El reconocido actor Luis Alberto García ha alzado su voz para denunciar el alarmante incremento de la violencia y la criminalidad en Cuba, cuestionando abiertamente la inoperancia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio del Interior (MININT). En un análisis publicado en sus redes sociales, el artista criticó que las fuerzas del orden del régimen de La Habana dediquen sus esfuerzos a perseguir disidentes en lugar de proteger a la población de una delincuencia que amenaza con desbordarse por completo.
Bajo el provocador interrogante «¿Dónde está Bukele?», en clara alusión a las políticas de control penal implementadas por el presidente salvadoreño, García expone una realidad que muchos cubanos sufren a diario en silencio. La mención a Bukele no es casualidad; refleja la desesperación de una ciudadanía que ve con estupor cómo la isla, otrora presentada por la propaganda oficial como un santuario de paz, se hunde en un espiral de inseguridad sin precedentes. El actor advierte sobre el peligro inminente de que se consoliden las llamadas «maras cubanas», un fenómeno que las autoridades se niegan a reconocer oficialmente pero que ya comienza a perfilarse de manera alarmante en los barrios más empobrecidos.
El núcleo de la crítica de García se centra en la distorsionada prioridad de los órganos de seguridad del Estado. Para el artista, la sociedad cubana se enfrentaría a «un dilema menos» si la PNR y el MININT destinaran sus recursos a combatir la delincuencia común en lugar de actuar como el brazo represor de la dictadura contra quienes osan expresar su descontento político o ideológico. Esta percepción es compartida por amplios sectores de la población, que han comprobado cómo la respuesta policial es inmediata y desproporcionada ante cualquier manifestación de disidencia, pero lenta, burocrática o inexistente frente a un asalto, un robo con violencia o un homicidio.
Aunque García reconoce que en Cuba siempre han existido hechos delictivos, riñas o crímenes pasionales, subraya que la magnitud y la brutalidad actuales no pueden ser maquilladas aduciendo simplemente que las redes sociales ofrecen mayor visibilidad a estos sucesos. La impunidad y la frecuencia de los actos violentos han marcado un antes y un después en la convivencia insular. El actor detalla una amplia gama de delitos que hoy azotan a la isla: desde el robo de motocicicletas, teléfonos móviles, joyas y dinero, hasta el saqueo de paneles solares y el hurto de animales, pasando por agresiones derivadas de conflictos personales, celos o los intentos de salida irregular del país.
Consecuencias del abandono institucional y la pobreza estructural
El análisis del intérprete va más allá de la mera descripción de los delitos y se adentra en las causas profundas de este fenómeno. Según García, el estallido de violencia está intrínsecamente ligado al deterioro vertiginoso de las condiciones de vida, a la pobreza acumulada durante décadas y al hacinamiento en el que sobreviven miles de familias. El régimen de La Habana ha intentado vender la narrativa de que ciertas zonas son simplemente «comunidades vulnerables», un eufemismo que, como señala el actor, oculta la realidad de barrios empobrecidos y desatendidos por el Estado durante más de medio siglo.
Esta marginación estructural, impulsada por las políticas fallidas del gobierno cubano, ha creado un caldo de cultivo ideal para la desesperación. Cuando el Estado no garantiza el acceso a bienes básicos, cuando el salario real no permite cubrir las necesidades mínimas de alimentación y vestuario, y cuando el futuro se percibe como un horizonte cerrado, la fricción social inevitablemente se traduce en un aumento de la criminalidad. La violencia que hoy estremece a la nación es, en gran medida, el subproducto directo de un modelo económico y social que ha fracasado estrepitosamente.
A esto se suma la creciente participación de menores y adolescentes en hechos delictivos, un indicador alarmante del nivel de descomposición social que atraviesa el país. Jóvenes que crecen sin expectativas, en entornos familiares fracturados por la crisis migratoria y la pobreza extrema, encuentran en la delincuencia una vía de supervivencia o de pertenencia que el sistema les ha negado. La brutalidad con la que se ejecutan muchos de estos robos y asaltos sugiere una pérdida de valores y un desprecio por la vida humana que apunta al fracaso absoluto del tejido social.
El rotundo fracaso del adoctrinamiento ideológico
En un tono crítico e implacable, Luis Alberto García pone en la mesa de debate uno de los pilares fundamentales del sistema cubano: la educación. El actor cuestiona directamente la eficacia del adoctrinamiento ideológico sostenido durante décadas en las escuelas, donde la formación cívica ha sido sustituida por la memorización de consignas políticas y la exaltación del partido único. García se pregunta con ironía si la repetición diaria de arengas revolucionarias sirvió realmente para forjar mejores ciudadanos, para responderse de forma tajante y contundente: «NO».
Esta respuesta sintetiza una de las grandes derrotas del régimen. El sistema educativo, diseñado para crear «hombres nuevos» leales a la causa, ha demostrado ser incapaz de inculcar valores éticos sólidos, respeto a la propiedad ajena y convivencia pacífica. La hipocresía inherente a un sistema que exige lealtad ideológica mientras niega la libertad y el progreso material ha generado generaciones de ciudadanos desencantados, algunos de los cuales terminan engrosando las filas de la delincuencia ante la ausencia de oportunidades reales y legítimas.
Contexto: La crisis de seguridad bajo el régimen de La Habana
Para entender la magnitud de las declaraciones del actor, es necesario contextualizar la crisis de seguridad que atraviesa la isla. Durante años, la dictadura cubana se vanaglorió internacionalmente de mantener bajos índices de criminalidad, utilizando esta supuesta paz social como un argumento a favor de su modelo autoritario. Sin embargo, esa fachada se ha desmoronado por completo. En los últimos tiempos, medios de prensa independientes y ciudadanos en redes sociales han documentado una oleada de asesinatos, asaltos a mano armada, robos en viviendas y agresiones con armas blancas a lo largo y ancho del territorio nacional.
La percepción de indefensión es generalizada. Los cubanos saben que ante un delito, la probabilidad de que la PNR realice una investigación efectiva es mínima, en gran parte porque los recursos logísticos y tecnológicos de la policía están orientados a la vigilancia y represión política, no a la criminología moderna ni a la protección civil. La impunidad alimenta el ciclo de la violencia, generando un estado de zozobra que afecta la salud mental de la población y restringe aún más sus libertades, ahora coartadas tanto por la represión estatal como por el miedo al delincuente común.
El régimen de La Habana se encuentra en una encrucijada. Reprimir a los delincuentes con la misma saña con la que reprime a los manifestantes pacíficos o a los activistas de derechos humanos implicaría reconocer implícitamente que su modelo ha generado esta marginalidad. Por ello, el gobierno cubano prefiere mirar hacia otro lado, minimizar el problema o culpar a factores externos, mientras la sociedad civil exige soluciones reales y urgentes que el Estado es incapaz de proporcionar.
Luis Alberto García cierra su reflexión con una advertencia directa a quienes, desde la complacencia o el oficialismo, intentan minimizar la gravedad de la situación comparando la violencia cubana con la de otros países de la región. Para el actor, el problema debe ser analizado desde la idiosincrasia y la realidad de la isla, sin escapismos comparativos. «Este es mi país. No es otro», escribe, en un reclamo que resuena como un grito de auxilio y una exigencia de dignidad. La demanda es clara: la población merece un aparato estatal que la proteja de los criminales, en lugar de un sistema que criminaliza la protesta y abandona a sus ciudadanos a su suerte frente al caos y la inseguridad.
