana, Carlos Fernández de Cossío, arremetió este viernes contra Estados Unidos acusándolo de cometer un \»genocidio\» y mantener una \»guerra económica despiadada\» contra la isla. La diatriba llega apenas 24 horas después de que el propio funcionario sugiriera en una entrevista con The New York Times que el expresidente Donald Trump y su organización podrían invertir en Cuba si respetan las leyes locales, en medio de una aguda crisis económica y el desplome del sector turístico.
La contradictoria estrategia comunicacional del ejecutivo cubano quedó al descubierto tras la publicación de un extenso texto en Facebook por parte de Fernández de Cossío. En sus declaraciones, el diplomático exigió a Washington que \»deje en paz\» a la isla, frene el supuesto genocidio y ponga fin a las sanciones económicas que, según la narrativa oficial, generan escasez y angustia cotidiana. Sin embargo, el mensaje omitió por completo la apertura expresa hacia el capital estadounidense que había manifestado el día anterior, ni retiró la disposición a recibir inversiones de la nación a la que ahora acusa de crímenes de lesa humanidad.
Apertura al capital estadounidense en medio del colapso
El origen de esta aparente contradicción radica en una entrevista concedida al diario neoyorquino, donde el periodista Jack Nicas interrogó al vicecanciller sobre la posibilidad de que la Trump Organization desarrolle proyectos en territorio cubano. Fernández de Cossío fue claro al afirmar que el gobierno cubano intenta atraer inversión extranjera de cualquier país, incluido Estados Unidos. Al ser cuestionado directamente sobre si esa política excluía al expresidente Donald Trump, el funcionario respondió que no veían \»ninguna razón específica para excluirlo\», siempre y cuando operara \»pacíficamente\» y respetando las leyes de la isla.
Las declaraciones del diplomático están vinculadas al polémico proyecto conocido como \»Trump Island\», impulsado por el empresario emiratí Ali Abdullah Bin Haidar. Este grupo firmó una carta de intención con las autoridades cubanas para adquirir terrenos en Cayo Santa María y construir un complejo turístico de lujo que podría llevar el apellido del magnate neoyorquino. Aunque los documentos preliminares muestran torres con cúpulas doradas y el nombre Trump, desde la organización del expresidente estadounidense han aclarado que no existe ningún acuerdo, autorización de marca ni relación comercial formalizada hasta el momento.
Desesperación por divisas y flexibilización forzada
El viraje discursivo y la búsqueda desesperada de capital extranjero responden a la profunda crisis que atraviesa la economía cubana, particularmente el sector turístico, histórico motor de divisas para el régimen. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, reconoció recientemente una cifra demoledora: el 73% de las instalaciones turísticas del país se encuentran cerradas y siete cadenas hoteleras internacionales han decidido retirarse de la isla. Esta realidad ha obligado a las autoridades a aprobar modificaciones en la Ley de Inversión Extranjera, buscando oxigenar una economía asfixiada por la ineficiencia estatal.
Entre las medidas anunciadas por Marrero destaca la eliminación de la obligatoriedad de contratar trabajadores a través de entidades empleadoras estatales, un monopolio que durante décadas limitó el desarrollo empresarial y controló los salarios de los cubanos. Hasta la fecha, solo 13 negocios extranjeros han recibido autorización para contratar directamente a personal cubano, mientras que un centenar de actores privados han sido autorizados para importar combustible. Estas flexibilizaciones, sin embargo, están diseñadas exclusivamente para captar divisas y no representan una apertura política o una liberalización real de la economía.
El propio Marrero Cruz se encargó de despejar cualquier duda sobre el rumbo ideológico del régimen de La Habana. Al explicar las transformaciones económicas, el funcionario subrayó que no se están desviando del modelo socialista, sino que \»lo defienden y adoptan las decisiones necesarias para su consolidación\». Esta declaración refuerza la percepción de que la dictadura cubana utiliza las reformas económicas como mecanismos de supervivencia frente a la crisis, manteniendo intacto el control absoluto sobre la población y restringiendo cualquier atisbo de libre mercado que amenace su hegemonía.
Contexto: El uso del bloqueo como coartada de la crisis sistémica
La acusación de \»genocidio\» es un recurso retórico recurrente de la dictadura cubana para desviar la atención sobre la responsabilidad del Estado en el colapso estructural del país. Si bien las sanciones estadounidenses han generado restricciones financieras, la crisis que sufre la isla responde fundamentalmente a la ineficiencia del modelo económico centralizado, la falta de libertades para la iniciativa privada y la corrupción institucionalizada. La escasez de alimentos, medicamentos y combustible, sumada a un apagón energético que dura ya varios años en términos de capacidad de generación, evidencia la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos a la ciudadanía.
En este escenario de privaciones, el éxodo migratorio ha alcanzado niveles récord, con cientos de miles de cubanos abandonando la isla en los últimos años hacia Estados Unidos y otras naciones de la región. La frustración social, la represión política y la falta de oportunidades han generado un caldo de cultivo que el régimen intenta neutralizar culpando a Washington de las carencias cotidianas. La crisis energética, con apagones prolongados que superan las 10 o 12 horas diarias en provincias del interior, ha sido el detonante de protestas sociales que son rápidamente silenciadas por la represión policial. Sin embargo, la apertura a inversionistas extranjeros, e incluso la mención de figuras como Donald Trump, demuestra que el gobierno cubano reconoce tácitamente su incapacidad para sostener el país por sí mismo y su urgente necesidad de capital privado.
Antecedentes de la inversión extranjera en la isla
La búsqueda de capital foráneo no es una estrategia nueva para el régimen. Desde la década de 1990, tras la pérdida de los subsidios soviéticos y la caída del muro de Berlín, La Habana ha recurrido a inversionistas europeos, canadienses y latinoamericanos para mantener a flote sectores clave como el turismo y la minería. No obstante, el riesgo jurídico, la falta de garantías constitucionales, la expropiación arbitraria y los constantes conflictos con socios comerciales han ahuyentado a numerosos empresarios a lo largo de las décadas. Empresas internacionales han operado bajo un marco restrictivo, sufriendo embargos de sus ingresos en cuentas bancarias globales debido a las restricciones financieras. La promesa de permitir la contratación directa de trabajadores es un intento tardío de corregir una política que ahogó la productividad, confiscó el salario real del trabajador cubano y desincentivó la llegada de nuevas inversiones al mercado nacional.
Implicaciones a futuro
La oscilación entre la apertura a negociar con magnates estadounidenses y la retórica agresiva contra el gobierno de Estados Unidos refleja la dualidad de una dictadura acorralada por la crisis. Mientras el régimen de La Habana intenta seducir al capital internacional con reformas limitadas, mantiene intacto su aparato represivo y su control sobre la economía. La respuesta de la comunidad internacional y de los empresarios extranjeros dependerá de si estas flexibilizaciones se traducen en un marco de seguridad jurídica real o si, por el contrario, serán simples parches temporales para prolongar la supervivencia del modelo autoritario. Para la ciudadanía cubana, atrapada entre la escasez y la propaganda oficial, el futuro inmediato se perfila como una continuidad de las privaciones, salvo que las reformas económicas vengan acompañadas de un desmonte real del control estatal y un respeto genuino por los derechos fundamentales.
