El régimen de La Habana se ha convertido nuevamente en refugio para fugitivos de la justicia internacional. Martiño Ramos, un profesor gallego condenado a 13 años de prisión por abusos continuados contra una menor en España, ha sido localizado viviendo libremente en la capital cubana bajo el nombre falso de \»Martín Soto\», evidenciando la falta de control institucional y la impunidad que caracteriza a la isla.
Según informó el diario español El Español, el pedófilo de 46 años, originario de Ourense, eludió la justicia española aprovechando una libertad condicional otorgada mientras su sentencia se hacía firme. Desde hace meses, el prófugo reside en el barrio de El Vedado, donde ha adoptado una apariencia renovada y se dedica a la fotografía, participando en talleres y exposiciones colectivas sin que las autoridades de la isla hayan intervenido para cumplir con los requerimientos de la justicia extranjera.
Los crímenes por los que Ramos fue condenado en julio de 2024 son de extrema gravedad. Durante su etapa como profesor de música, contactó a su víctima a través de redes sociales bajo un perfil anónimo para solicitarle material explícito. Al descubrir la menor que se trataba de su propio maestro, las agresiones escalaron hasta incluir violaciones y una paliza que la dejó abandonada en un monte. Los abusos se prolongaron desde que la niña tenía 12 hasta los 16 años, motivando una pena de 13 años de cárcel, inhabilitación profesional por dos décadas, una orden de alejamiento de 20 años y el pago de una indemnización.
Impunidad y falta de Estado de Derecho en Cuba
El hecho de que un criminal sexual convicto pueda establecerse en Cuba, cambiar de identidad y trabajar en el sector cultural sin mayor escrutinio revela una vez más las profundas deficiencias del aparato estatal. La dictadura cubana, carente de mecanismos transparentes de cooperación judicial internacional y atravesada por un creciente aislamiento diplomático, ofrece un blindaje tácito a delincuentes extranjeros que escapan de sus países de origen. Esta ausencia de estado de derecho no solo afecta la seguridad jurídica, sino que expone directamente a la ciudadanía, que convive sin saberlo con perfiles peligrosos ante la pasividad del gobierno cubano.
La impunidad con la que el pederasta se mueve por las calles de La Habana contrasta de manera alarmante con la severa represión que el ejecutivo cubano ejerce sobre su propia población. Mientras el régimen destina sus recursos a vigilar, hostigar y encarcelar a activistas, opositores y periodistas, permite que individuos condenados por delitos atroces integren la vida cultural de la isla. Este caso plantea serias interrogantes sobre la eficacia de la cooperación policial entre Europa y Cuba, y exige una respuesta firme de la comunidad internacional para garantizar que la justicia alcance a los responsables, sin que la isla siga operando como un santuario para criminales fugitivos.
