La crisis de seguridad ciudadana que atraviesa Cuba hunde sus raíces en más de seis décadas de políticas gubernamentales que destruyeron el tejido económico y social de la isla. Lejos de ser un fenómeno aislado, el recrudecimiento delictivo contemporáneo encuentra un inesperado marco analítico en los escritos de José Martí sobre antropología criminal, cuya lectura resuena con una vigencia estremecedora frente al colapso institucional promovido por el régimen de La Habana.
El panorama criminológico cubano actual está marcado por delitos perennes cuya génesis se remonta a los primeros años de la revolución, cuando la eliminación de la propiedad privada y la estatización de actividades económicas como la ganadería generaron las condiciones estructurales para la delincuencia. El abigeato, por ejemplo, dejó de ser una práctica marginal para convertirse en un fenómeno sistémico desde el momento en que las carnicerías privadas pasaron a manos del Estado en la década de 1960. Lo que comenzó como una medida de control económico se transformó en el principal obstáculo para el desarrollo ganadero de la isla, evidenciando cómo la intervención hostil del poder sobre la propiedad y la iniciativa individual engendra sus propias patologías sociales.
La castración de la libertad de pensamiento, impuesta bajo el eufemismo de la \»moral socialista\», ha operado como un mecanismo de distorsión ética que el gobierno cubano ha cultivado durante décadas. Al reducir o anular la propiedad privada y someter la conciencia nacional a los parámetros del modelo totalitario, las autoridades de la isla han creado un caldo de cultivo en el que la sobrevivencia se impone sobre la legalidad. El resultado es una sociedad que subsiste en condiciones de criminalidad comparables a las peores épocas de la historia cubana: el bandolerismo colonial, el gánsterismo republicano y la violencia política de la dictadura de Fulgencio Batista, ahora replicadas bajo un sistema que nació prometiendo erradicar precisamente esos males.
El recrudecimiento de la violencia y el \»animus necandi\»
Lo que distingue al momento actual de etapas delictivas anteriores es el visible incremento del animus necandi, la intención de matar, entre quienes cometen delitos. La criminalidad agravada se manifiesta en un número creciente de personas lesionadas o muertas en hechos violentos cuya explicación última no reside en supuestas predisposiciones individuales, sino en la acción u omisión deliberada de políticas públicas por parte del Estado. La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar condiciones mínimas de vida, el desabastecimiento crónico, la inflación galopante y la ausencia de oportunidades legítimas configuran un escenario en el que la transgresión de la ley se convierte en estrategia de supervivencia antes que en excepción moral.
Es en este contexto donde los apuntes de José Martí adquieren una resonancia particular. En mayo de 1888, escribiendo para el diario La Nación de Buenos Aires, Martí reseñó el congreso de antropología criminal celebrado en Nueva York, en plena efervescencia de las teorías positivistas del italiano Cesare Lombroso. Frente a la idea lombrosiana del \»delincuente nato\», Martí alineó su pluma con la tesis del médico inglés Henry Maudsley, argumentando que el crimen no es producto de anomalías craneales ni de predisposiciones biológicas, sino de condiciones sociales y culturales. \»La voluntad, las asociaciones, la cultura, sofocan, así como su falta favorecen los gérmenes del delito\», escribió Martí, recogiendo las palabras de Maudsley en una afirmación que describe con precisión quirúrgica lo que ocurre en la Cuba contemporánea: la ausencia de cultura cívica, la destrucción de las asociaciones libres y la aniquilación de la voluntad individual bajo el peso del control estatal han favorecido precisamente esos gérmenes.
El criminal y el sistema: una correspondencia inevitable
Martí, a través de Maudsley, ofreció además una reflexión que trasciende su época y alcanza una dimensión casi profética respecto a los regímenes que prosperan mediante el control y la expropiación. El antropólogo inglés, citado por el Maestro, señalaba que el criminal no se distingue de la gente honrada, y comparaba a quienes medran mediante estrategias financieras depredadoras con \»piratas modernos\», tan alevosos en sus cálculos como los delincuentes comunes. Esta observación resulta especialmente pertinente para analizar una dictadura que ha construido su legitimidad sobre la retórica de la justicia social mientras sus dirigentes acumulan privilegios inaccesibles para la mayoría de la población. La línea que separa al delincuente común del delincuente de Estado se difumina cuando ambos operan bajo la misma lógica de expropiación y impunidad.
Las consecuencias de este ecosistema delictivo, nutrido por el abandono institucional y la represión sistemática de la iniciativa ciudadana, se proyectan hacia un futuro cada vez más incierto para los cubanos. La inseguridad ciudadana se suma al exodo migratorio masivo, al colapso de los servicios públicos y a la profundización de la pobreza como síntomas de un modelo agotado que se resiste a reformarse. La comunidad internacional, mientras tanto, observa con una pasividad preocupante cómo un país de once millones de personas se desintegra bajo el peso de políticas que, como bien anticipó Martí hace más de un siglo, no requieren cráneos deformes ni lobos predispuestos para generar criminalidad: basta con arruinar la voluntad, destruir las asociaciones y negar la cultura. La vigencia del pensamiento martiano no es un homenaje retórico; es un diagnóstico certero de los costos humanos de un sistema que fracasó en todo excepto en su capacidad para perdurar.
