Representantes de la sociedad civil cubana aprovecharon los espacios paralelos de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Lima, para denunciar ante diplomáticos de la región la profundización de la crisis estructural y la represión en Cuba, exigiendo un mayor respaldo internacional a las demandas de apertura democrática ante la asfixia cívica impuesta por el régimen de La Habana.
La imposibilidad de articular demandas ciudadanas dentro de la isla ha obligado a activistas y defensores de derechos humanos a trasladar sus exigencias a foros hemisféricos. En esta edición de la Asamblea General de la OEA, figuras destacadas de la disidencia y la sociedad civil independiente han mantenido reuniones directas con cancilleres, vicecancilleres y funcionarios clave en la toma de decisiones de distintos países del continente. El objetivo es claro: visibilizar la emergencia humanitaria y política que sufre el país y solicitar una postura firme de la comunidad internacional que no se quede en declaraciones retóricas.
Roberlan Fariña, activista de derechos humanos, miembro de la iniciativa Cuba Decide y creador de contenidos, fue uno de los protagonistas de esta incidencia diplomática. En sus declaraciones, Fariña subrayó que la estrategia consiste en trasladar de primera mano las preocupaciones de los cubanos que permanecen en el territorio nacional, quienes enfrentan un escenario de creciente hostigamiento y censura. La coordinación con representantes de la sociedad civil de Nicaragua y Venezuela ha sido fundamental para articular un frente común que evidencie el deterioro democrático en las tres naciones, todas bajo gobiernos autoritarios con fuertes vínculos ideológicos y de cooperación represiva.
«Estamos pidiendo que tomen postura, sobre todo en este momento histórico, una posición fuerte del lado del pueblo cubano», enfatizó el activista, quien reconoció la complejidad de incidir desde el exterior, pero reiteró la necesidad de buscar vías alternativas. La dictadura cubana ha eliminado sistemáticamente cualquier espacio para la sociedad civil independiente, forzando a los activistas a salir del país para poder ejercer su labor de denuncia sin enfrentar el inminente riesgo de encarcelamiento arbitrario, hostigamiento familiar o condenas sumarias bajo el amparo de un sistema judicial subordinado al poder político.
Por su parte, Daily Coro, integrante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, enfocó su intervención en la dimensión humanitaria de la crisis. Coro destacó que la situación en la isla ha alcanzado niveles de complejidad insostenibles, lo que exige que la sociedad civil asuma un papel protagónico en la búsqueda de soluciones. Durante los diálogos con embajadores y representantes gubernamentales, los temas que han generado mayor sensibilización han sido la precariedad humanitaria extrema y la existencia de cientos de presos políticos que permanecen en cárceles de máxima seguridad tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021.
La activista insistió en que la voz principal debe ser la del pueblo oprimido dentro de la isla. «Son ellos los que tienen que hablar hoy y los que tienen que ser escuchados por las organizaciones internacionales», resaltó Coro, quien mantuvo la esperanza de una transición, aunque condicionada a reformas reales. «Mientras no exista libertad plena y una apertura pacífica, económica y en todos los sentidos, no va a existir cambio. De eso somos conscientes», aseveró, evidenciando cómo el control absoluto del ejecutivo cubano sobre la economía y la política bloquea cualquier vía de mejora material o civil para la población.
Pronunciamiento de la OEA y antecedentes de aislamiento institucional
Las gestiones de los activistas en Lima coincidieron con un pronunciamiento emitido por la Secretaría General de la OEA, que exigió la restauración de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El organismo hemisférico reclamó el respeto irrestricto a los derechos humanos y la liberación incondicional de todos los presos políticos. En su declaración, la OEA recordó que estas naciones forman parte de la comunidad interamericana y defendió la urgencia de instaurar sistemas políticos que permitan a los ciudadanos «expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública», un principio sistemáticamente violado por la dictadura cubana desde hace más de seis décadas.
Históricamente, el gobierno cubano ha mantenido una política de confrontación con los mecanismos interamericanos de derechos humanos, rechazando la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aislando al país de las instancias multilaterales de rendición de cuentas. Esta ausencia de mecanismos de control democrático ha permitido a las autoridades de la isla operar con total impunidad en el ámbito interno, criminalizando la disidencia, implementando leyes de comunicación que silencian cualquier voz crítica en el ciberespacio y utilizando el aparato policial para reprimir cualquier intento de manifestación pública.
El colapso sistémico que asfixia a la población cubana
La denuncia ante la OEA no ocurre en el vacío, sino en medio de la peor crisis estructural que ha enfrentado la isla en las últimas décadas. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad absoluta para gestionar la economía, sumiendo al país en una hiperinflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. La escasez crónica de alimentos y medicinas básicas se ha convertido en la cotidianidad, mientras el colapso del sistema electroenergético nacional provoca apagones prolongados que superan las 10 y 15 horas diarias en diversas provincias, afectando el almacenamiento de alimentos, el suministro de agua potable y la prestación de servicios de salud esenciales.
A esta crisis económica se suma un endurecimiento de la maquinaria represiva. La dictadura ha intensificado el hostigamiento a través de operativos de la Seguridad del Estado, detenciones arbitrarias, actos de repudio y confinamiento domiciliario contra líderes opositores y periodistas independientes. El miedo y la desesperanza han desencadenado un éxodo migratorio sin precedentes, con cientos de miles de cubanos abandonando el país a través de rutas irregulares hacia Estados Unidos y América Latina. Este flujo migratorio masivo es la consecuencia directa del fracaso del modelo impuesto por el ejecutivo cubano, que al no ofrecer oportunidades de desarrollo ni libertades elementales, expulsa a su fuerza laboral y a su juventud, perdiendo el capital humano necesario para cualquier eventual recuperación.
Implicaciones futuras y el rol de la comunidad internacional
La presencia de la sociedad civil cubana en la Asamblea General de la OEA marca un punto de inflexión en la estrategia de cabildeo internacional. Al llevar las denuncias directamente a los tomadores de decisiones, los activistas buscan superar la parálisis diplomática que ha caracterizado a ciertos sectores de la región frente a la situación cubana. El desafío para la comunidad interamericana será traducir las declaraciones de condena en políticas concretas que condicionen cualquier tipo de cooperación, préstamo o diálogo bilateral a mejoras verificables en materia de derechos humanos, la desincorporación de las leyes que criminalizan la protesta y la liberación de los presos políticos.
Para la ciudadanía atrapada en la isla, las gestiones en Lima representan un faro de esperanza en medio de la oscuridad institucional. Sin embargo, el panorama a corto plazo sigue siendo adverso. Mientras el régimen de La Habana mantenga el monopolio de la fuerza, el control absoluto sobre los recursos del Estado y la capacidad de reprimir a través de grupos paramilitares y organismos de seguridad, las posibilidades de una apertura democrática pacífica dependerán en gran medida de la presión externa coordinada y de la resiliencia de la resistencia interna. La OEA y sus Estados miembros tienen ante sí la responsabilidad histórica de no mirar hacia otro lado y de respaldar de manera decidida a los cubanos que, desde el exilio o enfrentando la represión dentro de la isla, arriesgan su vida por la libertad y la democracia.
