El reconocido actor Luis Alberto García ha roto el silencio para denunciar el alarmante incremento de la violencia y la criminalidad en Cuba, cuestionando de manera frontal la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio del Interior (MININT). En un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista ha expuesto la cruda realidad de una sociedad que sufre el abandono institucional y la indefensión, mientras las fuerzas del orden se dedican prioritariamente a la represión política en lugar de garantizar la seguridad ciudadana.
La intervención del intérprete lleva por título una interrogante que resuena con fuerza en la isla: «¿Dónde está Bukele?». Con esta alusión al presidente salvadoreño, conocido por su política de mano dura contra las pandillas, García ha lanzado una advertencia severa sobre el deterioro de la seguridad en el país. Su temor es que el régimen de La Habana espere a que se consoliden verdaderas «maras cubanas» antes de adoptar medidas efectivas, lo que dejaría a la población a merced de la violencia descontrolada.
En el centro de su crítica reside una acusación que muchos cubanos comparten en silencio. García sostiene que la ciudadanía se enfrentaría a «un dilema menos» si la PNR y el MININT destinaran sus esfuerzos a combatir los delitos comunes que azotan a las comunidades, en lugar de obsesionarse con perseguir, hostigar y encarcelar a quienes se atreven a expresar su desacuerdo con el gobierno cubano o con el modelo socialista. Esta dualidad en el accionar de las fuerzas represivas evidencia las prioridades de la dictadura: el control ideológico por encima del bienestar y la protección de los ciudadanos.
El actor reconoce que la isla no ha sido ajena a la violencia en el pasado, con sus riñas, crímenes pasionales, ajustes de cuentas y robos esporádicos. Sin embargo, subraya que la situación actual trasciende la mera percepción amplificada por las redes sociales. El nivel de brutalidad y la frecuencia de los hechos delictivos han alcanzado cotas inéditas, reflejando un colapso social que las autoridades intentan maquillar o ignorar, incapaces de asumir su responsabilidad directa en este escenario.
El análisis de García apunta directamente a las raíces del problema. El incremento de la violencia está indisolublemente ligado al deterioro profundo de las condiciones de vida impuesto por el sistema. La pobreza acumulada durante décadas, el hacinamiento en viviendas precarias y el abandono absoluto de comunidades enteras son factores determinantes. El régimen de La Habana ha etiquetado durante años a estos sectores como «vulnerables», un eufemismo para ocultar que son, en realidad, barrios empobrecidos y desatendidos por la incompetencia y desidia gubernamental.
La enumeración de los delitos que actualmente azotan a la población es escalofriante. García menciona robos violentos de motocicletas, teléfonos móviles, joyas, dinero en efectivo, paneles solares e incluso animales. A esto se suman agresiones graves motivadas por celos, conflictos interpersonales y los desesperados intentos de salida ilegal del país. La brutalidad con la que se ejecutan estos ilícitos revela un quiebre en el tejido social, donde la supervivencia y la impunidad han desplazado a la ley y el orden.
Uno de los aspectos más preocupantes de su denuncia es la creciente participación de menores y adolescentes en actividades delictivas. García cuestiona duramente la eficacia del adoctrinamiento ideológico que ha imperado en el sistema educativo cubano. Con un tono irónico y mordaz, se pregunta si la repetición obligatoria de consignas revolucionarias ha servido para forjar mejores ciudadanos. Su respuesta es categórica: «NO». Décadas de propaganda estatal han fracasado estrepitosamente en la formación cívica, dejando en su lugar un vacío moral que ahora se traduce en violencia juvenil.
Las palabras del actor reflejan una angustia que se ha generalizado en la población cubana: la percepción de total indefensión. Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, los ciudadanos se sienten solos frente al peligro. Mientras el gobierno cubano mantiene un hermetismo informativo sobre la inseguridad, los medios independientes y las redes sociales documentan a diario asesinatos, asaltos a viviendas, agresiones con armas blancas y hechos de violencia en diversas provincias, desmintiendo la falsa imagen de un paraíso seguro.
