El reconocido actor Luis Alberto García ha evidenciado en redes sociales la grave crisis de seguridad que atraviesa la Isla, cuestionando abiertamente la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio del Interior ante el avance de la criminalidad. Su crítica refleja un sentimiento generalizado de indefensión entre los cubanos, quienes sufren las consecuencias de un aparato estatal más dedicado a la persecución ideológica que a la protección de la vida y el patrimonio.
En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, García utilizó la interrogante «¿Dónde está Bukele?» como metáfora de la urgencia de una política de seguridad ciudadana efectiva, en clara alusión a las medidas implementadas por el mandatario salvadoreño contra las pandillas. El artista advirtió sobre el riesgo inminente de que se consoliden estructuras criminales organizadas, similares a las maras centroamericanas, en el territorio nacional si las autoridades continúan ignorando el deterioro acelerado del orden público. La referencia a Bukele no es una apología de métodos autoritarios, sino el reflejo de la desesperación de una población que ve cómo la impunidad campea en las calles mientras el Estado mira hacia otro lado.
El núcleo de la denuncia radica en la profunda contradicción de las prioridades institucionales del gobierno cubano. García señaló con meridiana claridad que la ciudadanía tendría «un dilema menos» si la PNR y el MININT destinaran sus ingentes recursos y esfuerzos a combatir la delincuencia común en lugar de hostigar, perseguir y encarcelar a quienes disienten del régimen o critican el fallido modelo socialista. Esta observación apunta directamente a la esencia del sistema, que históricamente ha privilegiado el control político y la supervivencia de la cúpula de poder por encima del bienestar, la tranquilidad y la seguridad real de la población.
Aunque el actor reconoce que la violencia, los robos, las riñas y los crímenes pasionales siempre han existido en la sociedad cubana, subraya que la coyuntura actual trasciende la mera percepción amplificada por el acceso a las redes sociales. El incremento exponencial de los hechos violentos está intrínsecamente ligado al colapso material y estructural que sufre el país. La pobreza acumulada durante décadas, el hacinamiento crónico en viviendas precarias y el abandono sistemático de comunidades enteras conforman el caldo de cultivo perfecto para la desesperación, la frustración y la transgresión de la ley como mecanismo de supervivencia.
Durante años, la propaganda oficialista ha etiquetado a estas zonas marginadas como «comunidades vulnerables», un eufemismo para maquillar la realidad de barrios profundamente empobrecidos y desatendidos por el Estado. La falta de oportunidades laborales dignas, sumada a la escasez permanente de alimentos y medicinas, ha derivado en un aumento de la brutalidad con la que se ejecutan los delitos en la actualidad. Los atracos ya no se limitan a la sustracción de bienes convencionales; la desesperación ha llevado a robos violentos de motocicletas, teléfonos móviles, joyas, paneles solares, animales de granja y dinero, a menudo acompañados de agresiones físicas graves e incluso homicidios.
Otro aspecto alarmante destacado en la publicación es la creciente participación de menores y adolescentes en actividades delictivas, un fenómeno que rompe con el mito de la «juventud revolucionaria». Este hecho plantea un cuestionamiento profundo al sistema educativo cubano, sometido por décadas a un adoctrinamiento ideológico intenso y obligatorio. García se preguntó de manera irónica si la repetición diaria de consignas revolucionarias en las escuelas ha logrado forjar ciudadanos íntegros y respetuosos de la ley, respondiendo con un rotundo «NO» que evidencia el fracaso moral y cívico del modelo impuesto por la dictadura. La educación, secularmente controlada por el Estado, ha demostrado ser incapaz de transmitir valores éticos frente a la crisis.
La queja del intérprete resuena con una preocupación que se ha vuelto cotidiana y angustiosa en los hogares de la Isla. La percepción de indefensión es palpable en cada barrio, donde los ciudadanos constatan la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. Los medios de prensa independiente y las denuncias ciudadanas en redes sociales documentan a diario una estela de asesinatos, asaltos a viviendas, agresiones con armas blancas y conflictos que escalan rápidamente hacia la tragedia, hechos que rara vez encuentran eco en la prensa oficial, más preocupada por mantener una imagen de normalidad inexistente.
Ante la tendencia de ciertos sectores a minimizar la gravedad de la situación comparándola con las altas tasas de criminalidad de otros países de la región latinoamericana, García fue tajante al reclamar un análisis desde la propia idiosincrasia y realidad nacional. La violencia en Cuba debe dimensionarse bajo las particularidades de un sistema que monopoliza los recursos, la justicia y la administración pública, pero que falla sistemáticamente en su deber más elemental de protección. «Este es mi país. No es otro», enfatizó el artista, exigiendo responsabilidad, transparencia y una acción real por parte de las autoridades frente a una inseguridad que diezma la calidad de vida.
Contexto: El colapso social y la prioridad represiva del Estado cubano
La crisis de seguridad que hoy aflora con fuerza en Cuba no es un fenómeno aislado ni el resultado de factores externos, sino la consecuencia directa del fracaso del modelo económico y social impuesto por el régimen de La Habana. Durante años, el gobierno cubano presumió internacionalmente de mantener una isla segura para el turismo, ocultando bajo la alfombra la miseria y la represión que garantizaban ese falso orden. Sin embargo, la profunda crisis productiva, la inflación galopante, el colapso energético y la dependencia de las remesas han destrozado el tejido social. Ante la imposibilidad del Estado de satisfacer las necesidades básicas, amplios sectores de la población han sido empujados hacia la economía informal, el mercado negro y, en muchos casos, hacia la delincuencia como única vía de supervivencia.
Paralelamente, el régimen ha demostrado que su capacidad operativa, logística y represiva se mantiene intacta cuando se trata de sofocar la disidencia política o silenciar el descontento social. Las estructuras del MININT, la PNR y los grupos de respuesta rápida son desplegadas con rapidez y brutalidad para reprimir marchas pacíficas, vigilar a activistas, hostigar a periodistas independientes y detener a ciudadanos por el simple hecho de expresar sus ideas en redes sociales. Esta disparidad escandalosa en el uso de la fuerza pública confirma que, para la dictadura, el enemigo principal no es el delincuente que aterroriza a la comunidad y despoja a las familias de sus escasos bienes, sino el ciudadano consciente que exige sus derechos, libertades democráticas y un cambio de sistema.
Las declaraciones de Luis Alberto García trascienden el ámbito de la anécdota policial para convertirse en un diagnóstico certero e implacable de la Cuba actual. La inseguridad ciudadana es el síntoma más visible de un Estado fallido que, tras décadas de prometer un paraíso igualitario y seguro, ha entregado a su pueblo la pobreza, el miedo, la desesperanza y el abandono institucional. Mientras las prioridades del régimen sigan ancladas en la represión política y el control ideológico, la criminalidad seguirá ganando terreno en las calles de una nación que exige urgentemente no solo justicia social, sino un compromiso real con la vida, la propiedad y la dignidad de sus habitantes.
