La coalición Voces del Sur, que agrupa a 17 organizaciones de sociedad civil de América Latina, denunció este jueves el endurecimiento de la represión contra el periodismo en Venezuela tras los hechos del 3 de enero, incluyendo al menos 14 detenciones de comunicadores, deportaciones de reporteros extranjeros y bloqueos sistemáticos a medios de información, en medio de una crisis política que mantiene a más de 900 presos políticos en el país.
En un comunicado emitido desde Miami, la red regional expresó su \»profunda preocupación\» por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información registradas en territorio venezolano. Las organizaciones señalaron que, hasta la fecha de emisión del documento, sus contrapartes en Venezuela habían documentado detenciones arbitrarias, expulsiones de periodistas internacionales y limitaciones deliberadas para acceder a información pública, acciones que han obstaculizado severamente la cobertura informativa en un momento de alta demanda ciudadana.
Voces del Sur exigió la liberación inmediata e incondicional de los 20 periodistas que permanecen encarcelados, incluidos dentro del universo de más de 900 presos políticos identificados por organizaciones de derechos humanos. La red recordó que el Estado venezolano, en su condición de miembro de Naciones Unidas y por haber ratificado pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, tiene la obligación jurídica de garantizar el trabajo de la prensa local e internacional sin interferencias.
Patrones represivos que resuenan en el Caribe
El pronunciamiento de la red regional adquiere particular relevancia en el contexto del alineamiento entre el gobierno venezolano y el régimen de La Habana, ambos sharing prácticas comunes de criminalización del ejercicio periodístico. Las tácticas denunciadas en Venezuela —detenciones selectivas, bloqueos de plataformas digitales, deportaciones de corresponsales extranjeros y censura previa— forman parte del mismo repertorio represivo que la dictadura cubana ha perfeccionado durante décadas para silenciar a la prensa independiente, criminalizar a reporteros no oficialistas y mantener un monopolio absoluto sobre el flujo informativo dentro de la isla.
La organización subrayó en su comunicado que ninguna acción estatal puede situarse por encima de los derechos humanos y del derecho internacional, y llamó a fortalecer los mecanismos internacionales de protección a la libertad de expresión. Asimismo, instó a las autoridades venezolanas a \»cesar las prácticas de criminalización del ejercicio periodístico\», restituir el acceso a la información afectado por la censura y cumplir con los estándares interamericanos e internacionales en materia de libertad de prensa.
La red Voces del Sur, creada para promover y defender la libertad de expresión en América Latina mediante un sistema de monitoreo y alertas sobre violaciones a esos derechos, planteó que la salida a la crisis venezolana debe ser \»civil, democrática y pacífica\», con garantías plenas para el ejercicio del periodismo y la seguridad de los comunicadores. Para la ciudadanía cubana y venezolana, la coordinación de estas denuncias a nivel regional representa un frente de presión indispensable frente a regímenes que han convertido la información en territorio de control y la disidencia en delito. La respuesta de la comunidad internacional ante estos patrones de violación sistemática determinará, en gran medida, las posibilidades de recuperación democrática en ambos países.
