Cuatro de los cinco sobrevivientes de la fallida incursión armada interceptada frente a las costas de Villa Clara prestaron sus primeras declaraciones públicas en La Habana, frente al fiscal que los acusa y sin asistencia legal, revelando detalles de la operación y denunciando abusos durante su reclusión. Las entrevistas, publicadas en un reportaje reciente, exponen la opacidad del proceso judicial y el absoluto control del Ministerio del Interior sobre los detenidos.
Los acusados José Manuel Rodríguez Castelló, Christian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez y Conrado Galindo Sariol comparecieron uno a uno, vestidos con monos naranjas y esposados, en una instalación del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior (MININT). Durante las conversaciones, que duraron entre 30 y 55 minutos, estuvieron presentes el fiscal del caso, Edward Robert Campbell, y el coronel Francisco Estrada Portales, jefe de investigaciones sobre delitos contra la seguridad del Estado. Ninguno de los detenidos contó con la presencia de un abogado defensor durante el interrogatorio público.
Cinco meses después de su captura, la defensa legal de los implicados presenta graves irregularidades, evidenciando la falta de garantías procesales en los casos que involucran a la seguridad del Estado. Rodríguez admitió no haber encontrado aún un letrado dispuesto a tomar su caso, mientras que Cruz ni siquiera había solicitado uno. Acosta aseguró haberse reunido con su abogado en varias ocasiones, y la esposa de Galindo afirmó que su marido contaba con representación desde marzo. Sin embargo, todos debieron hablar frente al mismo fiscal que sostiene cargos de terrorismo contra ellos, delitos que, según admitió el propio Campbell, pueden ser castigados con hasta 30 años de prisión o con la pena de muerte.
El único sobreviviente que no compareció fue Amijail Sánchez González, a quien el MININT señala como uno de los principales organizadores de la operación. El reportaje indica que «o declinó ser entrevistado o no se le permitió hablar con periodistas». Sánchez figura desde finales de 2023 en la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo publicada en la Gaceta Oficial, asociado a un expediente por presuntos sabotajes contra el Tribunal Municipal de Centro Habana y la Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución. Además, es el detenido sobre el que pesan las denuncias más graves de tortura: familiares denunciaron ante la activista Maritza Lugo Fernández que Sánchez ha sufrido golpizas reiteradas bajo custodia, con pérdida de audición en un oído y lesiones en un brazo y las costillas. Las autoridades de la isla han negado categóricamente estos maltratos.
En los aspectos centrales de la acusación, los testimonios de los cuatro detenidos coincidieron con la versión oficial del régimen de La Habana. Todos confirmaron que el primer disparo salió de su propia embarcación, «El Tornado», y Acosta señaló directamente a Sánchez como el autor. «Amijail agarró un cargador para el AK-47 de fabricación china que tenía y abrió fuego contra los guardacostas. Ahí empezó el tiroteo», relató. Asimismo, afirmaron haberse entrenado durante meses en una finca cercana a Fort Myers, presuntamente propiedad de Lugo, líder del Partido 30 de Noviembre y residente en Miami, a quien el MININT señala como autora intelectual de la operación.
Desde el exilio, Lugo ha negado cualquier participación en el plan armado y ha atribuido los testimonios a la coacción sistemática ejercida por la dictadura cubana. «Todo lo que están diciendo es mentira, y no los culpo. ¿Qué van a decir? Quieren salvar sus vidas, y los están obligando a decir esas cosas», declaró. Aunque admitió haber dado acceso a la finca a Sánchez, con quien mantuvo una relación sentimental, aseguró que allí solo se cazaba y se practicaba tiro, descartando cualquier financiamiento debido a sus limitados ingresos de 700 dólares mensuales del Seguro Social. Por su parte, Rodríguez sostuvo que el grupo se autofinanció y que Lugo «se ocupaba sobre todo de la parte política», mientras que Galindo declaró que ella le ofreció 500 dólares para filmar los entrenamientos y luego lo reclutó para la expedición.
Denuncias de malos tratos y objetivos de la operación
A pesar de que gran parte de las declaraciones parecen alinearse con el relato del gobierno cubano, no todo lo expresado por los detenidos favoreció a sus custodios. Galindo denunció haber recibido patadas en las piernas al llegar a la sección de máxima seguridad del Combinado del Este. Rodríguez, por su parte, relató que fue amenazado en esa misma prisión y que un oficial de Guardafronteras le pisó a propósito la pierna herida poco después del tiroteo. Lejos de mostrar arrepentimiento, Rodríguez mantuvo una postura desafiante: «Si me dijeran que enviarían un petrolero a Cuba a cambio de liberar a José Manuel, preferiría pudrirme en prisión antes que dejar entrar una sola gota de petróleo a este país». Cruz comparó la expedición con el desembarco del Granma, mientras que Acosta la calificó de «locura» y desaconsejó a otros cubanos intentar acciones similares.
