Las organizaciones independientes Observatorio de Género (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) confirmaron tres nuevos feminicidios en la isla, elevando a 30 el subregistro de crímenes mortales machistas en lo que va de 2025. Las víctimas, asesinadas por sus parejas o exparejas en Holguín y Matanzas, evidencian el aumento de la violencia de género en un país que carece de políticas estatales efectivas y marco legal para proteger a las mujeres.
Los casos verificados por ambas plataformas corresponden a Damaris Ricardo Martínez, de 48 años, asesinada el 28 de agosto en su domicilio de Cueto, Holguín, a manos de su pareja, quien posteriormente se quitó la vida. El segundo crimen ocurrió el 25 de agosto en Carlos Rojas, Matanzas, donde Dayli Villa Ortiz, de 24 años, perdió la vida a manos de su pareja en presencia de una de sus hijas, lo que exige atención psicológica inmediata para la menor. El tercer feminicidio confirmado fue el de Yolennis Rojas Rojas, de 32 años, ultimada el 29 de julio por su expareja en el barrio Corojal de La Palma, en Rafael Freyre, Holguín. Durante este último ataque, el padre de la víctima resultó gravemente herido al intentar defenderla, poniendo de manifiesto la urgencia de sistemas de protección para las mujeres que intentan salir de hogares violentos.
Frente a la labor de las organizaciones de la sociedad civil, el régimen de La Habana mantiene una postura de opacidad estadística. A mediados de este año, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad estatal, reportó que los tribunales concluyeron en 2024 procesos por 76 asesinatos de mujeres por razones de género. Sin embargo, las autoridades de la isla se niegan a utilizar el término \»feminicidio\», limitándose a conceptos como \»violencia de género extrema\» para evadir la tipificación legal del delito y la responsabilidad institucional que esto conlleva.
Opacidad institucional y represión al activismo
Desde 2019, el OGAT y YSTCC han documentado 267 feminicidios en Cuba, una labor que realizan en un entorno profundamente hostil. La dictadura cubana no solo omite la creación de una ley integral contra la violencia de género y de protocolos públicos de protección, sino que además criminaliza el activismo feminista y restringe el acceso a fuentes institucionales. La inexistencia de estadísticas oficiales sistemáticas, con metodologías claras y datos desagregados, impide a la ciudadanía dimensionar la magnitud real de esta crisis estructural y dificulta el diseño de políticas de prevención.
El incremento de la violencia machista en la isla es una consecuencia directa de la inacción del ejecutivo cubano, que delega la responsabilidad de proteger a las mujeres a un sistema judicial ineficaz y carente de perspectiva de género. Mientras persista la negación estatal del problema y la represión contra quienes lo denuncian, las cubanas seguirán enfrentando la vulnerabilidad absoluta frente a sus agresores. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben exigir al gobierno la implementación inmediata de medidas de protección, el fin de la censura sobre las cifras reales de violencia y el respeto a las organizaciones que documentan esta crisis humanitaria.
