El reconocido actor Luis Alberto García ha alzado su voz para evidenciar el alarmante incremento de la violencia y la criminalidad en Cuba, cuestionando abiertamente la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio del Interior (MININT). A través de un mensaje público, el artista expuso cómo el régimen de La Habana prioriza la represión política y la persecución ideológica sobre la protección de los ciudadanos, dejando a la población en un estado de absoluta indefensión ante el auge de la delincuencia.
En una publicación que ha resonado profundamente entre los cubanos, García se preguntó irónicamente «¿Dónde está Bukele?», en clara alusión a las políticas de seguridad implementadas por el presidente salvadoreño para erradicar las pandillas. La interrogante del actor no es casual: refleja la creciente preocupación de una sociedad que observa cómo la impunidad gana terreno en las calles de la Isla, mientras las autoridades hacen la vista gorda ante el surgimiento de lo que él mismo denominó «maras cubanas». El temor a que estas estructuras criminales se consoliden es latente en una población que ya no confía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad.
La crítica del actor se centra de manera contundente en el papel de la PNR y el MININT. García señala con lucidez que los cubanos enfrentarían «un dilema menos» si estos organismos destinaran sus esfuerzos a combatir los delitos comunes en lugar de actuar como aparatos represivos contra quienes disienten del gobierno cubano o cuestionan el modelo socialista. Esta dualidad en el accionar de las fuerzas del orden es una constante en la dictadura: una maquinaria altamente eficiente para silenciar el pensamiento crítico, pero manifiestamente inútil para garantizar la paz pública y proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.
Aunque García reconoce que la violencia, los robos y los crímenes pasionales siempre han existido en la sociedad cubana, advierte que la situación actual ha superado los límites de lo tolerable. El actor descarta la narrativa oficialista que intenta minimizar el problema atribuyéndolo a una mayor visibilidad por las redes sociales. Por el contrario, el incremento de la inseguridad está indisolublemente ligado al deterioro profundo de las condiciones de vida, resultado directo de décadas de políticas fracasadas por parte del régimen de La Habana.
La pobreza acumulada, el hacinamiento crítico y el abandono sistemático de comunidades enteras son, según el análisis del intérprete, el caldo de cultivo para la violencia. Durante años, el gobierno cubano ha etiquetado a estos sectores como «vulnerables», un eufemismo para ocultar la realidad de barrios empobrecidos y desatendidos por el Estado. La falta de oportunidades, la escasez crónica de alimentos y recursos básicos, y la ausencia de un horizonte de progreso han fracturado el tejido social, empujando a muchos hacia la marginalidad y la delincuencia como única vía de supervivencia.
La brutalidad con la que se ejecutan los delitos en la actualidad es otro de los puntos álgidos en la denuncia de García. Los reportes de robos de motocicletas, teléfonos móviles, joyas, dinero e incluso paneles solares —esenciales para paliar la crisis energética— se han vuelto cotidianos. Asimismo, las agresiones motivadas por conflictos personales, celos o los desesperados intentos de salida ilegal del país revelan un nivel de agresividad inusitado, síntoma de una sociedad enferma y profundamente frustrada por el encierro y la crisis sistémica.
Un aspecto particularmente alarmante destacado por el actor es la creciente participación de menores y adolescentes en hechos delictivos. Este fenómeno pone en entredicho la eficacia del adoctrinamiento ideológico que el régimen ha impuesto de manera ininterrumpida en el sistema educativo cubano. Con un tono crítico e irónico, García se cuestiona si la repetición obligatoria de consignas revolucionarias ha servido para forjar mejores ciudadanos. Su respuesta es tajante: «NO». El fracaso del modelo educativo, centrado en la lealtad política antes que en la formación cívica y ética, se hace evidente en las nuevas generaciones que ven en el crimen una alternativa frente a un sistema que no les ofrece futuro.
Las palabras de Luis Alberto García articulan un sentimiento generalizado de orfandad institucional. Los cubanos se sienten desprotegidos ante una ola de violencia que incluye asesinatos, asaltos a viviendas y agresiones con armas blancas, hechos que los medios independientes documentan a diario y que el régimen intenta invisibilizar. La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades confirma que la prioridad del Estado no es el bienestar del pueblo, sino la supervivencia de la propia cúpula de poder.
Finalmente, el actor cierra su reflexión con una advertencia dirigida a quienes intentan minimizar la tragedia cubana mediante comparaciones con la violencia de otros países. Para García, el problema debe abordarse desde la idiosincrasia y la realidad de la Isla. «Este es mi país. No es otro», sentencia, exigiendo una actuación seria y comprometida de las autoridades frente a la inseguridad. Es un llamado a no normalizar el caos y a exigir responsabilidades a un régimen que ha demostrado incapacidad para cumplir su función más básica: proteger a su población.
El contexto: El colapso del pacto social y el fracaso del modelo totalitario
Para comprender la magnitud de la crisis de seguridad que hoy atraviesa Cuba, es indispensable analizarla dentro del marco del colapso generalizado del modelo totalitario impuesto por la dictadura. Durante décadas, el régimen de La Habana justificó la ausencia de libertades y el control policial absoluto bajo la promesa de garantizar una «seguridad ciudadana» que, supuestamente, diferenciaba a la Isla del resto de América Latina. Sin embargo, ese falso pacto social se ha desmoronado estrepitosamente, dejando al descubierto la mentira fundamental sobre la que se erigió el sistema.
La crisis económica prolongada, agravada por la ineficiencia del sistema socialista, el endurecimiento del embargo interno y la falta de reformas estructurales, ha destruido la capacidad adquisitiva de la población. Salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, un sistema de salud en ruinas y un sector energético al borde del colapso han generado un escenario de desesperación generalizada. En este entorno, la delincuencia no es una anomalía, sino una consecuencia directa y predecible de las políticas del gobierno cubano.
Las fuerzas represivas, como el MININT y la PNR, han sido históricamente entrenadas y equipadas no para la prevención del delito común, sino para la vigilancia, el espionaje y la represión de la disidencia. Esta desviación de funciones explica por qué, ante el estallido de la violencia social, la respuesta institucional es tan precaria. La policía cubana, muchas veces corrompida por la misma miseria que intenta combatir, carece de los recursos logísticos y la preparación adecuada para enfrentar una criminalidad cada vez más violenta y desesperada.
El surgimiento de pandillas o «maras» en Cuba, alertado por el actor, representa un punto de no retorno en la degradación social. La juventud, desencantada y sin expectativas, encuentra en la marginalidad un espacio de pertenencia que el Estado ha dejado vacío. La ideología oficial ya no tiene poder de convocatoria ni de contención, demostrando que la represión política no es sustituto del desarrollo social ni de la dignidad humana.
Conclusión
La denuncia de Luis Alberto García trasciende el ámbito policial para convertirse en un diagnóstico certero de la decadencia cubana. La inseguridad ciudadana es el síntoma más visible de un Estado fallido que invierte sus recursos en reprimir la libertad de expresión mientras abandona a su población a merced del hambre y la violencia. Mientras la dictadura se mantenga enfocada en su propia preservación a costa del bienestar común, la sombra de la criminalidad seguirá creciendo sobre Cuba. La solución no pasa por importar políticas de otros países, sino por desmantelar el sistema que ha generado la miseria y la desesperación que hoy amenazan la supervivencia de la nación.
