El periodista independiente Ángel Cuza Alfonso fue liberado de la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, aunque continúa bajo estricto control policial y enfrenta un proceso judicial. Las autoridades de la isla le imputan el delito de \»portación de explosivos\» por la supuesta tenencia de un casquillo de bala, en lo que constituye una nueva muestra de hostigamiento judicial contra la prensa no oficialista.
En un testimonio difundido a la prensa independiente, Cuza confirmó su salida del centro penitenciario, pero advirtió que la represión estatal no ha cesado. Agentes de la Seguridad del Estado le ordenaron presentarse en la unidad policial de Tercera y 110, en el municipio Playa de La Habana, para firmar documentos que lo mantienen vinculado al proceso judicial hasta la celebración de un juicio. El comunicador señaló que la acusación se basa en la posesión de un casquillo de bala, un cargo que considera totalmente inventado para justificar su acoso.
Apenas horas después de su excarcelación, el periodista denunció las amenazas directas de sus captores. Los agentes le advirtieron que \»a la mínima\» infracción será enviado a una prisión en Matanzas. Esta presión psicológica se suma a los tratos inhumanos que Cuza sufrió durante su reclusión en Guanajay, a donde fue trasladado meses atrás bajo el pretexto de integrar una supuesta lista de reclusores \»plantados\». Desde la cárcel, el comunicador había denunciado las deplorables condiciones de su encierro, llegando a afirmar que prefería la muerte antes que seguir soportando el encarcelamiento.
Hostigamiento sistemático contra la prensa independiente
El caso de Ángel Cuza no es un hecho aislado, sino que refleja el modus operandi de la dictadura cubana frente a quienes ejercen el periodismo al margen del control estatal. Ante la profundización de la crisis estructural de la isla, caracterizada por la hiperinflación, el colapso de los servicios básicos y el éxodo migratorio masivo, el gobierno cubano ha intensificado la censura y la persecución política para silenciar el descontento social. La apertura de causas penales con pruebas fabricadas y el uso de la prisión preventiva como castigo son tácticas recurrentes para desincentivar la labor informativa.
La situación legal del periodista mantiene un clima de incertidumbre que restringe severamente su libertad de movimiento y expresión. Mientras el régimen de La Habana continúe utilizando el aparato judicial como herramienta de control político, la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los derechos humanos deberán mantener su escrutinio sobre los abusos cometidos contra los comunicadores en Cuba. La liberación condicional de Cuza evidencia que, en la isla, la independencia profesional sigue siendo castigada con la amenaza constante del encarcelamiento.
