Yoel Cruz denunció públicamente la muerte de su hermano Yoan, un paciente psiquiátrico de 50 años que falleció por desnutrición en un hospital de La Habana tras pasar semanas desaparecido. Las autoridades de la isla enterraron el cuerpo sin notificar a sus familiares, quienes lo buscaban incansablemente desde el mes de junio, evidenciando un severo colapso de los sistemas de salud y asistencia social en Cuba.
A través de una transmisión en vivo en la red social Facebook, el ciudadano cubano Yoel Cruz expuso la negligencia institucional y el abandono que precedieron al deceso de su hermano, Yoan Cruz. En su intervención, el hombre responsabilizó directamente a la dictadura cubana, encabezada por Miguel Díaz-Canel, así como al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), al Centro de Atención a Deambulantes y a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) por la tragedia. El caso expone una vez más la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran los ciudadanos ante la inoperancia y la falta de transparencia del aparato estatal.
La angustia familiar comenzó el 3 de junio, cuando Yoan, quien padecía de condiciones psiquiátricas, se extravió de su domicilio mientras su hermano se dirigía a su jornada laboral. Ante la ausencia de cualquier comunicación oficial, Yoel acudió dos días después, el 5 de junio, a la estación policial de Aguilara, en el municipio habanero de Diez de Octubre, para presentar la denuncia formal por desaparición. Sin embargo, la respuesta de los cuerpos de seguridad del régimen fue nula, obligando a la familia a iniciar una búsqueda independiente a través de publicaciones en redes sociales, llamadas y visitas a diversas instituciones.
No fue hasta el 21 de julio, más de un mes después, cuando una fuente no identificada informó a Yoel que su hermano había sido trasladado al Hospital Clínico Quirúrgico «Julio Trigo López», ubicado en el municipio Arroyo Naranjo. Según se supo posteriormente, el ingreso había ocurrido el 18 de junio, quince días después de su desaparición, tras ser recogido y alojado en un Centro de Atención a Deambulantes desde donde fue referido para la realización de análisis médicos.
Captura de pantalla de un video publicado por ‘Diario de Cuba’ el 25 de junio, en el que Yoel Cruz interviene para denunciar la supuesta desaparición de su hermano.
La revelación más dolorosa llegó al constatar que Yoan había fallecido el 4 de julio, el mismo día en que cumplía 50 años. El informe médico detalló que la causa directa del deceso fue una combinación de desnutrición aguda, gastroenteritis y complicaciones cardíacas preexistentes, específicamente un engrosamiento del corazón. La muerte de un paciente bajo supuesta custodia estatal por causas vinculadas a la desnutrición pone de manifiesto las precarias condiciones en las que operan los centros de atención social en la isla.
La gravedad de las violaciones institucionales se profundiza ante el hecho de que la familia nunca fue notificada ni del ingreso ni del fallecimiento. Yoan fue enterrado por las autoridades sin el consentimiento de sus familiares. Cruz cuestionó duramente esta arbitrariedad al exhibir una carta emitida por el Centro de Atención a Deambulantes donde constaban el número de carnet de identidad y los apellidos completos de su hermano, lo que hacía factible su localización, especialmente considerando que su rostro y datos circulaban en redes sociales desde el primer día de la búsqueda.
De manera alarmante, el único contacto de la PNR con la familia ocurrió el mismo 4 de julio, fecha del deceso, cuando agentes de la unidad de Aguilera llamaron a Yoel para preguntarle si sabía del paradero de su hermano, ocultando que en ese preciso momento el hombre había muerto en el hospital Julio Trigo. Esta actitud refleja una política de desinformación y encubrimiento por parte de las autoridades, que priorizan el control burocrático sobre la dignidad y el derecho a la información de los ciudadanos.
Publicación de Yoel Cruz en Facebook del 20 d ejulio (Captura de pantalla)
Antes de su desaparición, el abandono institucional ya era evidente en el hogar de los Cruz. Yoel denunció que en los meses previos nunca recibieron la visita de un trabajador social, un psicólogo o personal médico para evaluar las necesidades del paciente. La única asistencia estatal consistía en la visita esporádica de una enfermera cada cinco meses para administrar una inyección, lo que demuestra el desmantelamiento de los programas de atención comunitaria que el gobierno cubano afirma mantener.
El colapso del sistema de salud y la crisis alimentaria
La muerte de Yoan Cruz no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la crisis estructural que atraviesa la isla. El sistema de salud pública cubano, históricamente presentado por el régimen de La Habana como un logro fundamental de su modelo, sufre un colapso acelerado debido a la falta de recursos, la inexistencia de medicamentos básicos y la infraestructura deteriorada. Los pacientes con enfermedades mentales y las poblaciones en situación de calle son las principales víctimas de esta deficiencia sistémica, quedando relegados al olvido en instituciones carentes de recursos para garantizar su alimentación y cuidado.
La desnutrición como causa de muerte en una instalación estatal subraya el impacto de la profunda crisis económica y la inflación galopante que azota al país. Los Centros de Atención a Deambulantes, concebidos para resguardar a los sin techo, operan bajo condiciones de extrema precariedad, sin capacidad para asegurar una dieta mínima adecuada. Mientras el ejecutivo cubano insiste en atribuir la crisis a políticas externas, la realidad interna demuestra una incapacidad manifiesta para gestionar y distribuir los escasos recursos disponibles hacia los sectores más vulnerables de la población.
Inoperancia policial y violación de derechos fundamentales
La falta de respuesta de la PNR ante la denuncia de desaparición expone otra arista crítica del problema: la ineficacia de las instituciones para proteger a la ciudadanía, en contraste con su rapidez para la represión y el control político. La dictadura cubana mantiene un aparato de seguridad altamente eficiente para monitorear disidentes, censurar comunicaciones y reprimir protestas, pero demuestra una total inoperancia cuando se trata de investigar la desaparición de un ciudadano común o coordinar entre instituciones para preservar la vida.
Historicamente, el Estado cubano ha ejercido un control social exhaustivo a través de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y registros centralizados, lo que teóricamente facilitaría el rastreo de personas. Sin embargo, la crisis migratoria, el deterioro de la infraestructura estatal y la apatía de los funcionarios han fracturado este esquema. Que un ciudadano deba recurrir a redes sociales y fuentes anónimas para descubrir que su familiar falleció y fue enterrado semanas atrás, constituye una grave violación de los derechos humanos y una muestra del abandono estatal.
Las declaraciones de Yoel Cruz, quien rechazó de plano las habituales excusas oficiales sobre el embargo y atribuyó la tragedia a la corrupción y negligencia del gobierno, reflejan un creciente cansancio social. La impunidad con la que operan las instituciones de salud y seguridad en la isla permite que casos como este queden impunes, sin investigaciones internas ni sanciones para los responsables directos del abandono.
La tragedia de la familia Cruz proyecta una luz sombría sobre el futuro de los cubanos más vulnerables. Ante la ausencia de mecanismos democráticos que exijan rendición de cuentas al gobierno cubano, la impunidad continuará favoreciendo el deterioro de los servicios públicos. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a estas violaciones sistemáticas, donde el derecho a la vida, la salud y la dignidad son conculcados por un sistema que ha demostrado incapacidad para proteger a sus propios ciudadanos, sumiendo a la población en un desamparo legal y material sin precedentes.
