Cientos de residentes en las provincias orientales de Cuba aseguran que la ayuda humanitaria destinada a mitigar los estragos del huracán Melissa no ha llegado a las comunidades más afectadas. A casi dos semanas del desastre, que dejó más de 90.000 viviendas dañadas y 100.000 hectáreas de cultivos arrasadas según datos del Sistema de Naciones Unidas, los testimonios de ciudadanos en Holguín, Santiago de Cuba y Granma evidencian un panorama de precariedad, desabastecimiento y presunto desvío de recursos por parte de las autoridades.
Las denuncias ciudadanas contradicen frontalmente el discurso oficial del gobierno cubano. Vecinos de distintos municipios de Holguín reportaron haber recibido raciones ínfimas, como una libra de arroz, azúcar o chícharo, e incluso alimentos que fueron descontados de la cuota mensual regulada. En barrios como Vista Alegre, los residentes aseguran que no han recibido ni ventas ni donaciones, y que continúan sin servicio eléctrico debido a la falta de reparación de los transformadores dañados por el ciclón. La sensación generalizada entre la población es de un abandono absoluto por parte del Estado.
En Santiago de Cuba, los testimonios apuntan a la comercialización de productos en mal estado bajo la apariencia de ayuda. Un residente de Chivirico, en el municipio Guamá, denunció la venta de arroz deteriorado, chícharos añejos y latas de sardinas a punto de vencer, presuntamente provenientes de donaciones internacionales. Situaciones similares se replican en Palma Soriano y en la provincia de Granma, donde los habitantes afirman que, pese a lo anunciado en los noticieros nacionales, la distribución de la canasta básica sigue paralizada y las familias permanecen enfermas, sin agua potable y sin corriente eléctrica.
Opacidad y crisis estructural en la gestión de recursos
El presunto desvío de donativos no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La falta de transparencia en la distribución de recursos por parte del régimen de La Habana ha generado un clima de desconfianza generalizada. Cubanos desde el exterior exigen fiscalización pública sobre el destino de las toneladas de alimentos, ropa y medicamentos donados por la comunidad internacional. Esta opacidad institucional se suma a la hiperinflación, el colapso del sistema eléctrico nacional y el déficit crónico de alimentos que ya sufría la población antes del desastre natural.
La incapacidad de la dictadura cubana para garantizar la distribución equitativa y transparente de la ayuda humanitaria no solo agrava la emergencia sanitaria y alimentaria en el oriente del país, sino que amenaza con endurecer las condiciones bajo las cuales la comunidad internacional envía futuros recursos. Ante la pasividad estatal y la represión a la libertad de expresión, los afectados se ven obligados a sobrevivir por cuenta propia. El manejo de esta crisis post-huracán reafirma el desgaste del modelo impuesto y proyecta un escenario de mayor inestabilidad social y profundización del éxodo migratorio en los meses venideros.
