Plataformas feministas independientes verificaron el primer feminicidio del año en la isla, ocurrido en un área cercana al campamento penitenciario Las Mulas, en Jatibonico. La víctima, identificada como Magaly Aragón Aragón, fue asesinada con violencia sexual por un presunto recluso, lo que pone de relieve la crisis de seguridad ciudadana y la habitual opacidad institucional sobre la violencia machista.
El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) detallaron que la víctima, de 59 años y profesión enfermera, perdió la vida este martes en un cañaveral próximo a la instalación correccional donde trabajaba. Los colectivos subrayaron el carácter sexual de la agresión y los antecedentes violentos del atacante, quien se presume es un interno del centro penitenciario. Aunque estructuras internas del sistema indicaron que el hecho está bajo investigación, las autoridades de la isla mantienen un hermetismo absoluto sobre los detalles del crimen.
La confirmación de este caso, como ocurre con la mayoría de las tragedias documentadas en el país, partió de reportes ciudadanos y de medios independientes, contrastados posteriormente mediante redes de apoyo comunitario en el territorio. En su balance actualizado, los observatorios reportan un feminicidio y un intento de feminicidio en lo que va de año. Además, mantienen abiertas investigaciones sobre 12 posibles feminicidios, cuatro tentativas y un asesinato de un hombre por motivos de género alertados durante 2025.
Opacidad estatal y criminalización del activismo
Desde 2019, OGAT y YSTCC han verificado al menos 300 feminicidios en Cuba, una labor investigativa que realizan en un entorno profundamente hostil. La dictadura cubana no solo se caracteriza por la represión política y la censura, sino también por la criminalización del activismo feminista y la negación sistemática de una crisis de seguridad que cobra vidas femeninas de forma constante. El ejecutivo cubano se rehúsa a tipificar el feminicidio en su legislación, limitándose a utilizar eufemismos como \»asesinato por razones de género\» para maquillar la tragedia y evadir responsabilidades políticas.
La inexistencia de estadísticas oficiales anuales, con metodología detallada y datos accesibles, impide a la ciudadanía dimensionar la verdadera magnitud de la violencia machista en el país. Ante la inacción del régimen de La Habana, la sociedad civil se ve obligada a suplir las funciones del Estado asumiendo riesgos innecesarios para documentar los abusos. Mientras no se implementen protocolos públicos de registro y una ley integral contra la violencia de género, las mujeres cubanas seguirán enfrentando la vulnerabilidad y el abandono institucional, agravado por un sistema penal y penitenciario que demuestra su ineficacia para garantizar la protección de la población.
