Las brigadas de rescate concluyeron la extracción de escombros en el municipio Diez de Octubre tras el colapso de un edificio que cobró la vida de un hombre, mientras paralelamente se desarrolla otra tragedia similar en La Habana Vieja donde tres personas, incluida una niña, habrían perdido la vida. Estos sucesos, acaecidos en menos de 24 horas, exponen nuevamente la profunda crisis de infraestructura que sufre la capital como consecuencia directa de la ineficiencia y el abandono estructural del gobierno cubano.
El primero de los siniestros ocurrió en la intersección de San Bernardino, entre Serrano y Durege, en el Consejo Popular Tamarindo, perteneciente al municipio Diez de Octubre. Tras horas de intensas labores de salvamento, las autoridades de la isla confirmaron la extracción del cuerpo sin vida de Roberto Álvarez Castillo, un hombre de 60 años con domicilio en el municipio El Cerro. Según informaron funcionarios locales, los familiares presentes en el lugar recibieron atención por parte de especialistas de Salud, aunque el desconsuelo fue inevitable ante la magnitud de la pérdida.
El teniente coronel Omar Herrera, segundo jefe de la Policía en La Habana, detalló que las labores de búsqueda contaron con el apoyo de técnicas caninas y bomberos especializados. La complejidad del rescate se debió a las características del inmueble, una edificación antigua de tres pisos pero con puntales considerablemente altos, lo que dificultó el acceso y la remoción segura de los escombros. El desplome atrapó inicialmente a dos personas, pero los reportes indican que una de ellas y otra acompañante lograron salir antes del colapso total, lo que permitió a los rescatistas descartar la presencia de más víctimas bajo los escombros y proceder a la demolición de la estructura restante.
La tragedia no se circunscribió a un solo punto de la capital. En la madrugada de este sábado, el municipio de La Habana Vieja fue escenario de un segundo colapso de gran magnitud. Un edificio multifamiliar ubicado en Monte 722, entre Rastro y Carmen, se desplomó dejando atrapadas a tres personas. Hasta el cierre de esta edición, el ejecutivo cubano no había emitido un informe oficial concluyente sobre el paradero de los afectados, limitándose a confirmar el despliegue operativo. Sin embargo, perfiles oficialistas en redes sociales han señalado el fallecimiento de los tres individuos, entre ellos una niña de apenas siete años de edad, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente.
El Gobierno de La Habana emitió un escueto comunicado a través de sus redes sociales confirmando la movilización de fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos de la capital y la Policía hacia el lugar del siniestro en La Habana Vieja. Asimismo, destacaron la presencia de las principales autoridades del régimen castrista y de vecinos que acudieron al lugar. No obstante, la comunicación oficial ha omitido cualquier mención sobre las causas estructurales que provocaron el colapso, la antigüedad del inmueble o el estado de las viviendas aledañas que podrían estar en riesgo inminente.
Un colapso habitacional que refleja la crisis nacional
Estos derrumbes no son hechos aislados, sino la consecuencia lógica de una política de abandono sistemático hacia el fondo habitacional del país. La situación de la vivienda en Cuba ha alcanzado niveles críticos, agravados por una economía sumida en la inflación, el desabastecimiento de materiales de construcción básicos y la falta de un marco legal e incentivos que permitan a los ciudadanos realizar reparaciones capitales de manera autónoma. El régimen de La Habana ha reconocido de manera implícita su incapacidad para resolver este problema al admitir que, únicamente en la capital, se derrumban aproximadamente 1.000 viviendas cada año.
Las cifras oficiales al cierre de 2024 revelan una radiografía alarmante de la infraestructura nacional: apenas el 65% de las viviendas en el país se encuentran en buen estado técnico. Esto implica que más de un tercio de la vivienda cubana, el 35% restante, está en condiciones regulares o malas, representando una amenaza constante para la vida de sus ocupantes. La antigüedad de las edificaciones, especialmente en zonas históricas y densamente pobladas como La Habana Vieja, Centro Habana y Diez de Octubre, combinada con la inexistencia de un plan efectivo de mantenimiento por parte del Estado, configura un escenario de riesgo permanente donde la vida humana queda supeditada a la suerte.
Ante la escasez crónica de viviendas adecuadas, numerosas familias se han visto obligadas a ingresar a albergues colectivos administrados por el Estado. Sin embargo, estas instalaciones carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, convirtiéndose en espacios de hacinamiento, falta de privacidad y precariedad sanitaria. Esta indignante situación ha llevado a que muchos ciudadanos opten por el retorno a edificaciones declaradas en mal estado, asumiendo el riesgo inminente de un colapso mortal, frente a la alternativa de languidecer en los refugios gubernamentales que no ofrecen soluciones reales a la crisis.
Antecedentes de una tragedia anunciada
Los derrumbes con víctimas mortales, incluyendo adultos mayores y niños, se han repetido con una frecuencia alarmante en los últimos años en toda la isla. La falta de recursos para realizar reparaciones estructurales se suma a la ineficacia burocrática de las instituciones encargadas de la planificación urbana y la construcción. Desde la crisis de los años noventa, el fondo habitacional cubano ha sufrido un deterioro acelerado sin que existan políticas estatales capaces de revertir el daño. A esto se suma el reciente éxodo migratorio, que ha dejado muchas viviendas deshabitadas o en manos de ancianos sin capacidad física ni económica para mantenerlas en pie.
Mientras el gobierno cubano destina cuantiosos recursos a sectores considerados prioritarios para la captación de divisas, como el turismo o la infraestructura hotelera, el fondo habitacional de la población se deteriora sin que exista un control real ni políticas de inversión que mitiguen el desastre. La centralización de la economía y el monopolio estatal sobre la importación de materiales de construcción han creado un cuello de botella que asfixia cualquier intento ciudadano de mejorar sus condiciones de vida.
Consecuencias y responsabilidad estatal
La repetición de estas tragedias exige una revisión profunda de la gestión pública en Cuba, aunque la estructura de poder impide cualquier rendición de cuentas real. La dictadura cubana mantiene un control absoluto sobre la propiedad, la asignación de recursos y la planificación urbana, lo que la hace directamente responsable de la muerte de ciudadanos que habitan inmuebles en ruinas por falta de alternativas y por la inacción gubernamental. La incapacidad para garantizar un derecho básico como la vivienda segura seguirá cobrando vidas mientras no se implementen reformas estructurales que permitan la libre circulación de materiales, la propiedad privada sin trabas y la verdadera participación ciudadana en la reconstrucción del país.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a estas muertes evitables, que son resultado de la violación sistemática del derecho a una vivienda adecuada. Mientras la cúpula del poder en La Habana mantenga sus privilegios y el control irrestricto sobre la vida de los cubanos, las calles de la capital seguirán siendo testigos de derrumbes que sepultan no solo edificios, sino también las esperanzas de supervivencia de una población atrapada en la miseria estructural.
