El régimen de La Habana calificó de \»imposición y agresión\» la revocación de visas por parte del Departamento de Estado de EE. UU. a funcionarios brasileños y africanos cómplices del esquema de trabajo forzoso en las misiones médicas. El canciller Bruno Rodríguez aseguró que la isla continuará enviando brigadas sanitarias, pese a las acusaciones de explotación laboral que enriquecen al gobierno cubano.
El pronunciamiento del jefe de la diplomacia cubana se produjo tras el anuncio de Washington de nuevas restricciones de visado contra varios funcionarios del Ministerio de Salud de Brasil y exmiembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El Departamento de Estado detalló que los sancionados, entre ellos Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, participaron en la planificación del programa \»Mais Médicos\». Según el comunicado, actuaron como intermediarios para eludir las sanciones estadounidenses y pagar directamente a las autoridades de la isla, en lugar de remunerar a los profesionales de la salud.
El gobierno estadounidense sostiene que estos funcionarios facilitaron un \»esquema coercitivo de exportación de mano de obra\» que explota a los galenos cubanos mediante trabajo forzoso. La medida, impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca promover la rendición de cuentas no solo de la dictadura cubana, sino también de los actores internacionales que se benefician de esta estructura. Las restricciones también alcanzaron a funcionarios de países africanos y de Granada, cuyas identidades no han sido reveladas, sumándose a acciones previas implementadas este año contra gobiernos de Centroamérica.
Misiones médicas: pilar económico ante el colapso interno
La férrea defensa de estas cooperaciones por parte del ejecutivo cubano responde a la dependencia económica que ha generado este mecanismo a lo largo de los años. La exportación de servicios profesionales, principalmente la mano de obra médica, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de divisas para el país. Sin embargo, este flujo de capital no se traduce en mejoras para la población, que sufre un severo desabastecimiento de medicamentos, el colapso del sistema hospitalario y una inflación galopante que agrava la crisis estructural de la isla, mientras una parte significativa de los profesionales opta por el éxodo migratorio ante las precarias condiciones laborales.
La negativa de las autoridades de la isla a suspender estas misiones, a pesar de las crecientes denuncias internacionales de explotación, evidencia la prioridad del Estado por mantener sus fuentes de financiamiento externo sobre el bienestar de sus ciudadanos. Las sanciones del Departamento de Estado representan un aumento de la presión diplomática para desarticular este modelo, lo que podría limitar severamente la capacidad de la isla para captar divisas en el corto plazo. Mientras tanto, la comunidad internacional deberá evaluar su participación en programas que, bajo el pretexto de la cooperación, legitiman el trabajo forzado y financian la maquinaria del poder en Cuba.
