El gobierno italiano ha advertido a sus administraciones regionales sobre el riesgo de enfrentar sanciones estadounidenses si continúan contratando profesionales de la salud a través del régimen de La Habana. La alerta, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, subraya que las medidas de Washington no son aranceles, sino restricciones directas, incluida la prohibición de visas, contra quienes participen en el esquema de intermediación estatal cubano.
El programa de contratación de galenos cubanos, inicialmente presentado como una solución de emergencia para el déficit de personal sanitario en Italia, ha sido fuertemente cuestionado por su opacidad y por las denuncias de explotación laboral. La nota diplomática italiana detalla que, desde marzo de 2025, Estados Unidos aplica medidas restrictivas a funcionarios y sus familiares involucrados en estas contrataciones. Sin embargo, Washington ha establecido excepciones: las sanciones no procederán si los médicos son contratados de forma individual, bajo estándares internacionales, y si su remuneración es directa, sin la intermediación de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC).
La advertencia italiana pone el foco en un modelo de extracción salarial impulsado por la dictadura cubana. Investigaciones recientes han revelado que la CSMC retiene aproximadamente el 70 % del salario abonado por el Estado italiano. Mientras las autoridades regionales transfieren cerca de 4.700 euros mensuales por cada profesional, los médicos apenas reciben entre 1.100 y 1.200 euros. Este esquema, que en dos años ha generado más de 20 millones de euros de beneficio neto para la empresa estatal, incluye descuentos abusivos y un falso tributo del 43 %, sumado a un recorte adicional del 50 %, configurando una práctica expropiatoria que viola las normas fiscales italianas.
El caso de Calabria y el impacto político
Las sanciones de la Casa Blanca amenazan especialmente a regiones como Calabria, que recurrió a los médicos de la isla para mitigar el colapso de su sistema sanitario, pero donde posteriormente se destapó este sistema de explotación. El impacto de estas prácticas ha trascendido al Parlamento italiano y a las fuerzas policiales, particularmente tras la fuga de al menos siete galenos cubanos de la misión. La dictadura cubana impone un contrato paralelo al firmado con las autoridades sanitarias regionales, consolidando un mecanismo de control político y extracción económica sobre los profesionales, lo que analistas han calificado como una forma de trata laboral moderna.
El escrutinio de Estados Unidos y la creciente presión política en Europa auguran un futuro complejo para la exportación de servicios médicos, una de las principales fuentes de ingresos del régimen de La Habana. La exigencia de contratos individuales y pagos directos socava el modelo de intermediación estatal, obligando a las administraciones locales a elegir entre la legalidad internacional y la dependencia de una fuerza laboral sometida a condiciones vejatorias. La respuesta de las autoridades de la isla ante la eventual pérdida de este flujo de divisas podría traducirse en un endurecimiento de la represión interna y en una agudización de la crisis económica que ya azota a la ciudadanía.
