El exgobernante cubano Raúl Castro rompió su silencio público tras ser imputado por la justicia estadounidense por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, mediante una carta difundida por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) en la que ensalza la doctrina militar de \»Guerra de todo el pueblo\» en medio de una creciente escalada de sanciones desde Washington.
El mensaje, fechado el 11 de junio y publicado en redes sociales oficiales por el MINFAR, destaca el papel del Ejército Occidental como \»pilar fundamental en la defensa de la soberanía\» y en la implementación de la doctrina que contempla la movilización total de la población civil ante un conflicto armado. Aunque la misiva no menciona explícitamente la imputación ni hace referencia directa a Estados Unidos, su divulgación resulta inequívoca en el contexto actual: apenas tres semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara una acusación ampliada contra Castro por su presunta responsabilidad en el ataque de 1996 que costó la vida a cuatro ciudadanos, y en plena ofensiva sancionadora de la administración de Donald Trump contra el régimen de La Habana.
La carta constituye la primera declaración pública del exmandatario desde que el 20 de mayo se diera a conocer la imputación, que incluye cargos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos por destrucción de aeronaves. Según la Fiscalía, los aviones militares cubanos que lanzaron misiles aire-aire contra las dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate operaban dentro de la cadena de mando supervisada entonces por Raúl Castro en su calidad de ministro de las Fuerzas Armadas. El ataque, perpetrado el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales, provocó la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Sanciones y militarización: la respuesta del régimen
La divulgación del documento coincide con un endurecimiento sin precedentes de la política estadounidense hacia la isla. El 4 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de personas bloqueadas al gobernante Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza, y a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto de Raúl Castro, respectivamente. La medida se extendió también al propio MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la agencia Amistur y la empresa Minera La Victoria. A ello se suma el anuncio de nuevas sanciones contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), eje del sistema de importación, refinación y distribución de combustibles de la isla, como parte de la ofensiva económica de Washington.
Castro había reaparecido públicamente el 5 de junio durante un acto por su nonagésimo quinto cumpleaños y el aniversario 65 del Ministerio del Interior. En esa ceremonia, Díaz-Canel calificó la causa penal estadounidense de \»infamia\» y respondió con una advertencia de carácter militar: \»Si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar, que no quepan dudas: habrá combate decidido y firme\», declaró ante los asistentes en el Teatro Karl Marx. La nueva carta del exgobernante refuerza esa línea beligerante al elogiar la trayectoria del Ejército Occidental en \»importantes misiones internacionalistas\» y en la \»preparación defensiva de la población\».
La retórica bélica como pantalla ante la crisis interna
El recurso a la retórica militar y la exaltación de la doctrina de \»Guerra de todo el pueblo\» no es novedoso en la historia reciente de la dictadura cubana. Sin embargo, su reactivación en este momento adquiere una dimensión particular: el régimen de La Habana enfrenta simultáneamente una crisis económica sin solución a la vista, un éxodo migratorio récord, un colapso generalizado de los servicios públicos y un aislamiento diplomático creciente. En ese escenario, la apelación al enemigo externo y la militarización del discurso cumplen una función política clara: desviar la atención de las responsabilidades del poder en el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía y consolidar la cohesión interna de las fuerzas armadas como pilar de contención del sistema.
Para la población cubana, las consecuencias de esta escalada se materializan en el endurecimiento de las condiciones económicas y en el riesgo de que la retórica bélica se traduzca en un mayor control represivo sobre la sociedad civil. Mientras las autoridades de la isla priorizan la confrontación verbal y el despliegue simbólico de su aparato militar, las sanciones externas recaen sobre un sistema energético ya colapsado y sobre una población que no ha sido consultada sobre el rumbo de una política que la afecta de manera directa. La comunidad internacional, por su parte, observa con preocupación cómo un conflicto bilateral que permanecía relativamente contenido se intensifica sin que medie ningún mecanismo de diálogo creíble, y con una dirigencia en La Habana que parece apostar por la radicalización del discurso antes que por la apertura de vías de solución a la profunda crisis que atraviesa el país.