El objetivo de la incursión, según Rodríguez, era lograr un levantamiento popular armado, controlar una provincia durante 72 horas y solicitar una intervención militar a Estados Unidos. Las autoridades cubanas señalan que los blancos principales eran una estación de policía en Santa Marta y una unidad de Guardafronteras en Varadero. La operación partió de Marathon con diez hombres, portando 25 armas de fuego, aproximadamente 13.000 municiones, bombas caseras, cócteles molotov, un dron y una terminal Starlink. En el enfrentamiento frente a Cayo Falcones murieron Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña, Héctor Duani Cruz Correa y Michel Ortega Casanova. Del lado oficial, solo resultó herido el capitán de la patrullera, alcanzado en el abdomen.
La planificación de la operación se había ventilado abiertamente en redes sociales antes de su ejecución. A finales de enero, Alling publicó en Facebook advertencias directas contra los militares cubanos, asegurando que «Cuba será libre dentro de poco». Poco después, Sánchez difundió un comunicado firmado por varias organizaciones opositoras que instaba a las familias a sacar a los jóvenes del Servicio Militar, concluyendo que con la dictadura «no hay espacio para la negociación». El propio Miguel Díaz-Canel había advertido a inicios de febrero sobre la existencia de «planes para hechos terroristas» que se estaban preparando en Estados Unidos.
La respuesta de Washington y el silencio diplomático
Desde la perspectiva bilateral, el reportaje evidencia una escasa cooperación por parte de las autoridades estadounidenses. El MININT envió a la administración de Donald Trump un informe con seis páginas de preguntas sobre la organización y el financiamiento de la operación en territorio de EE. UU. Posteriormente, una delegación del FBI visitó La Habana. Sin embargo, según altos mandos del MININT, Washington solo devolvió datos sobre los lugares de compra de las armas y los antecedentes penales de dos o tres de los implicados, manteniendo un silencio casi total sobre el resto de la investigación.
Contexto sistemático: Crisis, desesperación y represión
Este incidente armado no puede desvincularse del profundo deterioro estructural que sufre la isla. La crisis económica, marcada por una hiperinflación galopante, el colapso total del sistema eléctrico, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la devaluación constante de la moneda nacional, ha empujado a cientos de miles de cubanos a la migración desesperada. En este escenario de asfixia social y ausencia total de canales democráticos para el cambio, el régimen de La Habana se enfrenta a una creciente frustración popular que, en casos extremos y minoritarios, deriva en intentos de acciones violentas desde el exilio.
Para el gobierno cubano, este tipo de expediciones resulta políticamente útil. La dictadura cubana utiliza estos hechos para justificar el endurecimiento de la represión interna, la vigilancia masiva y el acoso a la sociedad civil pacífica, argumentando la supuesta existencia de una «guerra no convencional» orquestada desde el exterior. De este modo, las autoridades de la isla desvían la atención de su propia responsabilidad en el colapso del país y criminalizan cualquier forma de disidencia bajo el paraguas de la seguridad del Estado.
Además, el caso expone la brutalidad del sistema penitenciario y procesal de la isla. La comparecencia de acusados ante el fiscal y altos mandos del MININT sin presencia de abogados defensores, vestidos con trajes de presos y en instalaciones militares, es una clara muestra de la subordinación del Poder Judicial al aparato represivo. En Cuba, los procesos por delitos contra la seguridad del Estado se desarrollan en la más estricta opacidad, sin garantías de debido proceso y con confesiones frecuentemente obtenidas bajo presión psicológica o física.
Implicaciones a futuro
El futuro de estos cinco sobrevivientes parece signado por la arbitrariedad del sistema judicial cubano. Enfrentados a cargos que contemplan la pena de muerte en un país donde las garantías procesales son inexistentes, su destino dependerá más de las negociaciones políticas y las necesidades propagandísticas del régimen que de un juicio justo. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener la vigilancia sobre el caso para evitar que las penas ejemplares se impongan sin un escrutinio independiente.
Asimismo, este suceso tensa aún más las ya frágiles relaciones entre Washington y La Habana. La falta de cooperación efectiva en materia de seguridad fronteriza y antiterrorismo, sumada a la retórica beligerante del ejecutivo cubano contra Estados Unidos, augura un estancamiento diplomático. Mientras tanto, la ciudadanía cubana continúa siendo la principal víctima de este ciclo de crisis, represión estatal y aislamiento internacional, atrapada entre la intransigencia del poder y la desesperación de la diáspora.
