La dirección del centro penitenciario Combinado de Sandino, en Pinar del Río, decomisó el teléfono móvil a Ana Belquis Márquez Rodríguez, madre de un recluso, y le suspendió el derecho de visita por seis meses. El acto, calificado de arbitrario por la afectada, evidencia una vez más el abuso de poder y la extorsión sistemática contra los familiares de los presos en la isla.
Márquez Rodríguez acudió al penal el pasado 4 de noviembre para visitar a su hijo, José Manuel Olivera Márquez, quien cumple una condena de ocho años de prisión desde julio de 2022. Al ingresar, las autoridades del recinto le exigieron dejar sus pertenencias. Según denunció la mujer, el régimen penitenciario obliga a los familiares a pagar entre 50 y 60 pesos para guardar sus teléfonos en viviendas particulares aledañas a la prisión. Al carecer de dinero para ese \»servicio\» tras comprar los víveres para su hijo, la maestra optó por dejar el dispositivo apagado dentro de su cartera en el guardabolsos militar, una práctica que había realizado en ocasiones anteriores sin contratiempos.
Sin embargo, la militar encargada del registro revisó su bolso y halló el equipo. Ante la situación, el director del penal, teniente coronel Euclides Reloba Baños, ordenó la confiscación del teléfono como castigo. Además, le revocó el derecho de visita durante medio año e impidió la entrega de los alimentos, obligando a la ciudadana, residente en el municipio de San Juan y Martínez, a regresar a su hogar con todos los víveres que había logrado adquirir para el recluso.
Represión y extorsión en el sistema penitenciario
El incidente refleja la política de hostigamiento y control que ejerce la dictadura cubana no solo sobre los reclusos, sino también sobre sus familiares. La imposición de tarifas arbitrarias para custodiar objetos personales en las inmediaciones de las prisiones constituye un mecanismo de extorsión que afecta a una población ya castigada por la profunda crisis económica, el desabastecimiento y la inflación galopante. La confiscación de bienes personales sin proceso legal alguno y la suspensión caprichosa de las visitas son violaciones flagrantes de los derechos ciudadanos.
La afectación para Márquez Rodríguez es doblemente grave, ya que el dispositivo incautado es su principal herramienta de trabajo como maestra, donde almacena todo el material didáctico para impartir sus clases. Ante sus reclamos, el director del penal le advirtió que el teléfono \»estaba perdido\» y que no tenía derecho a reclamarlo ante las instancias del Ministerio del Interior. Esta actuación confirma la impunidad con la que operan las autoridades carceleras en la isla, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión total frente a los abusos del Estado y profundizando el aislamiento de los reclusos y sus familias.
