El reconocido actor Luis Alberto García ha puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas que más angustia a la población cubana: el alarmante incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana. A través de un contundente mensaje en redes sociales, el artista cuestionó la inacción de las fuerzas del orden frente al crimen común, contrastando su labor con la represión política ejercida por la dictadura contra los disidentes. Su reflexión, que evoca las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, expone el deterioro irreversible del tejido social en la Isla y la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
En su publicación, García tituló de manera provocadora «¿Dónde está Bukele?», haciendo alusión directa a la estrategia de mano dura implementada en El Salvador para erradicar las pandillas. La interrogante no es gratuita. El actor advierte sobre el peligro latente de que se consoliden estructuras criminales organizadas, algo que durante décadas el discurso oficialista aseguró que era imposible en la Cuba socialista. Sin embargo, la realidad de las calles desmiente rotundamente esa narrativa, mostrando una sociedad donde el temor a la delincuencia se ha instalado como una constante.
El núcleo de la crítica de García se centra en la distorsionada prioridad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio del Interior (MININT). Según el actor, la ciudadanía se vería libre de un enorme peso si estas instituciones dedicaran sus esfuerzos a combatir la delincuencia que azota a los barrios, en lugar de acosar, perseguir y criminalizar a quienes se atreven a expresar su desacuerdo con el gobierno cubano o con el modelo socialista impuesto. Esta dualidad en el accionar de las fuerzas del régimen de La Habana es una constante que ha generado un profundo rechazo popular y evidencia el carácter autoritario del sistema.
Aunque el artista reconoce que la criminalidad no es un fenómeno nuevo en la Isla —pues siempre han existido riñas, robos o crímenes pasionales—, subraya que la magnitud y la brutalidad actuales no pueden ser maquilladas argumentando que las redes sociales simplemente otorgan mayor visibilidad a estos hechos. La violencia ha permeado la cotidianidad de los cubanos, transformando espacios que antes eran relativamente tranquilos en zonas de alto riesgo, donde la ley del más fuerte parece imponerse ante la ausencia del Estado y la impunidad reina en amplios sectores.
El análisis de García vincula directamente el estallido de violencia con el colapso estructural del país. El deterioro de las condiciones de vida, la pobreza acumulada durante décadas, el hacinamiento extremo en viviendas precarias y el abandono total de comunidades enteras son, a su juicio, el caldo de cultivo perfecto para la delincuencia. Esas zonas que la propaganda oficial denominó eufemísticamente como «vulnerables» no son más que barrios empobrecidos y marginados, resultado directo de la ineficiencia y el desinterés del gobierno cubano por sus ciudadanos más desfavorecidos.
La naturaleza de los delitos también ha mutado de manera alarmante. García detalla una escalada de brutalidad en robos que incluyen desde motocicletas, teléfonos móviles, joyas y dinero, hasta paneles solares y animales. La desesperación económica ha llevado a que cualquier bien material, por mínimo que sea, sea objeto de sustracción violenta. A esto se suman agresiones derivadas de celos, conflictos interpersonales e incluso intentos de salida ilegal del país, un delito que la dictadura ha mantenido penalizado como mecanismo de contención migratoria y chantaje.
Un aspecto particularmente preocupante destacado por el actor es la creciente participación de menores y adolescentes en actividades delictivas. Este fenómeno pone en tela de juicio la eficacia del adoctrinamiento ideológico que ha imperado en el sistema educativo cubano desde hace más de seis décadas. Con un tono crítico e irónico, García se pregunta si la repetición obligatoria de consignas revolucionarias en las escuelas ha servido para forjar mejores seres humanos. Su respuesta es categórica y demoledora: no. La formación cívica ha sido sacrificada en aras de la lealtad política, dejando a las nuevas generaciones sin brújula moral ante la crisis.
La denuncia del intérprete resuena con una realidad que millones de cubanos padecen a diario: la sensación de absoluta indefensión. La población se encuentra a merced de los delincuentes, sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades, que a menudo minimizan las denuncias o carecen de los recursos y la voluntad para resolver los casos. Medios independientes y ciudadanos en redes sociales documentan a diario asesinatos, asaltos a viviendas y agresiones con armas blancas a lo largo y ancho del archipiélago, desmintiendo la falsa imagen de oasis de paz que el régimen intenta proyectar al exterior.
Finalmente, García desestima el argumento recurrente de los apologistas del régimen, quienes intentan minimizar la gravedad de la situación comparando las tasas de criminalidad cubanas con las de otros países de América Latina. Para el actor, el problema debe abordarse desde la idiosincrasia y la realidad específica de la Isla. «Este es mi país. No es otro», sentenció, exigiendo una actuación seria y comprometida de las instituciones frente a una inseguridad que amenaza con desbordarse por completo y que el gobierno cubano parece incapaz de contener.
El contexto del colapso de la seguridad en Cuba
Para comprender la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa Cuba, es indispensable remitirse a la transformación del modelo de control social ejercido por la dictadura. Durante décadas, el régimen de La Habana mantuvo un férreo control sobre la población no solo a través de la represión política, sino mediante un estricto sistema de vigilancia vecinal y policial que mantenía la delincuencia común a raya. El intercambio de lealtad política por una supuesta seguridad ciudadana fue la base de un pacto social que hoy se encuentra completamente fracturado.
La incapacidad del Estado para garantizar el suministro de bienes básicos, sumada a la corrupción institucionalizada y la falta absoluta de oportunidades, ha empujado a amplios sectores de la población a la economía informal y, en muchos casos, a la ilegalidad para sobrevivir. Las fuerzas del orden, mal pagadas y desmotivadas, se han visto involucradas en redes de corrupción, restándoles legitimidad y eficacia para combatir el crimen. Mientras tanto, el MININT prioriza la persecución de activistas, periodistas independientes y opositores políticos, destinando sus mejores recursos y agentes a la represión ideológica en lugar de la protección ciudadana.
El surgimiento de pandillas o grupos delictivos organizados no es más que la consecuencia natural de un Estado fallido que ha abandonado sus funciones básicas. Las autoridades cubanas, enfrascadas en mantener el monopolio del poder a toda costa, han permitido que los barrios marginales sean gobernados por la violencia. La falta de una política social integral y la criminalización de la pobreza han creado un ciclo vicioso del cual es cada vez más difícil salir, configurando un escenario de ingobernabilidad que las fuerzas represivas del régimen ya no logran disimular.
Una bomba de tiempo social
Las palabras de Luis Alberto García no constituyen una simple queja ciudadana, sino un diagnóstico certero de una sociedad al borde del abismo. El régimen cubano ha cosechado lo que sembró: décadas de abandono, pobreza estructural y represión selectiva han generado una violencia incontrolable que amenaza la supervivencia misma del tejido social. Exigir políticas de seguridad efectivas en un sistema que privilegia la represión política sobre la vida humana es una paradoja insalvable que define la naturaleza de la dictadura.
La interrogante sobre la figura de Bukele revela la desesperación de una sociedad que, ante la indolancia y la inutilidad de las instituciones, llega a mirar con cierta nostalgia modelos de seguridad drásticos, siempre y cuando estos permitan recuperar la paz en las calles. No obstante, la solución a la criminalidad en Cuba no radicará en medidas represivas aisladas, sino en un cambio estructural profundo que elimine las causas de fondo: la miseria, la falta de libertades y el agotamiento terminal de un modelo político que ha fracasado en todos sus frentes, dejando a su población desamparada frente al crimen y al terror de Estado.
