Mientras la población cubana sufre un apagón que afecta a más de la mitad del territorio nacional, las autoridades de la isla anunciaron un descuento del cuatro por ciento en el pago de la factura eléctrica para quienes utilicen la plataforma MiTransfer. La medida, que busca incentivar el pago digital, contrasta de forma evidente con la incapacidad del sistema para garantizar el suministro básico de energía.
Según informó la aplicación Transfermóvil en sus redes sociales, la promoción estará vigente durante los primeros diez días de marzo. El ejecutivo cubano, a través del medio oficial Cubadebate, justificó la iniciativa como un esfuerzo para \»facilitar el cumplimiento de las obligaciones\» de los ciudadanos sin necesidad de acudir a oficinas comerciales o utilizar efectivo. Sin embargo, la respuesta popular en redes ha evidenciado el descontento generalizado ante la paradoja de cobrar por un servicio que escasea en la cotidianidad.
El anuncio de recaudación coincide con uno de los momentos más críticos del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La Unión Eléctrica (UNE) reportó un déficit de 1.648 megavatios (MW) para el pico nocturno, lo que se traduce en una afectación directa del 53% del país. La demanda máxima alcanza los 3.180 MW, frente a una disponibilidad real de apenas 1.532 MW, dejando a gran parte de la población sin fluido eléctrico durante las horas de mayor consumo.
Un colapso estructural que asfixia a la población
Las causas del desabastecimiento energético son profundas y reflejan la ineficiencia del modelo de gestión del régimen de La Habana. Una gran parte de la generación térmica se encuentra inoperativa debido a averías crónicas y mantenimientos interminables, mientras que la generación distribuida sufre la escasez constante de combustible e insumos básicos. Aunque el gobierno cubano ha incorporado nuevos parques solares, su impacto es insuficiente y limitado al horario diurno, sin lograr compensar la pérdida de capacidad de las centrales termoeléctricas ni cubrir los picos de consumo nocturnos.
La desconexión entre las prioridades estatales y la realidad ciudadana refleja la falta de respuesta institucional ante una emergencia que se consolida como uno de los problemas más agudos del país. Mientras la maquinaria burocrática se enfoca en garantizar los canales de cobranza, la ciudadanía enfrenta las consecuencias de un sistema al límite, con un impacto directo en la conservación de alimentos, el descanso y la ya mermada actividad económica. La persistencia de este modelo augura un agravamiento de las condiciones de vida y un aumento inevitable de la tensión social en el corto plazo.
