El prisionero político Yosvany Rosell García Caso, condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra en estado crítico y esposado a una cama en un hospital de Holguín tras cumplir 39 días de huelga de hambre. La situación del joven de 37 años evidencia una vez más la severidad del aparato represivo contra quienes exigen sus derechos fundamentales en la isla.
Mailín Rodríguez Sánchez, esposa del activista, pudo visitarlo en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. Los médicos lo mantienen reportado en \»estado crítico sin pronóstico\». Presenta un severo deterioro físico, pérdida de peso notable, presión arterial muy baja y signos de fallo renal. Además de su delicada salud, las autoridades de la isla mantienen a García Caso bajo custodia permanente de oficiales de la Seguridad del Estado, encadenado por un pie y esposado a la cama, una medida que su familia califica de cruel e innecesaria.
El joven inició esta protesta extrema tras más de cuatro años de encarcelamiento, exigiendo su liberación inmediata o su traslado a una celda de aislamiento. A pesar de los ruegos de su esposa y su hija, el recluso se mantiene firme en su decisión. Rodríguez Sánchez responsabilizó directamente al régimen de La Habana por la vida de su esposo, recordando que su único delito fue manifestarse pacíficamente, un derecho amparado por la Constitución, y que se encuentra separado de sus tres hijos menores desde hace más de cuatro años.
Represión y criminalización de la protesta en Cuba
García Caso fue condenado a 15 años de prisión, una de las sentencias más severas impuestas a los más de 1.000 procesados a raíz del estallido social de 2021. Su caso no es aislado, sino que se inscribe en la política sistemática de la dictadura cubana de utilizar el sistema penal para silenciar la disidencia y amedrentar a la sociedad civil. El encadenamiento a una cama hospitalaria de un hombre en huelga de hambre subraya el nivel de sevicia con el que el Estado trata a los presos políticos, ignorando estándares mínimos de derechos humanos y protocolos de atención médica.
La vida de Yosvany Rosell García Caso se encuentra en una cuenta regresiva irreversible. La inacción del ejecutivo cubano y su negativa a liberar a los presos del 11J auguran un desenlace fatal que podría convertirse en un nuevo foco de presión para la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Mientras tanto, la familia del activista continúa denunciando la situación, en espera de que la presión nacional e internacional obligue a las autoridades a rectificar antes de que sea demasiado tarde.