García concluye su mensaje con una advertencia directa a aquellos que, ya sea desde la oficialidad o desde posiciones cómodas, intentan minimizar la gravedad de la situación comparándola con la violencia de otros países de la región. Para el artista, el problema debe abordarse desde la idiosincrasia y la realidad cubana, sin escudos comparativos. «Este es mi país. No es otro», sentencia, reclamando una actuación seria y comprometida de las instituciones que, hasta ahora, han demostrado una absoluta incapacidad para proteger a su pueblo.
Contexto: El colapso social y la prioridad represiva en Cuba
El incremento de la criminalidad en Cuba no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de múltiples crisis sistémicas que el régimen de La Habana se niega a reconocer. La economía planificada ha fracasado, llevando a la mayoría de la población a la indigencia o a la dependencia de remesas. En este entorno de escasez extrema, inflación galopante y apagones prolongados, la desesperación empuja a muchos hacia la delincuencia como único medio de supervivencia. El Estado, lejos de generar políticas de desarrollo, responde con un endurecimiento del control social.
El papel del MININT y la PNR es un reflejo de las prioridades de la dictadura. Estas instituciones fueron diseñadas y entrenadas fundamentalmente para la vigilancia política, la infiltración de la sociedad civil y la represión del disenso. Su estructura no está optimizada para la investigación criminal compleja ni para la prevención del delito común. Cuando un ciudadano es víctima de un robo o una agresión, la respuesta policial suele ser lenta, burocrática o inexistente, contrastando con la rapidez y eficiencia con la que actúan para reprimir una protesta o silenciar a un opositor.
El surgimiento de grupos delictivos organizados, o la temida consolidación de «maras», encuentra un caldo de cultivo en los barrios marginados. Estos territorios, abandonados por la infraestructura estatal, carecen de servicios básicos, espacios recreativos y oportunidades laborales. La juventud en estas zonas, desencantada de las promesas revolucionarias y sin horizonte alguno, es fácilmente absorbida por la violencia. El gobierno cubano, que históricamente presumió de erradicar el analfabetismo y la delincuencia, asiste impotente al fracaso de su propio modelo social.
La crítica de Luis Alberto García a la educación es especialmente pertinente. El sistema educativo cubano, más que un espacio de formación integral, ha funcionado como un aparato de propaganda. Las escuelas priorizan la afiliación a organizaciones políticas juveniles y el aprendizaje de doctrinas marxistas sobre la educación cívica, la ética y el respeto a la propiedad y la vida. El resultado es una generación huérfana de valores morales, donde el fin justifica los medios y la violencia se normaliza como herramienta para resolver conflictos o conseguir recursos.
Además, es indispensable analizar el factor de la impunidad. En un sistema donde la justicia está supeditada al poder político, la aplicación de la ley se vuelve arbitraria. Los ciudadanos han perdido la confianza en los tribunales y en la policía, sabiendo que la corrupción también ha penetrado a las filas del orden público. No son pocos los casos donde los propios agentes de la PNR se ven involucrados en redes de extorsión o en el cobro de sobornos para ignorar actividades delictivas. Esta podredumbre institucional, mantenida por la dictadura, hace imposible cualquier estrategia real de seguridad ciudadana.
En definitiva, la inseguridad ciudadana que hoy asola a Cuba es otra herida abierta por el sistema totalitario. Mientras la dictadura persista en criminalizar la protesta y blindar su permanencia en el poder a cualquier costo, la calle quedará entregada al caos. La pregunta «¿Dónde está Bukele?» no es solo un llamado a la mano dura, sino un grito desesperado ante un Estado que ha abandonado su función primordial: proteger la vida y la integridad de sus ciudadanos, prefiriendo salvaguardar la supervivencia de una cúpula militar y política que ha llevado a la nación al abismo.
