La presa política Lizandra Góngora, condenada a 14 años por su participación en las protestas del 11J, permanece recluida en la prisión de Los Colonos sin la atención ginecológica que requiere debido a un fibroma uterino. Las autoridades de la isla han negado el seguimiento médico especializado, agravando el estado de salud de la reclusa y profundizando el sufrimiento de su familia.
Ángel Delgado, esposo de la reclusa, detalló a medios independientes que a Góngora se le diagnosticó en marzo de 2023 un fibroma de cinco centímetros que le provoca hemorragias frecuentes y fuertes dolores. Tras una hospitalización a mediados de 2024 debido a la severidad de los síntomas, el régimen de La Habana ha interrumpido su tratamiento. La excusa esgrimida por los funcionarios es la falta de personal capacitado en la Isla de la Juventud para realizar la intervención quirúrgica necesaria. Ante la ausencia de medicamentos en el penal, la familia debe asumir el suministro de analgésicos para mitigar el malestar de la prisionera.
La negligencia médica se suma a las constantes arbitrariedades del sistema penitenciario. Delgado recibió un acta de advertencia tras su última visita por exigir atención para su esposa. Además, el gobierno cubano ha amenazado a la familia con trasladar a Góngora a prisiones en provincias tan distantes como Guantánamo o Pinar del Río si solicitan el acercamiento familiar. Actualmente, la prisionera se encuentra a cientos de kilómetros de su residencia en Güira de Melena, Artemisa, y enfrenta severas restricciones en sus llamadas telefónicas, impidiéndole la comunicación con sus allegados incluso en los horarios establecidos.
Hostigamiento intracarcelario y responsabilidad del Estado
La situación de Góngora incluye un patrón de hostigamiento orquestado desde la Policía política. Reportes indican que una reclusa común, Yasnay Casamayor Correa, condenada por malversación y que labora en la oficina de la Policía Nacional Revolucionaria dentro del penal, ha sido utilizada para acosar a la presa política e intentar desacreditarla con falsas acusaciones de ser informante de la Seguridad del Estado. Esta táctica de desestabilización psicológica es recurrente en las cárceles cubanas contra activistas y manifestantes que desafían el poder.
Lizandra Góngora, de 38 años y madre de cinco hijos —tres de ellos menores de edad—, es una de las mujeres que recibió las sanciones más severas tras el estallido social del 11 de julio de 2021, siendo condenada por sedición, desorden público y desacato. Su caso, recientemente reconocido como finalista del Premio Graciela Fernández Meijide otorgado por CADAL a presos políticos en América Latina, evidencia la política de crueldad y aniquilación física y psicológica que la dictadura cubana mantiene contra quienes se atreven a exigir libertades.
La inacción médica, el aislamiento geográfico y el acoso intracarcelario impuesto a Góngora representan una violación flagrante de los derechos humanos. Este episodio refleja no solo el colapso del sistema sanitario y penitenciario en la isla, sino también la utilización de las condiciones de reclusión como un arma de tortura lenta contra los disidentes. La persistencia de estas prácticas exige una condena firme por parte de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, así como el monitoreo constante de la integridad de los cientos de presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas.
